Con claroscuros en su contenido, aprueba la ALDF el Sistema Anticorrupción de la CDMX

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Ciudad de México.- A un día de que se cumpliera el plazo legal y en casi 12 horas de discusión, el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó hoy el dictamen de 11 leyes que conformarán el Sistema Anticorrupción de la CDMX, entre acusaciones de la oposición, particularmente de Morena, en el sentido de que se crea un mecanismo a modo de la actual administración capitalina.

La normatividad surge con claroscuros, pues por una parte se crean figuras como un mecanismo que garantiza la protección de denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción, en apego a la Constitución de la Ciudad; pero al mismo tiempo se monopoliza entre el Jefe de Gobierno y el órgano legislativo la designación de los cargos más importantes, como el Fiscal especializado, el secretario de la Contraloría General, el Secretario Técnico del Sistema, así como los magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa.  

Un intenso debate surgió cuando el diputado de Morena, Alfonso Suárez del Real, subió a tribuna a presentar una reserva a diversos artículos de la Ley del Sistema Anticorrupción respaldado por legisladores del PRD, PRI y PVEM, a fin de establece que la figura del futuro fiscal anticorrupción será transitoria y durará no más de dos años, mientras entran en vigor los mecanismos establecidos en la Constitución de la Ciudad.

Suárez del Real dijo que darle una corta temporalidad al primer Fiscal evitará futuras confusiones. Recordó que en el artículo 37, así como en el undécimo transitorio de la Constitución capitalina, se establece que el futuro Consejo Judicial Ciudadana tendrá la atribución de proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados en materia electoral y de combate a la corrupción, además de que ese Consejo quedará constituido a más tardar el 31 de diciembre de 2018. Así, expuso que el  Fiscal  Anticorrupción que se pretende designar en los siguientes meses no debe durar siete años en el cargo.

En contra de la propuesta subió a tribuna el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, quien dijo que es la misma Constitución, en su artículo décimo tercero transitorio, donde se establecen las atribuciones de la ALDF para aprobar la normatividad con relación a la Fiscalía Anticorrupción, así como para realizar las designaciones o ratificaciones necesarias para implementar el Sistema.

“Las y los titulares de los organismos que integran el Sistema Anticorrupción, así como las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, nombrados o ratificados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hasta antes del 17 de septiembre de 2018, permanecerán en su cargo hasta la conclusión del periodo para el cual hayan sido designados” leyó en tribuna Romero al asegurar que la ADLF puede designar un Fiscal por siete años, con opción a ser ratificado por un periodo igual.

Cynthia López Castro, legisladora del PRI y ex diputada constituyente, acusó que al construir la Constitución de la Ciudad de México la Asamblea Constituyente nunca planteó que el Fiscal anticorrupción debía durar en su cargo 7 años. Calificó como un abuso y una mala interpretación del espíritu del Constituyente pretender esa designación, pues se dejan sin atribuciones al futuro Congreso local en ese rubro y se hace nugatoria la facultad de que el Consejo Judicial Ciudadano emita la terna de candidatos que le confiere la Constitución de la Ciudad.

Acusó la prevalencia de caprichos e incongruencias al intentar poner un Fiscal a modo hasta por lo menos el año 2024 y pidió a los legisladores no amarrarle las manos a los próximos dos congresos locales.

En este argumento la secundó la legisladora de Morena, Aleida Alavez, quien agregó que si de interpretar la Constitución de la Ciudad se trata, debe cumplirse el artículo trigésimo transitorio de la misma, la cual establece que las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables a la Ciudad que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en ésta.  Al concluirse el debate, la reserva se desechó, con 28 votos en contra y sólo 18 a favor.

Mecanismo de defensa

Lo que sí encontró consenso entre los distintos partidos, fue una propuesta de la diputada del PRD, Vania Avila, quien propuso una adición al artículo 9 de la Ley del Sistema Anticorrupción, por la cual se crea un mecanismo para proteger a quienes denuncien actos de corrupción.

La legisladora homologó el contenido de esa adición con el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de México, en el cual se establece que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad garantizará la protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de corrupción, pues en el dictamen que se presentó para su aprobación en el Pleno no existía ningún  planteamiento en ese sentido.

Se aprobó también una propuesta del diputado del PRD, Mauricio Toledo, por la que se incrementan los requisitos para quienes aspiren a ocupar el cargo de Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción. Al usar la tribuna, el diputado perredista lamentó la actitud de quienes sistemáticamente se oponen a todo, pero que no acuden a legislar, e hizo hincapié en la ausencia del coordinador de Morena, César Cravioto, quien a mitad de la sesión se retiró de la misma y ya no regresó.

Respecto a la reserva de Toledo, destaca que para llegar al puesto de Secretario Técnico del Sistema, el interesado deberá tener experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; tener más de treinta años de edad, al día de la designación; poseer al de día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones.

Además, el secretario técnico deberá gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; presentar de manera previa al nombramiento sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y no ser Secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna Entidad Federativa o de la Ciudad de México, Subsecretario u Oficial Mayor de la Administración Pública Federal o de alguna Entidad Federativa, ni Gobernador, ni Consejero de la Judicatura Federal o de alguna Entidad Federativa, ni titular de dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados, entidades paraestatales, organismos autónomos o diputado de la Ciudad de México, a menos que se haya separado del cargo un año antes de su designación.

La ALDF también aprobó una adición al artículo tercero transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción, a propuesta del diputado del PRI, Gerardo Quijano, por la que se amplía de 30 a 60 días el proceso para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. También habrá un plazo de dos meses, a partir de la promulgación del decreto, para la designación del Fiscal anticorrupción.

Cargo con dedicatoria

El nuevo marco jurídico abre la posibilidad de que el actual contralor, Eduardo Rovelo, sea secretario de la Contraloría General por 7 años, prorrogables por un periodo igual, y le deja al órgano legislativo la facultad para ratificar ese y otros nombramientos, como el del Fiscal anticorrupción, a propuesta del Jefe de Gobierno, acusó la diputada de Morena, Aleida Alavez.

Y es que en el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad se establece que en el nombramiento y ratificación del secretario de la Contraloría, el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa podrán considerar al Titular de la Contraloría General que se encuentre en funciones a la entrada en vigor de éste Decreto.

Además, en ese transitorio se establece que en un plazo máximo de diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Jefe de Gobierno deberá nombrar y someter a ratificación de la ALDF al Titular de la Secretaría de la Contraloría General y a partir de la ratificación iniciará el periodo de siete años en el cargo a que se refiere el presente Decreto. El nombramiento o en su caso, ratificación deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tribunal obeso

Los diputados del PRI, PRD, PAN y de partidos minoritarios, respaldaron las 11 leyes que integran ese andamiaje normativo y dentro de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad destaca la conformación de cinco salas jurisdiccionales dentro de esa institución, mismas que resolverán sobre juicios derivados de actos de autoridad emitidos por la administración pública capitalina. Cada una de las cinco salas contará con tres magistrados y superan la burocracia establecida en la legislación federal, donde sólo hay contempladas tres salas.

En la conformación de este dictamen, la diputada de Morena, Beatriz Rojas, presentó una iniciativa para reducir el número de las salas jurisdiccionales de cinco a una y adelgazar la burocracia en torno al Tribunal de Justicia Administrativa, lo que sorpresivamente recibió el respaldo del diputado del PRD,  Mauricio Toledo, quien habló de la necesidad de impulsar principios de austeridad, aunque después, a la hora de votar, lo hizo en contra.

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