Ciudad de México.- Los trabajadores del Senado recomendados por Martí Batres, ex presidente de la Mesa Directiva, y dados de baja el pasado 15 de septiembre exigen una liquidación de 321 mil pesos cada uno, lo que implicaría un total de casi 11 millones de pesos, erogación no prevista por la institución.
Los ex trabajadores argumentan que tienen derecho a liquidación puesto que ocuparon una plaza de estructura en el Senado, aunque algunos no cumplieron ni un año laborando en la institución.
Federico Anaya, quien fungió como consejero jurídico de Martí Batres y Omar Butrón, subcontrolador quien aseguró que cursó la licenciatura en un año y ser pasante de maestría un mes después, son dos de los ex trabajadores que busca la liquidación.
De acuerdo con información obtenida por el diario Excélsior este grupo de 35 personas trabajaron en la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa, encabezada por Federico Anaya Gallardo y formada por Olivia Rubio, Claudia Mendiola, Joel García López, Elisa Álvarez Hernández, Juan Carlos Gómez Nájera, Roberto Euclides Hernández González, Yolanda Pérez Santillán, Frida González Jordán, Omar Monroy Rodríguez y Liliana Martínez Calderón.
Varias de estas personas no cuentan con la formación profesional suficiente para ser asesores parlamentarios, y a excepción de Olivia Rubio, ninguno cuenta con experiencia en el tema.
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