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2018

Aprueba IECM medidas de neutralidad que limitan el actuar de servidores públicos durante elección

Ciudad de México.- El Pleno del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un acuerdo por el que se definen medidas de neutralidad a las que deben apegarse servidores públicos, a fin de evitar el uso de recursos públicos y la promoción indebida de funcionarios durante el proceso electoral.

Se trata de garantizar la equidad en la contienda, expuso el consejero Mauricio Huesca, quien explicó que de incumplirse el contenido del mismo, la autoridad comicial iniciará procesos de investigación y sanción en materia electoral, además de que se dará vista a las contralorías internas de las áreas donde laboren esos funcionarios.

De entre las medidas que generaron el debate y la polémica durante la sesión con los representantes de los partidos políticos, destaca la regulación que se hace del Internet y de las redes sociales, pues el proyecto de acuerdo inicial señalaba que los servidores públicos tendrían impedido utilizar el servicio de Internet y redes sociales institucionales, así como otra páginas externas, para inducir o coaccionar a otros servidores públicos o a la ciudadanía en general, para votar a favor de algún partido político, coalición o candidato.

Además, se les prohibía difundir en sus redes sociales o en entrevistas que ofrezcan por cualquier medio, expresiones que con motivo de su encargo tengan como propósito o resultado favorecer o afectar a un partido político, coalición o candidato y que ello genere un desequilibrio en la contienda electoral.

Los representantes de los partidos se opusieron a esa redacción, sobre todo la del párrafo anterior, por considerar que era violatorio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución. Roberto López, representante del PRD, cuestionó en donde termina la figura de servidor público y empieza la de ciudadano, para poder hacer uso de las redes sociales personales y externar opiniones sobre candidatos y partidos.

Incluso, Roberto López fue más allá, pues consideró que el acuerdo aprobado hoy era innecesario, por considerar que tiene excesos. “Este consejo general (del IECM) está circulando por una línea muy delgada, donde se podría convertir en un árbitro para el proceso electoral, en un actor político que pretenda tocar el balón para las próximas jugadas”, dijo el perredista.

Acusó que se pretende dotar de facultades extraordinarias al secretario ejecutivo del IECM para iniciar procedimientos sancionadores que ya contempla la legislación electoral

Ante el rechazo de los representantes partidistas, los consejeros electorales modificaron esa redacción y puntualizaron que la prohibición de redes sociales será exclusivamente para aquellas de carácter institucional.

Un tema que destacó de ese acuerdo es la prohibición a los servidores públicos para crear redes ciudadanas que operen en el territorio de la Ciudad de México o en los territorios delegacionales, para promover los programas sociales y acciones gubernamentales, desde el periodo de intercampañas y hasta el día de la elección.

Y es que durante la discusión del acuerdo, el representante del partido Morena ante el IECM, Agustín Ortíz Pinchetti, acusó lo que dijo son una serie de hechos preocupantes, como la abierta orientación de programas sociales con fines electorales en las delegaciones Iztapalapa y Cuajimalpa.

En ambos territorios, recordó, las autoridades delegacionales han emitido acuerdos que involucran recursos públicos. En el caso de Iztapalapa están comprometidos 108 millones de pesos para mil tres promotores sociales que, coincidentemente, son el mismo número de secciones electorales con que cuenta la demarcación.

Para Cuajimalpa, el morenista acusó de la asignación de 89 millones de pesos para el reparto de cobijas, tinacos, calentadores solares, zapatos, entre otros insumos, justo durante el proceso electoral.

Ortiz Pinchetti también lamentó que se pretenda hacer una asignación discrecional de los recursos aprobados en la Asamblea Legislativa del DF para la reconstrucción y que involucran recursos por más de 14 mil millones de pesos.

El perredista López le reviró al acusar que en delegaciones gobernadas por Morena se hace entrega de recursos con fines electorales. Citó casos como el de Azcapotzalco, donde se están otorgando permisos a comerciantes ambulantes, en Cuauhtémoc se distribuyen apoyos a becarios y en Tlalpan se otorgan ayudas a beneficiarios de ciberescuelas.

El consejero electoral, Mauricio Huesca, explicó que los programas sociales preexistentes van a continuar. Lo que se limitará será la difusión de esos programas o el surgimiento de nuevos, dijo.

Los programas que ya vienen caminando, con el padrón de beneficiarios y reglas de operación perfectamente claros, esos van a seguir sin ningún problema. Lo único que vamos a regular es su difusión y la creación de nuevos, dijo.

Así, aclaró que los programas sociales como los que aplicará la delegación Cuajimalpa o el de Iztapalapa, podrán continuar pues sus reglas de operación se publicaron debidamente antes de que iniciara el periodo de intercampañas, pues no hay sospecha de que hubiera una violación a principios de equidad. No obstante, dijo que si hay la sospecha de que esos programas vulneran el equilibrio en la contienda, no limitará el inicio de procesos sancionadores.

Los lineamientos aprobados hoy por unanimidad de los consejeros electorales, denominados Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban medidas de neutralidad y de protección para quienes acudan a mítines, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, detalla una extensa lista de prohibiciones para los servidores públicos.

Así, por ejemplos, los funcionarios tendrán prohibido realizar eventos públicos oficiales para fines de campañas electorales, incluidos eventos de caridad, o eventos que favorezcan o desfavorezcan a algún partido político, coalición o candidato¸ llevar a cabo cualquier acto que tenga como objetivo la promoción del voto a favor de algún partido político, coalición o candidato, así como rendir informes anuales de labores o de gestión, desde el inicio del periodo de intercampaña y hasta la jornada electoral.

Tampoco podrán incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada del Jefe de Gobierno, Jefes delegacionales, titulares de las Secretarías o cualquier otra autoridad administrativa de la Ciudad de México o servidor público, en la difusión de los programas sociales y de las acciones institucionales de beneficio social.

No deberán condicionar obra o recursos de programas gubernamentales y acciones institucionales de beneficio social, a cambio de apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato, o a cambio de la promesa del voto a favor de alguna candidatura.

Tendrán prohibido realizar campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales, con excepción de las relativas a servicios de salud, educación y las necesarias para protección civil en casos de emergencia; desde el periodo de intercampaña y hasta la conclusión de la jornada electoral.

No podrán utilizar los programas sociales, las acciones institucionales de beneficio social, y sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a las y los ciudadanos para votar a favor o en contra de algún partido político, coalición o candidato, ni podrán efectuar la entrega de bienes y servicios que no sean indispensables, desde el periodo de intercampaña y hasta la conclusión de la jornada electoral, o en fechas distintas a las aprobadas en las reglas de operación de los programas sociales o acciones institucionales de beneficio social que para tal efecto de hayan emitido previamente, así como a personas no empadronadas o deficitarias del programa o acción respectivas.

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