Ciudad de México.- La Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) inició esta mañana el procedimiento formal de remoción de Rigoberto Salgado como jefe delegacional en Tláhuac, luego de considerar que existen evidencias que lo vinculan con el grupo de narcomenudistas encabezado por Felipe de Jesus Pérez Luna, alias “El Ojos”.
En la primera sesión ordinaria de trabajo de ese grupo legislativo, los diputados locales hablaron de citar a reuniones de trabajo a autoridades capitalinas para que amplíen y compartan información sobre la investigación que realizan en Tláhuac, y establecieron los plazos para llevar a cabo el proceso administrativo de remoción.
En 15 días hábiles, que se cumplen el 6 de septiembre, Salgado debe acudir a comparecer ante la Comisión Jurisdiccional para exponer lo que a su derecho convenga o, en todo caso, presentar por escrito sus alegatos de defensa.
Aunque el jefe delegacional tiene la opción de presentar el informe por escrito, Armando López Campa, diputado presidente de la Comisión Jurisdiccional lo instó a que acuda al órgano legislativo, para que de frente a los legisladores y de manera pública enfrente el proceso de remoción.
Los asambleístas acordaron que las reuniones de esa Comisión serán públicas e incluso se creará un micrositio en la página de Internet de la ALDF para colocar ahí toda la información relacionada con el procedimiento contra Rigoberto Salgado.
López Campa dijo que de acuerdo con el Estatuto de Gobierno del DF, que detalla la forma de remover a un Jefe Delegacional, la Asamblea Legislativa tendrá un plazo máximo de 55 días hábiles, que se vencen el 1 de noviembre, para determinar si procede o no la destitución del titular de Tláhuac.
Los asambleístas explicaron que hoy mismo notificarán a Salgado de la apertura del procedimiento en su contra, y que tendrá cinco días hábiles contados a partir de hoy para hacerle llegar a la Comisión Jurisdiccional pruebas y documentales en su favor.
Los 23 diputados que firmaron la solicitud de remoción tendrán a más tardar el martes 22 de agosto para ratificar sus acusaciones, una tarea que encabezará el legislador perredista Iván Texta.
En ese sentido, Toledo mencionó que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley que establece el procedimiento se remoción de los servidores públicos que designa la ALDF y de los titulares de los órganos político administrativos de la CDMX, procede que una vez admitida la solicitud de remoción, denuncia o propuesta, en un plazo no mayor a tres días hábiles, la Comisión Jurisdiccional citará a través de su mesa directiva a la parte promovente para que ratifique, amplíe o se desista del procedimiento instaurado en contra del servidor público de que se trate.
Una vez presentada la solicitud debidamente ratificada, la Comisión Jurisdiccional, en un término no mayor a cinco días hábiles, citará al servidor público sujeto al procedimiento ante el Pleno de la Comisión, con la finalidad de hacerle saber el contenido de la solicitud presentada, admitida y ratificada.
Reuniones con funcionarios
El primero en considerar la posibilidad de citar a reuniones a funcionarios del gobierno local fue el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando López Campa, quien se pronunciar por convocar al procurador capitalino, Edmundo Garrido; al jefe de la Policía, Hiram Almeida, y a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.
Lo secundó en ese planteamiento el legislador del PES, Carlos Candelaria, quien propuso llamar al director del C-5 y así tener información de lo que captaron las cámaras de videovigilancia instaladas en aquellas zonas de Tláhuac donde se sabía de la operación de la banda encabezada por “El Ojos”.
Intervino entonces el perredista Mauricio Toledo, quien dio su apoyo al encuentro con autoridades locales y hasta sumó en esa lista al contralor local, Eduardo Rovelo, así como a vecinos y periodistas. Sin embargo, dijo que si se realizan esas reuniones debe ser a través de un plan de trabajo que apruebe la Comisión Jurisdiccional en su próxima sesión de trabajo.
Toledo dijo que le daba su voto de confianza a Armando López Campa, para que diseñe el proyecto de plan de trabajo.
Aunque no son parte de la misma, a la sesión de la Comisión Jurisdiccional acudieron los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa, Felipe de la Cruz y Miguel Ángel Hernández, quienes pidieron ser incorporados a la misma. Además, vía escrita el legislador del PRI, Israel Betanzos, solicitó ser sustituido por su compañera de bancada Mariana Moguel.
Al respecto, Mauricio Toledo dijo que el procedimiento para hacer cambios en la integración de comisiones legislativas debe ser a través de la Comisión de Gobierno, para que esta someta esa determinación al Pleno de la ALDF.
Aún así, los diputados de Morena intervinieron para manifestar su postura a favor de citar a reunión de trabajo al Procurador, al Contralor, así como a los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, a efecto de que rindan un informe por el caso Tláhuac.
Felipe de la Cruz solicitó que las pruebas presentadas por legisladores en este caso, se turnen a la Procuraduría local para que sean sometidas a una valoración de orden profesional. Requirió que sean los peritos en la materia quienes determinen acerca del alcance y valor probatorio de los documentos.
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