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Aprueban reforma constitucional referente a la prisión preventiva

Ciudad de México.- El pleno del Senado aprobó reformas al Artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa a diversos delitos como abuso sexual contra menores, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales.

Se establece que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cautelar cuando no se pueda garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o testigos, o el imputado haya sido procesado por delitos dolosos.

Los matices, derivados de señalamientos e inquietudes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyen que en un plazo de cinco años, una vez entrada en vigor la reforma, se evalúe la eficacia de esta medida cautelar, por medio de informes emitidos por los gobiernos Federal y estatales.

En el marco de la sesión ordinaria se aprobó con 91 votos en favor y 18 en contra la reforma que también establece la prisión preventiva oficiosa a los delitos de robo a transporte en cualquier modalidad y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Los delitos cuya media aritmética de la pena exceda de cinco años de prisión, incluidas calificativas, atenuantes o agravantes, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y en materia de corrupción.

La reforma aprobada faculta al Congreso para que en un plazo de 90 días realice las adecuaciones normativas para incluir en el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas en caso armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Además de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; uso de programas sociales con fines electorales; hechos de corrupción y robo a transporte.

Otras de las modificaciones que se realizaron en el pleno son un artículo transitorio que señala que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, entrarán en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Relacionada con Hechos de Corrupción.





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