| 

Política

Argumentos falsos, infundados, irrelevantes y sin sustento en impugnación de PGR contra Constitución local, señala ministro Laynez

Ciudad de México.-En el análisis que realizó el ministro Javier Laynez Potisek para desechar argumentos con los que se impugnaron artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, la PGR ha quedado muy mal librada.

Para el ministro ponente del proyecto de sentencia relacionada con las acciones de inconstitucionalidad, mismo que se discutirá en sesión del Pleno de la Suprema Corte el próximo 20 de agosto, los argumentos que en su momento presentó la dependencia federal son falsos, con nociones completamente equivocadas, de argumentos infundados, irrelevantes y sin sustento constitucional alguno.

En el apartado de Estudio que conforma el proyecto de sentencia, el togado explicó que como parte del planteamiento de la Procuraduría subyacen cuatro preguntas constitucionales íntimamente vinculadas entre sí que se deben responder.

La primera pregunta consiste en determinar si toda norma jurídica de carácter general –distinta a la Constitución Federal o a un tratado internacional– que amplíe derechos humanos o genere derechos nuevos conlleva necesariamente una alteración del parámetro de regularidad constitucional.

En el segundo cuestionamiento, la PGR cuestiona si expedir normas de carácter general que amplíen derechos humanos o creen derechos nuevos es una atribución exclusiva de la Federación a través del Congreso de la Unión o, por el contrario, pueden hacerlo también las entidades federativas en sus constituciones locales.

Además, la dependencia señala que, si las entidades federativas pueden ampliar derechos humanos y crear derechos nuevos en sus respectivas constituciones, ¿puede hacerlo también la Ciudad de México en su carácter de entidad federativa “autónoma” y sede de los Poderes de la Unión?

Finalmente, la PGR pregunta si la Ciudad de México se encuentra facultada para incluir normas de derechos humanos en su constitución local, ¿dicha facultad legislativa es absoluta o se encuentra sujeta a algún tipo de límite?

En cuanto a la primera pregunta, Laynez expuso que en la propia Constitución federal se obliga expresamente a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

“Tan solo estas características son suficientes para evidenciar que, contrariamente a lo que sostiene la Procuraduría General de la República, es completamente falso que en México sólo el Poder Revisor de la Constitución a través del procedimiento de reforma constitucional, o bien el Presidente y el Senado de la República al suscribir y ratificar tratados internacionales, sean los únicos entes facultados para emitir normas generales referidas a los derechos humanos”, se argumentó en el Estudio.

Agregó que no todo reconocimiento, conceptualización, matiz, ampliación o desarrollo de derechos humanos por parte de un ente diverso al Constituyente Permanente o a los órganos facultados para suscribir y ratificar tratados internacionales es una alteración o modificación del parámetro de regularidad constitucional. Al contrario, muchas veces esta actividad normativa adicional representa la única manera de implementar las directrices que establece expresamente la Constitución Federal para el cumplimiento de las obligaciones generales de derechos humanos.

El segundo cuestionamiento de la PGR plantea si expedir normas generales que amplíen derechos humanos o que generen derechos nuevos es atribución exclusiva del Congreso de la Unión o pueden hacerlo las entidades federativas.

La Procuraduría afirma que validar la participación de las entidades federativas en la determinación y el alcance del contenido de los derechos humanos vulneraría el principio de universalidad, porque estos derechos deben ser los mismos en toda la República.

Específicamente, afirma que reconocer a la Ciudad de México la atribución para expedir en su constitución local normas relativas a los derechos humanos ocasionaría que éstos fueran aplicables de forma diversa y con distinto contenido dependiendo de la región del país en que se encontraran sus titulares.

“Como ya puede anticiparse, la noción de universalidad que defiende la Procuraduría es completamente equivocada, pues contrariamente a lo que afirma, el principio de universalidad previsto en el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Federal, no significa en modo alguno que todos los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional mexicano deban interpretarse y materializarse siempre de la misma manera en todas las situaciones o contextos en los que aquéllos tienen aplicabilidad”, alegó Laynez.

Señaló que, de sostenerse la posición de la Procuraduría en torno a la exigencia de uniformidad entonces también sería inconstitucional que los estados de la República emitieran normas generales en esta materia, es decir, serían inválidas todas las partes “dogmáticas” de los treinta y un Estados y no sólo la de la Ciudad de México.

