Congreso modifica plazos de la Constitución CDMX para aplazar la creación de la Fiscalía General de Justicia

Ciudad de México.-Los diputados locales irrumpieron los plazos establecidos por la Constitución de la CDMX que instruían la creación de la Ley de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, que en diciembre pasado tenía que entrar en vigor.

El tiempo rebasó por mucho a los legisladores capitalinos para crear y aprobar el andamiaje jurídico en materia de justicia, relegando a su vez el tema de educación, planeación, organismso autónomos, y  la aprobación de modificaciones a la Ley de Derechos Humanos, el Consejo Judicial Ciudadano, la Fiscalía Electoral y la Fiscalía Anticorrupción.

Ante ello, esta tarde la Comisión de Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas después de mucho aplazar la reunión por diferencias entre las fracciones parlamentarias, aprobó de manera parcial el dictamen para ampliar los plazos señalados para la aprobación de los diferentes instrumentos jurídicos.

Se reformarán 8 artículos transitorios de la Constitución CDMX, dos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y uno de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Federación para posponer la separación del Tribual Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, la forma de nombramiento de los jueces y magistrados; y ampliar el nombramiento de funcionarios.

De acuerdo con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Nazario Norberto Sánchez, se lograron mover cinco de los 18 plazos: los temas del Poder Judicial se aplazan para el mes de septiembre; el del Tribunal se mueve para agosto; el Consejo de la Judicatura para octubre; la Fiscalía Electoral para septiembre y Anticorrupción después de septiembre.

Aunque el dictamen se aprobó en lo general para los cinco plazos, los diputados reservaron el artículo 17 respecto a la Fiscalía General de Justicia, que habla sobre los "cambios graduales", aspecto que los legisladores  de oposición, PRI y PRD, pidieron sea cambiado para evitar los aplazamientos continuos.

De esta manera se aprobaría, sustituyendo el plazo de 2018, para que su Ley entre en vigor el próximo 5 de diciembre de 2019 y se proyecte la nueva institución para 2020. 

Sin embargo, aún queda pendiente que se aprueben las fechas para la Ley orgánica del la Comisión de Derechos Humanos; su Ley Integral; la expedición de la Ley de Educación; la Legislación reglamentaria de los Pueblos y Barrios Originarios; la Ley de Planeación así como su instituto.

También quedan en el limbo las fechas para decretar la entrada en vigor de al menos tres programas de la administración pública local referente a las alcaldías, ordenamiento territorial y la expedición de leyes para los organismos autónomos.

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