Comparece Contralor ante el Congreso local, entre vaguedades y el regaño de la diputada Chavira



Ciudad de México.-Con respuestas vagas y caracterizadas por las generalidades, en medio de un pleito entre diputados de Morena que se suscitó en pleno informe, compareció hoy ante comisiones del Congreso capitalino el secretario de la Contraloría General de la Ciudad, Juan José Serrano Mendoza, quien por sus imprecisiones y respuestas escuetas recibió hasta el regaño de la legisladora morenista Guadalupe Chavira.



"No basta la denuncia pública, no basta la exhibición, sino que esperamos procedimientos, porque usted secretario solamente nos ha dicho que tiene avances, que está iniciando investigación, que se va a reunir en lo personal con diputados y esa no es la rendición de cuentas; la rendición de cuentas es que de esto derive alguna denuncia puntual de parte de usted, señor secretario de la Contraloría", le recriminó la diputada de Morena al Serrano Mendoza.



Chavira se mostró escéptica de los datos que ofreció el contralor y se lo hizo saber cuando en la recta final de la comparecencia, la legisladora lamentó que el secretario de la Contraloría no hubiera mencionado nada de las indagatorias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la alcaldía de Milpa Alta, donde se presume el desvío de recursos públicos durante 2018 para apoyar campañas electorales del PRI.



En ese entramado de corrupción está involucrado Jorge Alberto Alvarado Robles, hijo del ex Jefe Delegacional en Milpa, Jorge Alvarado Galicia, y hoy ante los diputados de las Comisiones de Transparencia y Administración pública, Guadalupe Chavira le reclamó a Juan José Serrano que guardara silencio en ese tema. "Esperaba encontrar mínimo una nota sobre lo que está haciendo la UIF en Milpa Alta", lamentó la legisladora.



La diputada de Morena fue la que lanzó las más duras críticas contra el titular de la Contraloría en esta comparecencia virtual. Ni la oposición lo hizo. Pero Chavira también se confrontó con su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Transparencia Carlos Castillo. Exigió el uso de la palabra para dar un mensaje final en su calidad de presidenta de la Comisión de Administración Pública.



"Cálmate Carlos (...) no va a pasar nada, no te pongas nervioso; el secretario está tranquilo, tú deja que nos escuche. Esto es parte del equilibrio de poderes, amigo", dijo la legisladora. Al final, la discrepancia entre ambos se resolvió pidiéndole opinión al resto de diputados de las comisiones.



Carlos Castillo se negaba a que su compañera de partido hablara, pues argumentó que en el formato de la comparecencia no estaba previsto que Chavira hiciera uso de la palabra.



REPROCHE CON GUANTE BLANCO



En su intervención, la legisladora morenista no quitó el dedo del renglón para señalar la falta de datos concretos en la comparecencia de Serrano. Dijo que los ciudadanos esperan una rendición de cuentas de sus gobiernos locales, pues eso habla del respeto hacia quienes respaldan el proyecto de gobierno y no se debe esperar hasta el siguiente año para saber de los avances.



De lo que llegó a informar, pero sin dar más detalles bajo el argumento de lo que siempre menciona como el "debido proceso" y la "presunción de inocencia", Juan José Serrano dijo que el ex titular de la Agencia de Gestión Urbana ha sido inhabilitado. Sobre ese ex funcionario (Jaime Slomianski) pesa una orden de aprehensión por un presunto quebranto de 29 millones de pesos.



Serrano dijo que existen 10 expedientes de investigación derivado de compras para atender la emergencia por Covid-19, cuatro de ellos en la Secretaría de Salud, tres en la Secretaría de Medio Ambiente, uno en la Secretaría de Gestión de Riesgos, otro en el Metro y uno más en la RTP.



Una crítica constante por parte de legisladores de los diversos partidos fue por el hecho de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha convertido las adjudicaciones directas en una práctica generalizada para la asignación de contratos. Al respecto, Serrano respondió que actuará con responsabilidad, pues agregó que "la doctora Sheinbaum ha instruido a que todo se realice en apego a derecho y también vamos a actuar con sensibilidad ante la situación que estamos viviendo, pero sin duda habrá un apego estricto a derecho", dijo el secretario de la Contraloría.



Los legisladores Mauricio Tabe, del PAN, y Paula Soto, de Morena, hicieron extensas intervenciones para denunciar presuntos actos de corrupción en alcaldías. El panista reiteró sus acusaciones sobre peculado, uso indebido del servicio público, tráfico de influencias y uso político de programas sociales y de las comisiones de participación ciudadana (Copacos) en la Miguel Hidalgo.



“Nos preocupa que se responda con simulación y frente a una denuncia se diga que no hay suficientes elementos o no hay pruebas, aunque estén todos los indicios, cuando una autoridad lejos de castigar se dedica a dar carpetazos”, advirtió el panista.



En la comparecencia del contralor capitalino Juan José Serrano, el diputado Tabe recordó las dos denuncias interpuestas ante la autoridad, la primera del 17 agosto por malversación de recursos y manipulación del programa La Empleadora, que tiene un presupuesto de 100 millones de pesos por año.
La segunda, presentada el 9 de septiembre, tras haber identificado que servidores públicos de la Alcaldía usan a las Comisiones de Participación Ciudadana, para labores políticas a favor de MORENA.



Serrano le dijo al diputado del PAN que esta es una Ciudad de Derecho y por eso se parte de una presunción de inocencia. Dijo que el tema ya se investiga y hay un expediente abierto para el caso del programa La Empleadora, con un avance de 40 por ciento, solicitudes de información al área de Capital Humano y la comparecencia de nueve servidores públicos. En el caso de las Copacos, reconoció que el avance es de solo 20 por ciento, pues la denuncia apenas ingresó el 11 de septiembre.



La diputada morenista Paula Soto enumeró una serie de irregularidades detectadas en la alcaldía Benito Juárez, como el otorgamiento de 32 contratos por adjudicación directa que viola la Ley de Adquisiciones y que en 2019 representó un 72 por ciento de los casos, la compra de una flotilla de patrullas a sobreprecios de hasta tres veces su valor, la adquisición de Totems en 2018 a la empresa Eventos Magüi por 6 millones de pesos, la desaparición de Cendis en 12 de 16 mercados públicos de la demarcación para ser destinados después a labores de oficina o restaurantes y el despido injustificado de trabajadores.



A los señalamientos que hizo la diputada Soto, el contralor dijo que verificará si tiene todas las denuncias. Dijo haber recibido ya seis quejas sobre la venta ilegal de locales en el mercado; reportó a dos funcionarios inhabilitados por la adquisición a sobre precio de vehículos, tanto el director como el subdirector de Adquisiciones; habló de un 90 por ciento de avance en una indagatoria sobre las amenazas de verificadores a colocar sellos de clausura en negocios y para el cambio del presupuesto participativo en la Copaco de la Colonia Ermita.



En respuesta a un cuestionamiento que le hizo el diputado del PRD, Jorge Gaviño, el contralor reveló que existe una denuncia por el proceso administrativo para adjudicar el contrato de obra de una planta de tratamiento de residuos sólidos. Dijo que está en etapa de investigación, por lo que alegó que no podía ofrecer más detalles.



También cuestionado por el perredista sobre un PPS por 38 mil millones de pesos otorgado por el Metro para la compra de trenes y rehabilitación de la línea 1, el secretario de la Contraloría refirió que ha habido 3 mil preguntas por parte de empresas interesadas en obtener el contrato y pidió esperar.