“Es infundado el argumento hecho valer por la Procuraduría en el sentido de que permitir la multiplicidad de normas en materia de derechos humanos vulnera el principio de seguridad jurídica, pues en términos de lo analizado en el presente apartado, proscribirles dicha posibilidad sería atentatorio de los fines y propósitos de nuestro sistema Federal”, consideró el ministro.

En la tercera pregunta, la PGR plantea la duda de si puede la Ciudad de México en su carácter de entidad federativa “autónoma” y sede de los poderes de la Unión ampliar derechos humanos y crear derechos nuevos. Argumenta que la reforma constitucional del 29 de enero de 2016 no buscaba crear un nuevo Estado de la República, sino simplemente ampliar la autonomía de la Capital.

“Estimamos que también este planteamiento es incorrecto. Además de que la distinción entre autonomía y soberanía es prácticamente irrelevante para las obligaciones de derechos humanos de las entidades federativas, la evolución del régimen político de la Capital de la República en la Constitución Federal confirma que la Ciudad tiene plenas atribuciones para expedir normas relacionadas con derechos humanos en su constitución”, señaló el integrante de la SCJN.

Consideró que con la reforma constitucional de 2016 no se tenía la intención de diluir en modo alguno las obligaciones generales que tenía el Distrito Federal frente a sus habitantes en materia de derechos humanos.

Reconoció que, aunque está claro que la Ciudad de México no es en sentido estricto un Estado, pues preserva algunas particularidades en tanto Capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, aquellas no tienen incidencia en sus obligaciones generales en materia de derechos humanos y, por lo tanto, en este rubro la Ciudad de México tiene una responsabilidad prácticamente idéntica a la del resto de las entidades federativas y, como ellas, atribuciones para expedir normas constitucionales encaminadas a cumplirla.

Así, planteó que la Ciudad de México puede, al igual que el resto de los estados de la República, reconocer, conceptualizar, matizar, ampliar, desarrollar o incluso crear derechos humanos siempre y cuando esto no contradiga el parámetro de regularidad constitucional.

“La Procuraduría claramente se equivoca cuando afirma que la Constitución de la Ciudad debe limitarse al goce y protección de los derechos humanos reconocidos a nivel federal. Esto no se sigue de la letra del artículo 122 ni mucho menos de las disposiciones de la Constitución Federal en su conjunto”, concluyó Laynez en ese apartado.

La dependencia federal cuestiona finalmente cuáles son los límites de la Ciudad de México para ampliar derechos humanos y crear derechos nuevos en su Constitución local.

El ministro expuso que los derechos humanos en las constituciones locales no tienen siempre que reproducir palabra por palabra el texto del parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, advirtió que si en la normativa local hubiera una alteración de la configuración de un derecho humano, a tal grado que lo tornara irreconocible según la práctica jurídica constitucional y convencional, tal regulación sería inconstitucional por alterar la identidad de ese derecho.

Por último y para concluir el estudio en este apartado, la Procuraduría exhortó que al resolver este y todos sus otros cuestionamientos se tenga en cuenta que las probabilidades de éxito de la Constitución de la Ciudad de México resultan nulas porque no responde a la realidad de los ciudadanos que pretende regir. Afirma, en pocas palabras, que su contenido es utópico.

“Este planteamiento no tiene sustento constitucional alguno. Al Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos no le corresponde evaluar consideraciones políticas subjetivas ni mucho menos servir como corrector de estilo, sino que su labor es calificar la compatibilidad de las normas de la Ciudad de México con la Constitución Federal”, señaló el ministro Javier Laynez.

Etiquetas

COMENTARIOS

MÁS Política

  • Tribunal Electoral resolverá juicios sobre legisladores plurinominales

    Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá un total de 91 asuntos relacionados con las recientes elecciones federales, entre ellos 68 casos relativos a la distribución de legisladores plurinominales. Conforme...



  • López Obrador pone a consulta dos opciones sobre nuevo aeropuerto

    Ciudad de México.-  La continuidad de las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México será sometida a una consulta popular vinculante a finales de octubre, informó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien...



  • Moreira renuncia a la Secretaría General del PRI

    Ciudad de México.- Rubén Moreira Valdez anunció este jueves su renuncia a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Mediante su cuenta en Twitter @rubenmoreiravdz, el coahuliense dio a conocer su decisión y envió...


  • Alista IECM consulta ciudadana del Presupuesto Participativo 2019

    Ciudad de México.-El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició la distribución de la documentación que será empleada, el próximo 2 de septiembre, en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019. El día de hoy...