Ciudad de México.- Iniciaron este martes los trabajos de capacitación a servidores públicos adscritos a los entes anticorrupción de la CDMX, en materia del nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal.
La Contraloría General (CG), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Auditoría Superior (AS) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), todos de la CDMX, sumaron una jornada más de actividades del “Programa para la debida implementación del nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal”, diseñado y operado conjuntamente.
En instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, el titular de la Contraloría General, Eduardo Rovelo Pico, resaltó que las instituciones anticorrupción no terminan de integrarse pero ello no obsta para avanzar en la capacitación a quienes deben aplicar la ley en la materia, toda vez que está vigente desde septiembre de 2017.
Al mismo tiempo planteó a los presentes la necesidad de transitar a la oralidad en los juicios administrativos como ocurre en materia de justicia penal adversarial.
Convocó a llevar a la práctica la nueva justicia administrativa y penal, la cual distingue ahora sanciones a faltas graves y no graves, lo mismo hechos de corrupción tipificados en el Código Penal.
Por su parte, Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, convocó a impulsar estrategias sólidas en contra de la corrupción y la impunidad.
Citó el Informe 2015 del Instituto de la Competitividad, el cual estimó el costo de la corrupción para la economía nacional hasta en un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El nuevo régimen de responsabilidades establece entre las faltas administrativas graves de servidores públicos el desvío de recursos, conflicto de interés, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento y cohecho.
Los particulares asimismo podrán ser objeto de sanciones por faltas como el soborno, tráfico de influencias, colusión, contratación indebida de ex servidores públicos.
La capacitación se dirigió a contralores internos de la CG y personal del Consejo de la Judicatura, Salas del TJS, y en general de las áreas relacionadas con la materia que se desempeñan en los entes anticorrupción.
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