Damnificados acusan negligencia de autoridades y legisladores para resolver necesidad de vivienda

Ciudad de México.- Afectados por el sismo de septiembre pasado que se aglutinan en el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México, denunciaron que a pesar de las reuniones sostenidas con funcionarios y legisladores, persiste la negativa de autoridades a reconstruir viviendas con cargo a fondos públicos, sin transitar por la ruta de los créditos o la redensificación.

A través de un extenso comunicado de prensa, los damnificados hicieron un recuento de las mesas de trabajo que han sostenido con asambleistas e integrantes del gobierno de la Ciudad y de los resultados que ha habido a casi un mes de esos encuentros.

En la primera reunión, celebrada el 12 de enero en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se leyó ante los servidores públicos un pronunciamiento en el que se solicitaba contestar la  propuesta de que la reconstrucción, reparación, reforzamiento de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre sean financiadas por el Fondo de Reconstrucción, contemplado en el Decreto de Egresos 2018 para la capital del país.

También se insistió en la propuesta de sostener una reunión de trabajo con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Además, se estableció una ruta crítica para trabajar sobre medidas de atención a la emergencia, entrega y corrección de deficiencias en dictámenes y demás documentos; procesos de demolición; estudios geotécnicos en zonas semirurales, como Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa; así como evaluación de todas las tareas pendientes por la contingencia.

Estos temas se abordarían en diversas mesas, en las cuales se estableció el compromiso de que sean de carácter resolutivo y con los titulares de las dependencias involucradas.

En la minuta de esa reunión, aparece la firma del diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, así como de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina.

La segunda reunión se celebró el 15 de enero, con la presencia del legislador mencionado; así como de Ricardo Becerra Laguna, titular de la Comisión de Reconstrucción; José Ramón Amieva, titular de la Secretaría de Desarrollo Social; Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano; Edgar Tungüi, secretario de Obras y Servicios, así como Rosa Patricia Gómez, titular de la Procuraduría Social.

En esa mesa de trabajo, Damnificados Unidos de la Ciudad de México se comprometieron a entregar el registro independiente de inmuebles afectados, realizado por su organización, con objeto de que la Comisión de la Reconstrucción hiciera una compulsa de los datos y corrigiera las deficiencias de los contenidos en la Plataforma CDMX.

Asimismo, se realizó un debate sobre la Ley de Reconstrucción y el carácter del estudio socioeconómico contenido en dicho ordenamiento. 

"Como Damnificados Unidos refrendamos el rechazo a la aplicación de ese instrumento por considerarlo discriminatorio y condicionante para acceder a un esquema de financiamiento para la reconstrucción", expusieron los afectados.

Los funcionarios defendieron el estudio socioeconómico al asegurar que es incluyente, no discrimina y, aseguraron, no se utilizará de ninguna manera para limitar el acceso de los ciudadanos al Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México. 

A pesar de ello, hasta la fecha, se han negado a firmar la minuta en que expusieron esos argumentos, denunciaron los damnificados.

El día 17 de enero tuvo lugar la tercera reunión en la que se expusieron los avances en los estudios geotécnicos de zonas con presencia de grietas y fallas geológicas, como Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa. En ella, el diputado Leonel Luna, aseveró que la reconstrucción en esas demarcaciones será financiada con recursos públicos; sin embargo, tampoco firmó la minuta.

Se comprometió también una reunión con personal de la Secretaría de Finanzas para analizar los mecanismos de aplicación de fondos locales y federales destinados a la reconstrucción, la cual no se ha realizado.

Durante la reunión del 18 de enero, realizada también en la ALDF, Damnificados Unidos entregó el registro independiente de inmuebles dañados al titular de la Comisión de Reconstrucción, en cumplimiento a los acuerdos ya descritos y para el cotejo de sus datos, así como la correspondiente adecuación en la Plataforma CDMX.

En la mesa del 25 de enero asistieron Ricardo Becerra, titular de la Comisión de la Reconstrucción y Renato Berrón, titular del Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, en la que Damnificados Unidos expusieron un documento titulado “Edificios con y sin dictámenes, demoliciones”, el cual denuncia diversas anomalías en la documentación presentada desde el inicio de la contingencia.

Los funcionarios aclararon que las cédulas postsísmicas, dictámenes y constancias de seguridad estructural serán cubiertos con recursos públicos; en el caso de que los vecinos hayan pagado con sus propios medios estos documentos, el costo les será reembolsado por el Gobierno de la Ciudad de México.

De esta reunión también se generó otra mesa con Renato Berrón, titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, en la que se cotejaron las inconsistencias denunciadas por Damnificados Unidos, mediante el registro independiente, con los datos de dicha instancia, logrando el compromiso de subsanar las deficiencias en la documentación para abonar a la certeza jurídica de las y los afectados.

Se acordó también una nueva reunión, pactada para el primero de febrero en la ALDF, a la cual asistirían los titulares de las dependencias mencionadas, así como el diputado Leonel Luna.

Al no contar con una respuesta sobre su principal demanda, la del acceso sin condiciones al Fondo de Reconstrucción, convocaron a vecinas y vecinos de los predios afectados a una movilización frente a la Asamblea Legislativa -a la hora de dicha mesa-.

Ninguno de los funcionarios citados cumplió con la reunión pactada, por lo que los damnificados realizaron una marcha a las oficinas del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México -en el Zócalo Capitalino- para exigir una mesa resolutiva a las exigencias que han planteado desde hace más de cuatro meses.

La respuesta a la movilización fue una nueva reunión -el viernes 2 de febrero- con el Comisionado de la Reconstrucción, Ricardo Becerra, en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. En ella, respondió a las demandas que los afectados plantearon en un documento denominado "Edificios con y sin dictámenes, demoliciones".

El funcionario firmó todas y cada una de las minutas que había pendientes y se comprometió a gestionar las firmas de los servidores públicos que hasta el momento no se habían suscrito. Además, Becerra dijo que buscaría mecanismos para que el Jefe de Gobierno sostenga una reunión con Damnificados Unidos de la Ciudad de México.

Se logró también otra mesa de trabajo -con presencia de titulares de las respectivas dependencias- dividida en dos vertientes: la primera, sobre procesos de demolición; y la segunda, sobre el acceso al Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México para edificios y viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre.

"Damnificados Unidos de la Ciudad de México esperamos que este proceso, llevado a cabo en las mesas de trabajo ya descritas, no obedezca a un mecanismo de administración de conflictos y sí contribuya a la resolución de nuestras demandas", dijeron.

Relataron que en su Quinto Encuentro, realizado el pasado 3 de febrero, procesaron mediante tres mesas de trabajo todos los avances y pendientes que han dejado las reuniones referidas. Además, se reforzó la postura en rechazo al estudio socioeconómico y su demanda de lograr una reconstrucción financiada con cargo a recursos públicos.

"Estamos preparados para el diálogo, somos interlocutores válidos para participar en todas y cada una de las decisiones que tengan que ver con el destino de nuestros hogares. Pedimos al Jefe de Gobierno y a los funcionarios involucrados en las labores de reconstrucción que no subestimen ni intenten vulnerar nuestro proceso organizativo.

"Buscamos sentar un precedente histórico para que nunca más en este país, el gobierno traslade la responsabilidad de una catástrofe a los directamente afectados.Estamos en lucha contra el olvido", concluyeron.

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