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Auditoría descubre que la AGU formalizó contrato para planta de termovalorización sin tener posesión del terreno

Ciudad de México.-En la pasada administración tantas eras las prisas por poner en marcha la planta termovalorizadora de residuos sólidos que la Agencia de Gestión Urbana, encargada de concretar el proyecto, formalizó contratos con la empresa Termo WTE, S.A. de C.V. -filial de Veolia- sin contar con la posesión de los inmuebles en donde se ejecutarían los proyectos.

Las conclusiones anteriores forman parte de los resultados de una auditoría practicada en 2017 a la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y están contenidos en el Primer Informe Parcial de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2017 que la Auditoría Superior de la Ciudad de México acaba de entregar al Congreso capitalino,

En ese informe se dan detalles de una auditoría de cumplimiento que se realizó a la hoy desaparecida AGU y al proceso de licitación de esa planta de tratamiento de desechos que, por orden de la actual jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, ha sido cancelada al considerar que se trataba de un negocio orquestado por la pasada administración y que además endeudaría a la Ciudad por tres décadas.

Dentro de la auditoría se refrendan detalles y montos del presupuesto público comprometido, como que en el contrato se estipulaban las obligaciones de pago que tendría la AGU por la realización del proyecto de prestación de servicios a largo plazo, por un monto de 80 mil 603 millones de pesos a cubrirse en un plazo de 30 años.

“Conforme al contrato, la AGU empezará a pagar una vez que se determine la Fecha de Inicio del Servicio Total (lo cual ocurrirá cuando la AGU y el prestador acuerden que la planta opera al máximo de la capacidad pactada).

“Por lo anterior, en los primeros tres años no se establece la obligación de pago a cargo de la AGU (al ser el período de construcción que tendrá la planta) y a partir del cuarto año se establece una estimación anual de pago de 2 mil 686 millones de pesos, pagaderos en 12 mensualidades de 223 millones 898 mil pesos, por un período de 30 años para un total de 80 mil 603 millones de pesos”, se lee en compilación que la Auditoría Superior hizo de este caso.

Otro dato que señaló la Auditoría Superior es que el 26 de septiembre de 2017 la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió un oficio a las autoridades capitalinas en donde señalaba las conveniencias de modificar la ubicación de la planta de termovalorización, por así convenir a la seguridad aeronáutica de las operaciones que se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en las que a la postre se llevarían a cabo en la nueva terminal aérea de Texcoco.

El planteamiento de las autoridades federales obligó al gobierno de la Ciudad a modificar el contrato con la empresa Termo WTE y retrasar los tiempos para iniciar la construcción de la planta, pues al final se determinó que el nuevo proyecto se llevaría a cabo en un predio de 34.1 hectáreas denominado Tarquina 8.1, ubicado también en la zona federal del antiguo Lago de Texcoco.

El cambio de predio retrasó por 10 meses la entrega del proyecto ejecutivo, pues fue hasta el 20 de junio de 2018 cuando las partes lograron suscribir el segundo y último convenio modificatorio.

“De lo anterior, se observó que el sujeto fiscalizado (la AGU) formalizó un compromiso sin tener la certeza sobre la posesión del terreno en el cual se construiría la planta de termovalorización, lo cual en su momento constituyó un riesgo no controlado y por tanto una deficiencia de control, riesgo que no se materializó”, concluyó la Auditoría Superior.

Respecto a la construcción de la planta termovalorizadora, lo último que se supo públicamente es que en octubre del año pasado, el entonces titular de la AGU Jaime Slomianski dio a conocer que el organismo a su cargo se desistiría del recurso que interpuso por la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual suspendió el proyecto.

El funcionario de la pasada administración también dio a conocer esa vez que el futuro de la planta quedaría en manos de la jefa de gobierno entrante, Claudia Sheinbaum, quien de entrada tomó la decisión de desaparecer la AGU.



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