Considera Diego Valadés inviable eliminar el financiamiento público a partidos políticos

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Ciudad de México.- Para el doctor Diego Valadés, resulta inviable la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, incluso para destinarlo a afectados por los sismos de septiembre. Dijo que cancelar esa fuente de ingreso vulneraría la Constitución federal, al afectar las condiciones de equidad en el proceso electoral y el principio de no discriminación, pues se crearían partidos políticos de élite y plutocráticos.

Consideró que eliminar el financiamiento público generaría argumentos para exigir la nulidad de los comicios entre quienes no fueran en su momento favorecidos por el resultado de la elección.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ofreció hoy una conferencia magistral en el marco del “Foro financiamiento público o: ¿es posible hacer política democrática sin dinero?”, en donde planteó un escenario donde sólo un grupo reducido de la población mexicana tendría posibilidades económicas reales de aportar dinero a los partidos políticos, lo que convertiría a esta en una actividad excluyente y por lo tanto discriminatoria. Estimó que, cuando los promoventes de esa idea se den cuenta que es un error, rectificarán.

Durante su conferencia, el también ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que en nuestro país es evidente que un número importante de población percibe ingresos que se encuentran por debajo del nivel mínimo de bienestar, por lo que no tendrían capacidad económica para pagar cuotas a partidos políticos.

Recordó que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sólo 22 por ciento de los mexicanos no son pobres ni vulnerables.

“Eso significa que las cuotas y las aportaciones a los partidos procederían de un 22 por ciento de la población, que un 50% de la población estaría imposibilitada de hacer aportaciones porque sus condiciones económicas sencillamente no se lo permiten y que de este último segmento, un 72% que es población indígena no tendría opción de hacerse representar en un partido político”, argumentó.

Agregó que esa diferenciación tendría también un impacto regional, pues en la participación política a través de los partidos tendrían oportunidad de mayor injerencia habitantes de aquellos estados donde menos de 30 por ciento de su población es pobre, como Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo.

Sim embargo, habitantes de estados con altos niveles de pobreza y marginación quedarían excluidos de ese derecho político, como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde más de 50 por ciento de su población es pobre.

“Lo que vemos con la propuesta de recursos públicos cero a los partidos impactaría no sólo en la disposición constitucional relacionada con la administración de recursos, sino con la naturaleza de los partidos, que dejarían de ser de interés público y que afectaría las condiciones de equidad y no discriminación previstas en el artículo primero de la Constitución por la vía de los hechos”, dijo el doctor Valadés.

Durante la conferencia magistral y en la sesión de preguntas y respuestas, se le preguntó al también ex Procurador General de la República (PGR) su opinión respecto a la propuesta de varios senadores del PAN de suspender hasta diciembre de 2018 y a través de un decreto de emergencia, la aplicación del artículo 51 de la Ley General de Partidos, a fin de destinar casi de inmediato casi mil millones de pesos al apoyo a damnificados por los sismos.

Recordó que con base en la Constitución federal en este momento ya no se pueden realizar reformas en materia electoral y, aunque la Carta Magna si podría modificarse en cualquier fecha, a través de cambios al artículo 41 relacionado con el financiamiento a los partidos, se tendrían que cambiar todo el cuerpo normativo para que los institutos políticos dejen de ser entidades de interés público.

Lo anterior, agregó, implicaría modificar también el artículo primero de la Constitución federal, para permitir la discriminación por razones políticas.

Se le preguntó si frente a ese escenario se genera el riesgo de que las elecciones en 2018 puedan declararse nulas.

“Puede verse afectada la equidad en el proceso electoral y entonces sí estaríamos en un problema serio, porque habría muchos argumentos que podrían abogar por la nulidad de la elección, sobre todo por parte de todos aquellos que no encontraran ahí la forma de ir a una segunda elección, si es que el resultado no los hubiera favorecido; de manera que modificar en los términos que se está planteando no sólo tiene la naturaleza de los recursos públicos para los partidos, no sólo tiene impacto en el ámbito constitucional y legal que ya mencioné, sino que puede tener también otro muy severo, generar una gran incertidumbre respecto al resultado de la elección”, consideró el investigador de la UNAM.

Ya entrevista con representantes de los medios de comunicación, el doctor Valadés dijo que está a favor del financiamiento público a partidos como hoy se tiene, pero sensiblemente inferior y de por lo menos hasta la mitad de lo que hoy se les asigna.

Rechazó la fórmula de asignación de financiamiento basada en el voto obtenido en elecciones, porque genera una fórmula antipartido. “Los ciudadanos que no le quieran dar dinero a los partidos no irían a votar y sacrificaríamos lo que es más importante, que es la participación de los electores en las campañas sin ningún condicionamiento”, dijo.

Así calificó de muy antidemocrática la fórmula planteada por el legislador local independiente en Jalisco, Pedro Kumamoto, pues convierte al voto en una aportación económica.

Dijo también que los partidos políticos estarían actuando en contra de la Constitución si en este momento han hecho erogaciones distintas a las que se les asignaron con fines electorales y agregó que por ello propuestas como suspender la aplicación del artículo 51 de la Ley de Partidos carecen de base constitucional.

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