Buscan órganos autónomos de la CDMX más presupuesto; elecciones y reconstrucción las prioridades

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Ciudad de México.- En la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) ha iniciado la pasarela de autoridades y titulares de órganos autónomos para solicitar incremento en el presupuesto del próximo año.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, Nashieli Ramírez, regresó al órgano legislativo a una semana de su nombramiento, para pedir una asignación de 450 millones de pesos.

Luego de un breve encuentro que sostuvo con diputados que integran la Comisión de Presupuesto, la ombudsperson dijo que la solicitud representa un incremento inercial, de apenas 4.2 por cierto respecto a lo asignado a la CDHDF en 2017.

Entrevistada luego de ese encuentro, dijo que la eventual aprobación de la Ley para la Reconstrucción traerá responsabilidades para la Comisión de Derechos que en términos presupuestales impactarán, por lo que se requiere de esos recursos.

Detalló que en la construcción del proyecto de Presupuesto para 2018, la Secretaría de Finanzas había fijado un techo presupuestal para la CDHDF de 435 millones de pesos, pero insistió en que el tema de la reconstrucción los lleva a hacer reconsideraciones presupuestales.

Agregó que una vez aprobada la Ley para la Reconstrucción, la CDHDF se involucrará directamente en verificar que la ley se cumpla, así como en el acompañamiento a víctimas, porque la recuperación no se logrará en tres meses, agregó.

Nashieli Ramírez detalló que hasta el momento han llegado 31 quejas a la Comisión, de damnificados que denuncian una actuación tardía de la autoridad en el momento de la emergencia, además de que se oponen a la demolición de edificios.

“La última queja que recibimos fue el día de antier y es de papás de jóvenes que fallecieron en el Tecnológico de Monterrey. Esa es una queja que todavía estamos valorando, viendo qué compete a la autoridad y qué compete a particulares, para poder hacer un señalamientos”, dijo.

En el caso del Tec de Monterrrey, detalló, la queja es por la falta de revisiones a estructuras después del sismo del 7 de septiembre, porque a criterio de los papás fue una prioridad de las autoridades remover escombros y no salvar vidas y porque consideran que no hay diligencia en el proceso jurídico que existe para el deslinde de responsabilidades.

Otros autónomos

Entre los entes públicos que han desfilado ante los diputados para pedir un incremento de presupuesto está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que entregó un documento con una solicitud por  mil 600 millones de pesos,  lo que representa 310 millones de pesos más a lo que la ALDF asignó para 2017.

En ese documento se argumenta que la UACM ha ejercido un presupuesto austero, a tal grado que los tres últimos rectores han usado el mismo auto, además del Metro. “No hay presupuesto para viajes al extranjero, ni tarjetas de crédito o gastos de representación, las oficinas son pequeñas y modestas, no existen bonos o premios para la burocracia y el sueldo más alto en la UACM es menor a los que ingresos que recibe un profesor investigador de alguna institución pública de educación superior”, se lee.

La UACM destacó que la matrícula ha registrado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, pues en 2012 cuando inició la actual administración el número de estudiantes era de 14 mil 929 alumnos, y hoy asciende a 17 mil 409. “Ofrecemos 19 licenciaturas, nueve posgrados y en este año cuatro licenciaturas más que el año pasado”,  se agregó.

En dicho documento, entre los puntos a destacar, se encuentra –además de un aumento salarial para los trabajadores– la contratación de 100 profesores adicionales, pues son necesarios ante el incremento que ha tenido  la matrícula escolar, así como el crecimiento de la infraestructura.

La magistrada presidente del Tribunal de Justicia Adminsitrativa , Yasmín Esquivel, también acudió al órgano lgislativo, para hacer una solicitud de presupuesto por mil 929.4 millones de pesos, de los cuales 481 millones se destinarían al gasto corriente o pago de nómina, mil milones para la construcción de un nuevo inmueble que albergue a la institución y 437.8 millones para la aplicación del Sistema Anticorrupción local.

Desglosó los gastos requeridos para aplicar el Sistema Anticorrupción. Un total de 402.7 millones serán necesarios para el pago de nómina de 20 magistrados y personal asignado en nuevas áreas; la renta de un edificio para instalaciones complementarias; arrendamiento de equipo de cómputo; papelería y materiales de oficina; mientras que 35 millones se usuarán para adquisición de mobiliario, infraestructura tecnológica y parque vehicular.

En virtud de que el siguiente es un año de comicios, el Tribunal Electoral de la CDMX (TECDMX) en voz de su presidente, Armando Hernández, solicitó un presupuesto por 561.3 millones de pesos, el cual es superior en 156 millones respecto a lo que se la asignó en 2017.

El magistrado destacó que la Constitución de la CDMX y la nueva legislación electoral generaron cambios en la naturaleza jurídica de las delegaciones, que se convertirán en alcaldías, pues dejan de ser unipersonal para constituirse en un cuerpo colegiado que estará a cargo de un alcalde y un concejo compuesto con al menos diez integrantes.

En 2018 contenderán aspirantes a Jefe de Gobierno; Alcaldes y Concejales de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad; y Diputados de mayoría relativa y representación proporcional. Esto significa que pasaremos de 236 candidatos registrados para un cargo local en 2012 ,a más de 1,600 en 2018. 

Además, y de acuerdo a los Decretos por los que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX, en comparación con 2016 y parte de 2017, el Tribunal Electoral deberá incorporar seis nuevas áreas para la defensa de los derechos político electorales de la Ciudad.

Esto significa que por mandato normativo, el Tribunal deberá crecer más de un 20% con respecto a su actual composición, debiendo prever un gasto estimado en más de 104 millones de pesos; que contempla infraestructura, equipamiento, espacio, y tecnología para realizar las funciones que mandata la ley.

Se prevé que durante el proceso 2017-2018 exista un incremento de contendientes que participarán en los procesos internos de los partidos políticos para, en su caso, obtener la candidatura. Actualmente existe un mayor número de partidos políticos que intervendrán en el proceso 2017-2018, además de la participación de candidatos independientes.

Como consecuencia de lo anterior, se estima que, de 795 precandidaturas en 2012, se pase a un registro potencial de más de 3,000 precandidaturas, lo que equivale a un incremento de cuatro veces respecto al pasado proceso electoral y, por lo tanto, una mayor probabilidad de recibir más impugnaciones en el órgano jurisdiccional.

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