Ayotzinapa: tres años de desconfianza en las instituciones

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Ciudad de México.- Hace tres años, -el 26 de septiembre, mes fatídico para la historia de México, —se registró un hecho que ya es un hito social y que aún no ha tenido respuesta satisfactoria para nadie, 33 estudiantes  desaparecieron presuntamente a manos del crimen organizado.

Aun cuando se han entregado resultados periciales para establecer la identidad de algunos de las víctimas, la falta de credibilidad en las instituciones ha rebasado a la ciencia, y los padres de los jóvenes siguen sin aceptar la “verdad histórica”  que establece que sus hijos fueron calcinados hasta la cenizas en un basurero de Cocula, cuyos policías municipales también fueron señalados de participar en los hechos.

Y es que el tema de la desaparición forzada, la trata y tráfico de personas,-muchos de ellos migrantes- ha puesto a México en el centro de atención de los órganos internacionales defensores de los derechos humanos como lo es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quien capacita a personal  institucional en los temas de búsqueda de personas desaparecidas, y reconocimientos de restos y evidencias de personas sin vida.  

La intervención del CICR se da en dos momentos históricos, luego de los temas de trata y tráfico de personas, (cuando se ventila el tema de Casitas del Sur), principalmente en Tlaxcala y en la Ciudad de México, y su área conurbada en el Estado de México.

Ante la complejidad del asunto, sobre todo por el paso de miles de migrantes de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos, es cuando la Cruz Roja donó los respectivos softwares  a las entidades antes mencionadas. Para el 2013, cuando se debate sobre el tema de las fosas con 72 cuerpos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas se entrega otra memoria electrónica a la Procuraduría General de la República.

Al respecto, el doctor,  Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, asesor forense del CICR  en la delegación para México, América Central y Cuba, informó que en la actualidad se trabaja con la PGR en la capacitación de expertos en psicología, sociología, trabajo social, medicina, criminalística, leyes, conocido como Grupo de Replicadores para la Recolección de Datos de Personas Desaparecidas (AM), sensibilizados para dar la importancia que se merece al primer contacto con los familiares de las posibles víctimas.

 

“La identificación  es el resultado de un procedimiento que se basa en la concordancia de la recolección de datos de personas desaparecidas con el análisis de cuerpos de una persona fallecidas, y cuando se da esa concordancia de datos es cuando se establece la identificación”.

“Pudiera parecer, un proceso sencillo pero que no lo es, es un proceso que requiere de una alta especialización, de protocolos, de mucha capacitación, y si se siguen estos procedimientos adecuados se puede tener un resultado científico, y que a la postre pueda ser aceptado por la familia sin ninguna duda", dijo.

Explicó que México ha inscrito un protocolo que es para el tratamiento e identificación forense, el cual fue  publicado en el Diario Oficial de la Federación donde se establece  todo el análisis que se debe de hacer con respecto al cuerpo de una persona  fallecida sin identificar que ha ingresado a un servicio médico forense.

“Se ha hecho un archivo básico con fines de identificación de todas las personas fallecidas sin identificar  que ingresan a todo servicio médico forense de todo el país, es la recolección de la información post morten, que va a individualizarla y dará datos de cómo era ésta persona en vida, entonces intervienen todas las disciplinas  antes mencionadas, así como sus diferentes métodos para poder establecer la identidad de la persona.

Sin poderse pronunciar directamente sobre el tema de los 33 desaparecidos de Ayotzinapa, reconoció que en casos en donde sólo hay cenizas, pedazos de hueso, o girones de ropa,  es una escenario demasiado complejo en el que se trabaja.

Así no hay una sólo prueba pericial que determine al cien por ciento a quién pertenecieron esos restos, y en estos casos se deben tomar evidencias obtenidas  de diversas disciplinas y no sólo en las ciencias exactas sino también en las sociales.

En este sentido, la información que aporten los familiares de los desparecidos –no sólo del caso Ayotzinapa- sino de otros asuntos de desaparición y hallazgo de restos, es esencial para llevar las investigaciones a conclusiones exactas, apegadas a la realidad, aunque no sean del todo satisfactorias para los deudos.

 “Cenizas, restos óseos, alguna prenda, en el caso que se menciona es de alta complejidad, que requiere de la intervención de personas altamente especializadas con mucha experiencia en identificación, pero también requiere de todo un equipo para analizar  el contexto, porque en un escenario como el que se describe pues tener solamente una traza, tener un fragmento de un centímetro o menos, ¿se puede identificar a alguien?

“Pues habrá que analizar todo el contexto,  no podemos decir cuál probabilidad o posibilidad existe, porque hay que revisar todo,  no hay una prueba absoluta sin que se apoye en otra prueba, -esto en escenarios complejos-“, consideró el experto.

Explicó que en paralelo, se debe hacer una recolección de  información de personas desaparecidas y de personas fallecidas, para lo cual se imparte capacitación en técnicas en manejo y uso de una herramienta  informática  “AM-PM (Ante Mortem y Post Mortem)”,  que donó   el CICR a México en el 2011 a diversos estados, y el 2013 se da otro software a la PGR quien queda mandatado para que implemente  todo un sistema de gestión de información a nivel nacional.

“Por supuesto que también hay otro aspecto que tiene que ver con la confianza y la credibilidad en las instituciones que están proporcionando este resultado, y que en medida de que estos resultados se hagan con base a protocolo, buenas practicas forenses y que se vea como un proceso integral además de la parte investigativa, está la parte científica pericial, también está la parte  de integración de la familia hacía este proceso”.

Esto no significa que la familia realice búsquedas, trabajos  de campo o pruebas científicas o cualquier otra tarea para lo cual no están capacitados, sino que las autoridades los deben mantener informados e inclusive pedir sus autorización,  para establecer  vínculos con las instituciones.

De esta forma estarán al tanto de los procedimientos y desarrollo del trabajo de investigación, y al final estén consientes  por qué el resultado que se obtuvo, y lo acepten, por que formaron parte de la labor, y se sintieron integrados y tomados en cuenta por la autoridad.

 “Sí existe comunicación  con los parientes acerca de las limitaciones de los procedimientos, pues  en estos casos que se refieren de restos mínimos, son de altísima complejidad, y si se optara  por una decisión de genética porque no hay más  que analizar,  pues la familia tendrá que estar informada con respecto a que en el análisis de genética se va a perder ese único centímetro cuadrado de muestra porque la genética lo exige de esa manera para su procedimiento”, dijo el experto.

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