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Política

Crean Observatorio por los Derechos Sociales para prevenir uso de programas sociales con fines electorales

Ciudad de México.-El pasado lunes 21 de enero se constituyó el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia en la Ciudad de México. Será un organismo encargado de monitorear, investigar y prevenir el posible uso indebido, proselitista o clientelar de los programas sociales en la capital del país; sus recomendaciones serán vinculatorias y por ende de acatamiento obligatorio para dependencias del gobierno central y las 16 alcaldías.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció esta mañana la conformación de dicho Observatorio que estará adscrito orgánicamente al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad (Evalúa); en él participarán representantes de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales.

El mecanismo de operación del Observatorio contempla que, a partir del resultado de su monitoreo donde se detecte el uso de un programa social para la compra de votos o con fines electorales, el Evalúa genera una recomendación hacia la dependencia o la alcaldía correspondiente. Si se considera que no se cumple con los lineamientos establecidos, no se publicarán las reglas de operación de ese programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad.

Los integrantes del Observatorio son el director de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en México, Hugo Beteta; el director ejecutivo de OXFAM México, Ricardo Fuentes-Nieva; el director general de México Social y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Luis Fuentes.

También participan el investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Willibald Sonnleitner; los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo, y Lourdes Morales; y el profesor de la (Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, Juan Reyes del Campillo.

Durante la presentación del nuevo organismo y en conferencia, la titular de Evalúa, Araceli Damián, expuso que en los últimos años se produjo un deterioro en el que se observaron prácticas de compra de voto, utilización indebida de recursos, de programas e instituciones de gobierno, y el resurgimiento de esquemas de intimidación y violencia política.

Ante ese escenario, el Observatorio establecerá mecanismos de investigación, análisis y monitoreo, destinados a la construcción de índices integrados de riesgo que permitan el diseño y la operación de los programas, a fin de prevenir y evitar la utilización ilegítima o arbitraria de los mismos.

Anunció que para reforzar esta tarea, el gobierno de la Ciudad propondrá una reforma a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad, en la cual se definirán la temporalidad y tipos de acciones institucionales.

“Se va a regular para que ninguna acción institucional de carácter social cultural se pueda echar andar 6 meses antes de que haya elecciones y las únicas que van a tener posibilidad de ejercerse dentro de esos 6 meses van a ser precisamente las que tengan que ver con una cuestión de urgencia”, detalló Damián.

Durante la conferencia, Lourdes Morales, investigadora del CIDE, dijo que los retos para el Observatorio son enormes y el principal, sin duda, es terminar con el sesgo clientelar que ha sellado la política social de México.

Expuso que, según datos del Coneval a 2018, existían seis mil 491 programas y acciones de desarrollo social en todo el país, con fuerte concentración en los estado y en los municipios.

En el caso de la Ciudad de México, detalló que, a pesar de que la administración anterior publicaba 77 por ciento de los programas sociales con reglas de operación y en 75 por ciento de los casos reportaban el presupuesto otorgado, existía un porcentaje que operaba en la opacidad.

“La claridad de las reglas de operación, la publicidad de la información y la existencia de un padrón único de derechohabientes, es un compromiso aún no cumplido en la alianza por el gobierno abierto”, dijo la investigadora del CIDE.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que en su administración se tomó la decisión de desaparecer todos los programas sociales que tenían que ver con la repartición de despensas.

Dio a conocer que se realiza un censo de todos los programas sociales de su gobierno –son 44-, a fin de verificar cuántos beneficiarios hay, si corresponden los datos de esos beneficiarios a las reglas de operación y evitar duplicidades.

“No se trata de quitar derechos pero sí generar una distribución adecuada de estos recursos que finalmente son públicos; y replantear estos programas pendientes”, dijo.



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