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Justicia

Buzones postales y corrupción

Ciudad de México.- Aún ante la presencia de empresas privadas de mensajería y paquetería, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), sigue a la vanguardia de este servicio público estatal, dando movilidad a más de 800 millones de piezas anualmente.

El art. 11 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, señala que “el servicio público de correos es un área estratégicareservada al Estado en forma exclusiva”.

Los buzones de color rojo que estorban el paso peatonal, que han sido vandalizados, y que se encuentran en su gran mayoría, no sólo en desuso, sino en pésimas condiciones operativas, NO son propiedad de Sepomex.

Estos buzones inservibles para el objeto que tendrían que usarse, son un foco de contaminación visual, se han convertido en basureros públicos y en una mina de oro para los que aprovechándose de un abusivo contrato de prestación de servicios suscrito en 1992 con Sepomex, han usufructuado los buzones sólo como escaparates publicitarios.

La empresa denominada STOC, S.A. de C.V., quien entre sus objetos sociales, manifestó fabricar, instalar y mantener los buzones postales durante 10 años, además de utilizarlos para comercializar publicidad, fue con el tiempo obteniendo diversas adenda del contrato, siendo en el 2009 cuando acordó aplazarlo durante 15 años más.

Dentro de los compromisos contractuales, STOC, S.A. de C.V. se obligó a instalar y dar mantenimiento a 5,000 buzones a nivel nacional, incluyendo el cambio de imagen para los buzones ya instalados.

En 2013, Sepomex, realizó una auditoria de cumplimiento al contrato, percatándose que STOC, había incumplido el acuerdo de voluntades, se le hicieron llegar misivas conciliatorias, sin embargo, la empresa nunca cumplió, hecho que es público y visible por el país entero, principalmente por el evidente deterioro de los rojos buzones postales.

Por ello Sepomex, interpuso una demanda ante los Tribunales Federales, para dar por concluido de manera anticipada el contrato de prestación de servicios.

Entre las prestaciones que Sepomex ha señalado en el texto de su demanda están:

La ausencia de instalación y sustitución de buzones de acuerdo al calendario firmado por ambas partes, la falta de licencias de instalación y publicidad que STOC debía tramitar ante las delegaciones y ayuntamientos correspondientes; Adeudos con la CFE, por la iluminación nocturna de los buzones.

Es sabido que la mayoría de los buzones postales rojos a nivel nacional carecen de permisos o licencias que otorgan las autoridades locales, los que aún persisten, lo hacen a través de dádivas entregadas a los inspectores y responsables de las áreas administrativas de los municipios, aquí en la Ciudad de México no cuentan con PATR´s (Permisos Administrativos Temporales Revocables) en el interior del país, algunos ayuntamientos, están retirando del área pública los buzones rojos instalados por STOC por no contar con licencias.

Derivado de sentencias desfavorables a STOC, interpusieronuna demanda de Amparo, la cual se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el expediente 847/2017.

Se designó como magistrado ponente al Lic. Francisco Javier Sandoval López, un hombre conocido como honesto y de leyes.

Este es un ejemplo de cómo un servicio público estratégico de comunicaciones en desuso que es el correo postal a través de los viejos buzones, deben quedar en el museo, y exterminar las prácticas abusivas que corroen y coadyuvan a debilitar las instituciones del Estado Mexicano.

Twitter: @ricar_peralta

Etiquetas Noticias

Ricardo Peralta

Es licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, egresado de la Facultad de Derecho, donde hace 12 años es catedrático, impartiendo las cátedras de Teoría de la Ley Penal y el Delito, Delitos en particular, Derecho de la Integración Económica y Régimen Jurídico del Comercio Exterior, Argumentación Jurídica y del nuevo Sistema Justicia Penal; cuenta con especialidades en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Fue propuesto por la Facultad de Derecho ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción.

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