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Sustentabilidad

Cuestionan vecinos papel de PAOT y CDHDF ante depredación inmobiliaria. No hay acceso a la justicia, acusan

Ciudad de México.- Integrantes de organizaciones vecinales y de pueblos originaros en esta Ciudad lamentaron que en materia de desarrollo urbano no existe acceso a la justicia para los ciudadanos. Cuestionaron el papel que, en defensa de los habitantes, realizan organismos como la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

Las críticas no tuvieron mejor escenario que las propias instalaciones de la CDHDF y frente a personalidades como el titular de la PAOT, Miguel Ángel Cancino, durante el foro internacional “Crecimiento urbano y derechos humanos: desafíos para la política urbana en la Ciudad de México”.

Frente a las críticas y señalamientos, Miguel Ángel Cancino lamentó que, en la conformación de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental, los diputados locales no le hubieran otorgado dientes a esa institución, como la posiblidad de aplicar medidas cautelares y la imposición de sanciones. Planteó que en un mediano plazo la PAOT pueda fungir como una defensoría pública que tenga mayor autonomía frente al Ejecutivo local, aunque ello requiere una reforma legal

Aceptó que la ley podría no modificarse en el corto plazo, pero dijo que en la Constitución de la Ciudad se logró un gran avance en materia de desarrollo y planeación urbana en beneficio de la ciudadanía.

En el salón “Digna Ochoa” de la CDHDF, Alejandro Velázquez Zúñiga, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, enumeró la serie de trabas a los que se enfrentan vecinos cuando en sus comunidades comienzan a levantarse desarrollos inmobiliarios que afectan su entorno y calidad de vida.

Dijo que, por ejemplo, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) niega información a los ciudadanos sobre la factibilidad de agua que se otorga a esos desarrollos, argumentando que la ubicación de pozos e infraestructura hidráulica es información de seguridad nacional. Otro argumento es que esa información es de carácter personal, a pesar de que la misma es pública por encontrarse en los registros de manifestación de construcción.

Otros obstáculos, detalló, tienen que ver los costos de la información y la defensa jurídica que puedan emprender los colonos, pues acudir a órganos jurisdiccionales implica gastos que los vecinos en algunos casos no pueden costear.

Agregó que, por lo regular, los ciudadanos afectados deben enfrentarse no sólo a los grandes bufetes de abogados que contratan los desarrolladores inmobiliarios, sino también a los abogados de las dependencias de gobierno que defienden sus resoluciones.

“Debería haber mayor compromiso de parte de la CDHDF y la PAOT, considerando las asimetrías que hay entre ciudadanos y desarrollos inmobiliarios, que no tienen para comptir contra los grupos de abogados.

La CDHDF está cerrando casos o se señala que no se tienen los elementos suficientes para concluirlos y hacer la recomendación, mientras que la PAOT no se están atendiendo gestiones que tienen que ver con usos de suelo, con revisiones que se tendrían que hacer más a fondo, porque en las investigaciones fallan. Se cierran casos y los vecinos quedan en la indefensión”, lamentó Alejandro Velázquez.

En su calidad de ponente durante el foro, y sentada en la misma mesa de debate con el titular de la PAOT, la directora general de la organización Suma Urbana, Josefina McGregor Anciola, acusó tajante que no exista el acceso a la justicia y por lo ende tampoco el estado de derecho.

Hizo un recuento de las acciones emprendidas por agrupaciones vecinales desde por lo menos el 2012 que, lamentablemente, la autoridad ha atendido escasamente.

Dijo de entrada que cada vez que hay demanda de justicia por parte de los vecinos, la autoridad cambia la ley para que con la legislación reformada no tengan un acto que reclamar.

Recordó que en 2015, le presentaron al entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, 15 mil firmas de habitantes de 700 colonias haciendo propuestas en materia de desarrollo urbano y no pasó nada.

Uno de los pocos logros, expuso, fue la derogación de la Norma 26 que permitía la construcción de vivienda para sectores populares, pero que fue utilizada indebidamente por los desarrolladores inmobiliarios para construir violando la ley. Suma Urbana detectó que bajo el amparo de esa norma se edificaban más de 50 mil departamentos de forma irregular en toda la ciudad.

Acusó que la Secretaría de Desarrollo Urbano no persiguió ni sancionó esta ilegalidad, pero también acusó que la CDHDF no intervino en defensa de los derechos humanos de los vecinos afectados por el surgimiento desorbitados de construcciones por toda la ciudad y por las asociadas violaciones de uso de suelo.

“Presentamos en su momento más de mil 200 casos y hasta con coordenadas geográficas por si no encontraban la dirección, explicaba qué leyes se violaban, cómo no se había respondido, y la autoridad nos contestó en octubre de 2014 que el tema los rebasaba y cerró el expediente la Comisión de Derechos Humanos”, recordó.

McGregor denunció que a pesar de este escenario, en noviembre de 2016 el jefe de Gobierno emitió una serie de disposiciones al Reglamento de Construcción que suspendió la obligación hacia constructoras para contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que cuente con un programa interno de protección civil y que tenga un sistema de captación de agua pluvial.

Pero no conforme con eso, dijo que en abril de 2017, el mandatario emitió otra disposición por la que exime y condona a las constructoras de vivienda de pagar derechos de agua y de todos aquellos servicios hidráulicos, así como de pagar el aprovechamiento por impacto vial, además de multas y recargos.

Casi al término de esta mesa de análisis, subió al presídium de manera improvisada un vecino, quien acusó el surgimiento de un nuevo centro comercial que generará un severo impacto en materia de servicios y calidad de vida en la zona de Acoxpa y Villa Coapa.

El vecino, Carlos Valdez Osorio, dijo que desde hace y medio se edifica lo que se denominará Gran Terraza Coapa.

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