Comisiones de diputados dan luz verde a Ley de Austeridad Republicana

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Ciudad de México.- Tras un receso por falta de acuerdos, las Comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, avalaron con 42 votos a favor y 18 abstenciones el dictamen de la Ley de Austeridad Republicana para su discusión en el pleno este martes.

Con la abstención del PRI, Partido Acción Nacional (PAN), PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los legisladores de Morena y sus aliados del PT y Encuentro Social dieron luz verde al dictamen que no incluyó la posibilidad que burócratas trabajen los sábados.

También se eliminó dar un plazo de 10 años para que una persona que deje el servicio publico pudiera entrar a la iniciativa privada, lo que aplaudió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a pesar de su voto en abstención.

Fernando Galindo Favela, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que su bancada está a favor del nombre de la ley, porque nadie puede estar en contra de la austeridad, ni estar en contra de tener mayor y mejor eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.

No obstante, advirtió que su bancada valora si se requiere una nueva ley de ese tipo, porque existe un número importante de leyes que regulan el ejercicio del gasto público, la principal es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“Es decir, queremos mandar un mensaje político con el nombre bonito de una nueva ley, pero haciendo una contradicción de normas”, subrayó al adelantar su voto en abstención de su bancada

Sostuvo que parece que el incentivo con esta nueva ley es que se tengan ahorros todos los años, cuando el objetivo debe de ser tener un mejor Presupuesto y una mejor asignación.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, destacó que esta ley termina con los privilegios para la alta burocracia.

Sin embargo, el perredista, Antonio Ortega consideró que bastaba con adecuar otras leyes en lugar de crear un adefesio legislativo con una pretensión manipuladora.

“Creo que el presidente López Obrador ha decidido seguir acumulando respaldo a partir de gobernar con símbolos porque ¿quién puede estar en contra de la “austeridad republicana”? Se vende bien, no requiere mayor esfuerzo argumentativo, y la población es posible que -sin mayor trámite- la valore como una iniciativa correcta”, aseveró.

Por Morena, Benjamín Saúl Huerta afirmó que la iniciativa de la Ley de Austeridad Republicana del Estado se pretende erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había autogenerado, para que de manera eficaz se destine la mayor parte de los recursos públicos a los propósitos reales de desarrollo y de justicia social.

Según el legislador, a través del presente proyecto se pretende, entre otras acciones, eliminar privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva.

El dictamen establece que no habrá pensiones para expresidentes adicionales a la otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que la adquisición de bienes y servicios se hará a través de licitaciones públicas.

Promueve un uso más eficiente, racional y transparente de fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos, a fin de evitar que sean utilizados para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia, así como el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

Indica que las secretarías de Hacienda y de la Función Púbica emitirán los lineamientos para la compra de vehículos que no serán de lujo, sistemas de cómputo y servicios generales, y su incumplimiento se sancionará en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Establece la separación entre los intereses corporativos y las tareas de los servidores públicos.

Estipula que la contratación de personal de honorarios y de asesores deberá estar debidamente justificada y documentada para impedir la creación de plazas sin sustento.

Precisa que la disciplina fiscal se mantiene y se reducen los gastos innecesarios, la política social y la inversión no se verán afectadas y el gasto en viáticos, así como de viajes se reduce y se regula, de igual manera, se hace eficiente el gasto en comunicación social.

Promueve la compra consolidada en todos los rubros y propicia que el servidor público cumpla con el Código de Ética, se consolida el combate al tráfico de influencias y al conflicto de interés.

También elimina los seguros privados de gastos médicos, de vida, de ahorro, de separación individualizada o colectiva y la creación de cajas de ahorro especiales, de la racionalización en las compras gubernamentales, de la disminución de plazas y de contrataciones de recursos humanos. (Notimex) 

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