Ciudad de México.-La Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y fuerzas federales, puso en marcha un operativo para desmantelar 24 centros ilegales de almacenamiento y transformación de madera, así como para combatir la tala clandestina en los bosques de la alcaldía de Tlalpan.
Con un estado de fuerza de 70 militares, 140 de fuerzas federales, 360 de la Gendarmería, 70 de la Policía Federal, 550 de la Policía local, 48 de la Fiscalía General de la República, 24 de la Procuraduría local y hasta un helicóptero Black Hawk, se puso en marcha esta acción desde las 5:00 horas de hoy.
Se actuará en los poblados de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, así como en Lomas de Tepemécatl.
Al dar a conocer el operativo, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que esta acción de vigilancia no se limitará a Tlalpan, pues se extenderá a otras alcaldías y poblados con zonas boscosas, como Topilejo y las comunidades agrarias de Milpa Alta, pues se trata de los territorios con las áreas de valor ambiental más extensas.
Dijo que en algunos casos son los mismos comuneros quienes realizan la tala clandestina, sin embargo, ha habido un incremento de la tala por parte de grupos provenientes del Estado de México y de Morelos, aunque dijo no tener información de que se trate de grupos del crimen organizado.
Recordó que su administración ha destinado mil millones de pesos en este año para impulsar actividades productivas y cuidados de los bosques en áreas de valor ambiental.
Sin precisar cuánto de ese dinero se etiquetó para tal propósito, dijo que una parte del recurso se usará para crear brigadas forestales conformadas por integrantes de los mismos ejidos y comuneros, quienes recibirán un apoyo económico para el cuidado de los bosques, combatir los incendios forestales, detectar la tala clandestina y llevar a cabo la reforestación.
Como ya es recurrente, la mandataria hizo una crítica a la pasada administración sobre el problema de la tala clandestina, pues acusó que se dejó de lado el suelo de conservación, disminuyeron los apoyos a ejidatarios y comuneros; se actuó por omisión ante la tala clandestina y el abandono fue no solo de las autoridades locales, sino también federales
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