Comparecen candidatos para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas



Ciudad de México.- Los integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo Federal, que buscan la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), comparecieron ante las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, donde expusieron sus respectivos planes de trabajo en caso de ser designados en el cargo.



La terna está integrada por Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Claudia Lilia Cruz Santiago y Luis Fernando Rosas Ramírez, quienes abordaron temas como la accesibilidad de los servicios de la CEAV, fortalecimiento de su estructura, funcionamiento y comunicación con las víctimas.



Manifestaron la necesidad de la creación de una nueva política integral en esta materia, la renovación del Registro Nacional de Víctimas y la revisión del marco normativo, entre otros.



La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, expuso que la CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y representa la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en esta materia.



Explicó que se evaluarán los perfiles de las personas que integran la terna, a fin de obtener elementos suficientes para plasmar en el dictamen si los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad.



En tanto, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que, de acuerdo con el último informe del Registro Nacional de Víctimas, a octubre de 2020, se contabilizaron 39 mil casos, por lo que el reto del nuevo titular de esta instancia es acompañar a las víctimas con asesorías jurídicas y peritaje, así como vigilar que se cumpla la reparación de daños.



Posteriormente, en su exposición, Martha Yuriria Rodríguez dijo que es fundamental replantear diversos aspectos de la Comisión Ejecutiva y dirigirla hacía un servicio más sensible y sencillo.



Se debe revisar su estructura y funcionamiento, ya que no existe una visión institucional que pretenda brindar una comunicación de manera equitativa e igualitaria entre las víctimas, abundó.



De igual forma, destacó la necesidad de construir esquemas de acompañamiento integral, que sirvan para que la Comisión sea un puente con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como para guiar y canalizar a las personas a los servicios que requieran.



Resaltó que se requiere revisar el marco normativo, ya que la Ley General de Víctimas no cuenta con un reglamento que establezca su operación. De igual forma, añadió, es necesario fortalecer los procesos de intervención y hacer un diagnóstico interno, así como crear sinergias con las comisiones estatales, para generar patrones de coordinación.



A su vez, Claudia Lilia Cruz Santiago consideró indispensable revisar el modelo de atención de víctimas para que opere desde la óptica de la salud pública y la justicia social, a fin de que se brinde el acompañamiento psicológico, físico y biológico, pero impartido por personal capacitado periódicamente que se conduzca con sensibilidad y no provoque revictimización.



Además, de contar con respaldo jurídico que incluya la intervención de instituciones gubernamentales hasta garantizar la reparación del daño individual y social, lo cual implica la acción al interior de los Ministerio Públicos, las fiscalías y los jueces.



Cruz Santiago afirmó que la CEAV necesita de diagnósticos en el que se analice el reclutamiento, capacitación y avances de esta instancia, a fin de que no existan conflictos de interés de cualquier funcionario o de los impartidores de justicia.



Luis Fernando Rosas Ramírez dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas “ha caído en un estancamiento” y lejos de ayudar a las personas para acceder a sus derechos, les imposibilita el camino a la verdad y a la memoria, así como a la reconciliación y la reparación del daño.



Por ello, aseguró, es urgente construir una política nacional de reparación integral, a partir de procesos participativos con las víctimas, sociedad civil, academia, autoridades involucradas, colectivos y personas defensoras.



“Es fundamental que las personas puedan acercarse y recibir una reparación digna y eficiente, alejada de la simulación, propia de un Estado de derecho, democrático y humanista”.



Consideró que el Registro Nacional de Víctimas también debe experimentar un proceso de renovación que permita, dependiendo el tipo de victimización, brindar una atención especializada. “Hasta el momento funciona sin criterios claros, no hay expedientes fundacionales para hacer una reparación”, acusó.