Con ADN militar



Ciudad de México.- La violencia contra candidatos y candidatas entró a balazos y periodicazos en la agenda nacional. ¿Por qué ahora?, ¿por qué así?



Las agresiones lanzadas contra el proceso electoral tienen como factor común el intento criminal por controlar cabildos y ocupar posiciones. Han tenido un buen año: tomaron por sorpresa a gobiernos, partidos y analistas; además, las bandas criminales han perdido todo respeto y temor a unas autoridades que mecen la cuna de la impunidad. ¿Cómo llegamos a esta situación? Ofrezco una hipótesis: las bandas se apropiaron de algunos elementos de la lógica y el ADN militar.



Un aspecto clave de la mentalidad militar universal es la importancia concedida al control del territorio (para Napoleón, la “guerra es un asunto de posiciones”) del cual son, o al menos se consideran, responsables. Cada jefe de destacamento o región determina si se protege o se abusa de quienes están dentro de la población. Esta particularidad de nuestras fuerzas militares es bien relevante.



El parteaguas fue la Operación Intercepción en 1969. En septiembre de aquel año Richard Nixon ordenó el cierre de la frontera con México. El chantaje buscaba obligar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz a modificar la estrategia contra la producción y el tráfico de drogas, y exigía mayor presencia del ejército. Se salió con la suya, pues desde entonces ha ido creciendo la presencia castrense en la vida mexicana. Ha habido de todo.



Entre las consecuencias negativas no buscadas estarían los Zetas. A finales del siglo XX y principios del XXI, una veintena de integrantes de fuerzas especiales entrenados por Estados Unidos, Israel y Francia desertaron para ponerse al servicio del Cartel del Golfo. Con el tiempo se independizaron y crearon la organización de los Zetas basada en tres pilares: brutalidad extrema; acceso ilimitado a armamento y equipo militar de punta; y control de enclaves al interior del Estado.



Entre sus objetivos estratégicos estuvieron las cárceles y los cabildos. Las prisiones (pagadas por el Estado, pero manejadas por los Zetas) se convirtieron en cuarteles multiuso, y las presidencias municipales en puestos de control del territorio seleccionado para el saqueo. La expresión de “esta plaza tiene dueño, cabrones” era la constatación de un hecho y de un reto.



La violencia y el poderío de los Zetas llegó a extremos inaceptables. El gobierno de Felipe Calderón concertó una alianza con estados y municipios para lanzarse contra ellos. En 2010 empezó una ofensiva implementada exitosamente desde los Centros de Fusión de Inteligencia y Operatividad. En las entidades donde se lograron éxitos más sustentables participaron actores de la sociedad.



Para 2015, los Zetas ya estaban descabezados y fragmentados. El error garrafal estuvo en que el gobierno federal no tenía (ni tiene) una estrategia para enfrentar a los centenares de bandas nacidas de la atomización de los grandes carteles que, además, han diversificado sus actividades empresariales. Además del narcotráfico, los criminales ahora tienen presencia en el huachicoleo, la extorsión de migrantes, los secuestros y el cobro por derecho de piso, entre muchas otras ramas.



En resumen, las violencias contra candidatos y candidatas en el proceso electoral iniciado el 7 de septiembre de 2020 son consecuencia de la competencia feroz entre estos grupos criminales que están decididos a controlar a cualquier costo los gobiernos municipales que necesitan para diversificar sus fuentes de ingreso. Si no los paramos pronto vendrá el asalto de los gobiernos estatales, del Congreso federal y de un aciago etcétera.



La hipótesis presentada tiene repercusiones de diverso tipo. La principal es que no basta con una estrategia general, se requieren diagnósticos nacionales, estatales, municipales y, en algunos casos, regionales. Y una coordinación entre los tres niveles de gobierno que trascienda la lógica de los partidos y que considere la participación de la sociedad organizada. No deja de ser paradójico y ominoso que la amenaza sea tan grande porque los criminales incorporaron a su modus operandi algo de ADN militar.



@sergioaguayo



Colaboraron con opiniones el general retirado Jorge Carrillo Olea y los académicos Raúl Benítez Manaut y Guadalupe Correa-Cabrera. Búsqueda y sistematización de información: Anuar Israel Ortega Galindo y Sergio Huesca Villeda

  • Sergio Aguayo

    Sergio Aguayo

    Académico y analista. Nació en Jalisco y creció en Guadalajara. En 1971 llegó a la ciudad de México a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Realizó la Maestría (1971), doctorado y post-doctorado (1977-1984) en la Universidad Johns Hopkins. Desde 1977 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y tiene el Nivel III en el Sistema de Investigadores. Actualmente coordina el Seminario sobre Violencia y Paz en esa institución.

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