Ciudad de México.- De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su estudio “Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente”, el 38.9% de las compras realizadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, se han realizado sin licitación.
El estudio, que fue elaborado a partir de datos de la plataforma Compranet, arrojó que en 2019, el gobierno de López Obrador gastó en compras públicas 323 mil 782 millones de pesos. De ellos 125 mil 951.2 millones de pesos se realizaron adjudicando contratos directamente. Esto representa el 38.9% de las compras. Sin embargo, la cifra podría ser superior, pues no todas las compras del actual gobierno se han reportado ante Compranet.
Esa proporción es superior en cuatro puntos porcentuales al 34.9 por ciento registrado en 2018, en el último año de Enrique Peña Nieto, y está por encima del 38.2 por ciento que se registró en 2015, el año con más adjudicaciones durante el sexenio pasado.
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Asimismo, el estudio advierte que,“La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia, ya que este tipo de procesos permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar, mediante un concurso, que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado”
Por otro lado, están disminuyendo las licitaciones públicas. Mientras que en 2019 el 46.1% de los contratos fueron licitados, en 2018 hubo 57.7% de licitaciones.
En todo el sexenio de Peña, en ningún momento las licitaciones alcanzaron un nivel tan bajo. En 2015 hubo 54.6 por ciento de licitaciones mientras que en 2017 hubo 65.2 por ciento.
Aunque las adjudicaciones directas reducen tiempo y costos administrativos, esto no asegura que el gobierno compre en las mejores condiciones de precio, calidad u oportunidad. Esta condición podría afectar las finanzas públicas a largo plazo, o la corrupción.
"La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sostiene que las adjudicaciones directas pueden reducir los costos administrativos, ya que el proceso requiere de menos tiempo y recursos (…) Sin embargo, adjudicar directamente no asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad", indica el IMCO.
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Y aunque la ley establece que debe existir una justificación cuando no se opta por la licitación pública, en muchos de los casos estos documentos no son subidos a Compranet, por lo que no pueden conocerse razones de la excepción y si son procedentes.
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