Ciudad de México.-Con 26 votos a favor y 19 en contra, el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó esta mañana el dictamen por el que se determina regresarle al Jefe de Gobierno la iniciativa del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), con 66 observaciones.
En el salón de sesiones, los legisladores prácticamente reeditaron la discusión y los argumentos que esgrimieron un día antes, cuando en reunión de comisiones unidas avalaron el dictamen.
Así los asambleístas, con excepción de Morena, plantearon la necesidad de que, en tanto se crean las instituciones y normas establecidas en la Constitución de la Ciudad, se genere un régimen urbano transitorio condicionado.
Margarita Martínez Fisher, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, subió a tribuna para presentar el dictamen y enfatizar que este documento no es la aprobación del PGDU ni una modificación del Programa actual.
Explicó que el dictamen incluye 24 antecedentes en los cuales se detalla cómo se llegó a este proceso y las 66 observaciones, como la del régimen transitorio.
La legisladora panista agregó que en los señalamientos al jefe de Gobierno se incluyen opiniones ciudadanas, como las de los representantes de pueblos y barrios de la Ciudad, quienes consideran que no fueron correctamente consultados sobre la iniciativa del PGDU, en apego a tratados internacionales suscritos por nuestro país.
“Le pedimos al gobierno de la Ciudad que fundamente y motive la forma en la que fueron consultados los pueblos y barrios, o en su caso pueda reponer o ampliar los procedimientos”, detalló Martínez Fisher.
Agregó que el Atlas de Riesgos de la Ciudad debe ser integrado al PGDU y rechazó que los programas parciales y delegacionales de desarrollo urbano pierdan vigencia.
Subrayó que el sismo del 19 de septiembre plantea el reto de concebir una ciudad cada vez más resiliente, capaz de enfrentar y prevenir los riesgos, por lo que la Ley de Reconstrucción y el Programa de Reconstrucción tienen que estar integrados en el PGDU.
Agregó que se quiere un desarrollo urbano, pero condicionado, atendiendo las necesidades de los ciudadanos y los riesgos geológicos y sísmicos.
La diputada del PAN recordó que el PGDU que hoy nos rige data del 2003, un documento al que calificó como la materialización jurídica del Bando 2 emitido por Andrés Manuel López Obrador, “la peor política urbana que se ha instrumentado en esta ciudad, que puso el desarrollo en las delegaciones centrales que encareció el suelo, que expulsó a los vecinos originarios y propició un desarrollo urbano exacerbado en el suelo de conservación”, dijo Martínez Fisher.
Inicia el último periodo de sesiones
En alrededor de hora y media, los asambleístas concretaron así la primera sesión ordinaria del último periodo ordinario de sesiones de esta séptima Legislatura, no sin que los legisladores de Morena se opusieran al contenido del dictamen.
El asambleísta de ese partido, David Cervantes Peredo, consideró que la iniciativa del PGDU debió ser rechazada en su totalidad, por contener vicios inconstitucionales y contravenir toda perspectiva de derechos humanos, favoreciendo el plan de negocios rechazado mayoritariamente por la sociedad.
Cervantes Peredo recordó que desde el 25 de septiembre de 2015, Morena propuso la “Iniciativa con Proyecto de Decreto para aplicar Medidas Preventivas en materia Urbano Ambiental”, con la finalidad de abrir discusión sobre el proyecto de ciudad con perspectiva de derechos humanos.
Sin embargo, agregó, la iniciativa fue remitida a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, sin que hasta el momento haya sido dictaminada y se haya abierto la discusión al interior de la Asamblea.
El morenista señaló que la iniciativa es inconstitucional por el hecho de no haber consultado a los pueblos y barrios, e insistió que el rechazo a la iniciativa del PGDU se debe también a que de acuerdo con el artículo transitorio décimo quinto de la Constitución local, corresponde al Congreso de la Ciudad emitir la legislación en materia de desarrollo urbano, la que a su vez deberá entrar en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019.
Ante la opinión de las demás bancadas por el rechazo de Morena al Programa de Desarrollo Urbano, el diputado José Alfonso Suárez del Real manifestó: “Si proponer soluciones como se propuso desde septiembre de 2015 para resolver el reto que representaba adecuar el programa, es ser obtusos, somos obtusos”.
Suárez del Real dijo que el compromiso de la ALDF debe ser con las organizaciones sociales, quienes exigen que se rechace la iniciativa del PGDU por ser cumplir con una adecuada consulta a los pueblos y barrios originarios.
Expuso que hasta la fecha no existe la documentación oficial que acredite la realización de una consulta previa e informada a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad de México, la cual está mandatada en los artículos 1, 2, Apartado B, Fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 y 7 del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; así como en los Artículos 25, Apartado A, numeral 6, y 59, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Suárez del Real llamó a los diputados del PRD, PAN, PRI y Verde Ecologista a no manejar un doble discurso, pues si en verdad defendieran a los habitantes de la ciudad, no hubieran dejado vigente la fracción VII del artículo 253 del Código Fiscal para el pago de 5 mil 221.50 pesos por el dictamen de constitución de polígonos de actuación, lo que deja al descubierto que el negocio está por encima de los principios fundamentales.
Dunia Ludlow, diputada de PRI, señaló que no podemos esperar a que se elabore el Programa General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que establece la Constitución, pues pueden pasar otros tres años y mantener en vigor el programa actual que no se sostiene y que está completamente rebasado.
Destacó que entre las observaciones se hacen señalamientos de armonización legislativa, con normas como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la propia Constitución de la Ciudad de México, a una serie de reformas que se hicieron a la Ley de Desarrollo Urbano, Al Atlas de Riesgo, a fin de saber cómo vamos a crecer en función de los riesgos y nuestra capacidad de resiliencia, así como a la Ley de Vivienda, a fin de hacer posible la bolsa de suelo y poder construir de manera ordenada vivienda de interés social y popular.
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