Aprueba Congreso local creación de la Sala Constitucional, garante de la norma máxima capitalina

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Ciudad de México.-El pleno del Congreso capitalino aprobó hoy por unanimidad el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México que, con su conformación, se convertirá en el órgano garante de la Constitución capitalina ante conductas como la sistemática omisión legislativa en que suelen incurrir los legisladores locales.

Al presentar ante el Pleno del Legislativo local el dictamen de esta ley, Eduardo Santillán diputado de Morena que preside la Comisión de Justicia del Congreso local, recordó que la norma máxima de la Ciudad establece como plazo el 1 de diciembre para poner en marcha la Sala Constitucional, como un instrumento de control que garantizará la plena y absoluta vigencia de la Carta Magna capitalina.

Santillán explicó en la tribuna del Congreso de la Ciudad la importancia de esta Sala, pues será una instancia permanente dentro del Poder Judicial de la capital del país, donde los magistrados que la integrarán tendrán una doble jurisdicción, ser magistrados ordinarios en cada na de sus respectivas salas, es decir, civil penal, familiar o de justicia para adolescentes, pero al mismo tiempo desempeñarse como garantes del control constitucional. Esta Ley tendrá una disposición complementaria, que será la legislación procedimental y la cual se expedirá antes del 1 de diciembre

Entre los instrumentos de control constitucional que se harán efectivos con el funcionamiento de esta Sala, el diputado de Morena señaló la figura de la omisión legislativa. que podrá ser interpuesta por el 15 por ciento de los diputados integrantes del Congreso local, es decir, 10 legisladores.

La omisión legislativa es hoy una conducta sistemática en la que incurren los diputados del Congreso de la Ciudad y un ejemplo de ello son las numerosas leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad que deberían estar ya aprobadas y promulgadas, como la de Planeación, la del Trabajo No Asalariado, la de Educación y la de Pueblos Originarios, entre otras.

Otros instrumentos de control constitucional serán las controversias constitucionales que se presenten respecto de competencias o facultades entre diversos órganos y entes de la administración pública local o del Legislativo con Ejecutivo; así como la acción de inconstitucionalidad en materia local, declarando la validez o invalidez de cuerpos normativos o de porciones normativas.

La Sala Constitucional tendrá un papel muy parecido al que a nivel federal tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues estará facultada para emitir jurisprudencias. Se compondrá de siete magistrados, un Secretario General de Acuerdos y un Secretario Proyectista, quienes serán nombrados por el presidente de la misma sala y durarán cuatro años en su encargo.

Durante el debate del dictamen ante el Pleno, los legisladores se enfrascaron en una discusión sobre el procedimiento previo que se tuvo en comisiones para la validación del dictamen.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) criticó que las comisiones del Congreso local actúan con premura y al límite de los plazos legales, en reuniones a las que se convoca sin cumplir con los plazos establecidos dentro del mismos reglamento del órgano legislativo.

En respuesta, Eduardo Santillán rechazó “que se esté legislando al vapor”, y expuso que labor de deliberación está enfocada a dar viabilidad a las disposiciones constitucionales.

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