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Concluye SCJN discusión sobre legalidad de las elecciones en la CDMX

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la disposición del Código Electoral que facultaba a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a para nombrar al Contralor Interno del Tribunal Electoral capitalino.

Esto al considerar que dicha circunstancia es una invasión a las facultades del Tribunal, así como una afectación a su autonomía e independencia como lo mandata la constitución en los órganos desconcentrados

En sesión privada, por motivos de seguridad en las estaciones del Pleno, los 11 magistrados votaron por invalidar la atribución de la Asamblea para nombrar al titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral local, por invadir facultades del Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, se invalidaron las disposiciones del Código Penal local que establecían delitos electorales y sus sanciones, al revocar la competencia del Congreso de la Unión, sin embrago, será hasta el lunes próximo cuando se establezcan cuáles son los alcances de dicha determinación así como las conductas que se catalogaron como delitos electorales pero que son facultades de la federación clasificarlos.

Por extensión se invalidaron el resto de los artículos del Código Penal local que establecen delitos y sanciones en materia electoral. Asimismo, se estableció que el legislador local, previa consulta a los pueblos y comunidades indígenas, deberá legislar, antes de que inicie el próximo proceso electoral (2020) para garantizar el acceso de éstos a cargos de elección popular.

Como parte de las acciones de inconstitucionalidad en contra de en materia electoral, sobre todos de aquellas entidades que tienen comicios en puerta como los es la Ciudad de México, la SCJN resolvió dar certeza a las elecciones capitalinas que se realizará en los próximos días, de ahí la urgencia de resolverlo.

El 13 de julio cuando la SCJN admitió a trámite las 10 acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos diputados de la Asamblea así como los partidos Encuentro Social, del Trabajo, Verde Ecologista, Nueva Alianza, Morena y la PGR, en contra del decreto para la creación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley Procesal Electoral y que reformó la de Participación Ciudadana y el Código Penal locales.

La PGR impugnó 40 fracciones de 10 artículos del Código Penal por la tipificación de diversos delitos contra la democracia electoral; Morena combatió 29 artículos mientras que una minoría calificó de ilegales las reglas de elección e integración de las alcaldías en que se dividirá la capital del país.

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