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Justicia

Aprueba Congreso local Ley de la Fiscalía de Justicia. Contempla nuevo plan de política criminal



Ciudad de México.-Durante las primeras horas de este sábado, el Congreso capitalino aprobó la Ley Orgánica de la futura Fiscalía de Justicia de la Ciudad que a partir del 10 de enero de 2020 sustituirá a la Procuraduría General de Justicia local.



Por unanimidad de 58 votos, diputados de todos los partidos avalaron el dictamen en el cual se establece que la Fiscalía generará un modelo de procuración de justicia, cuyos componentes atenderán el combate a la corrupción institucional, la atención centrada en los derechos humanos de las personas, la diversificación de canales de recepción de denuncias,la reducción significativa de tiempos de atención y el despliegue territorial estratégico.



Como parte de ese modelo habrá una segmentación de casos, el impulso de la justicia restaurativa para atender los delitos de bajo impacto, resultados en delitos complejos, mejora de infraestructura y capacidades del personal, profesionalización de la gestión institucional y el control interno.



Para ello, se establece que para la debida operación del modelo de la Fiscalía General se crearán diversas unidades operativas con el número de personas servidoras que se consideren necesarias, de acuerdo con su misión.



Esas áreas operativas serán las unidades de atención temprana, las unidades de investigación con detenido, de investigación de delitos de personas servidoras públicas, de análisis criminal, análisis estratégico y de contexto, análisis y contexto de los delitos de género, análisis criminalístico, criminógeno y criminológico.



También habrá unidades de protección y asistencia a víctimas, de investigación de violencia familiar, de investigación y litigación, de acusación y judicialización, de gestión administrativa para casos de orientación jurídica que no constituya delito, criminalísticas de proximidad, de responsabilidad penal de las empresas unidas y mecanismos alternativos de solución de controversias.



También de manera muy importante se establece como uno de los principios básicos el plan de política criminal. La Fiscalía contará para el desarrollo de sus funciones y dar respuesta a las conductas consideradas como delitos, con un plan de política criminal anual. Este instrumento será fundamental para la planeación de la política.



El plan de política criminal contendrá un diagnóstico de la criminalidad, mapeo, análisis y estrategia de priorización de los fenómenos criminales que perseguirá, divididos en criminalidad común y criminalidad compleja y emergente, desde el enfoque que considere las siguientes características: el alto impacto social, el riesgo de vulnerabilidad de las víctimas, las violaciones graves de derechos humanos y los delitos por hechos de corrupción.



También contendrá un diagnóstico sobre la calidad de trabajo del ministerio público, criterios de atención a los delitos de manera prioritaria con el modelo de procuración, una metodología para la evaluación de resultados por áreas, la aplicación de los criterios de oportunidad en los supuestos delictivos más recurrentes, metas de desempeño, un programa de persecución penal, la estrategia específica para la selección de personal, el análisis de presupuestos por programa y los programas anuales.



También de manera importante el programa de persecución penal tendrá como objetivos elevar los controles de actuación ministerial, el tratamiento que recibirá cada denuncia según el delito, la factibilidad de las investigaciones delictivas y la calidad de los datos y medios y las pruebas aportadas al proceso penal, la trazabilidad de la investigación, la revisión del índice delictivo y actuaciones en consecuencia.



Para estos efectos, se establece una estructura orgánica de la Fiscalía, con una Unidad de Implementación, el Consejo de Asuntos Internos, el Órgano de Política Criminal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Complejos, la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, la Coordinación General de Investigación Territorial, así como la Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas. También existirá una Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, la Coordinación General de Investigación Estratégica, la Coordinación General de Administración, la Jefatura General de la Policía de Investigación, la Supervisión General de Litigación de Casos, Supervisión General de Justicia Alternativa, el Órgano de Gestión Administrativa de Casos No Penales.



Habrá un Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, un Consejo de Honor y Justicia y el Órgano Interno de Control, además de las Unidades de Investigación de Delitos de Personas Servidoras Públicas.



Durante la discusión del dictamen, el diputado del PRD Jorge Gaviño, presentó una adición al artículo 48, para incluir la creación de la Unidad Interna de Combate a la Corrupción y la Infiltración de la Delincuencia Organizada, pues así lo ordena la Constitución capitalina.



La modificación se aprobó en el Pleno, junto con un artículo 78 donde se desglosan las facultades de esa Unidad Interna, como llevar a cabo las investigaciones de los casos que sean de su conocimiento en los que estén involucrados servidores públicos adscritos a la Fiscalía General, relacionados con corrupción y delincuencia organizada.



Si derivado a sus investigaciones obtiene elementos que acrediten la posible comisión de algún delito, dará parte a las instancias competentes. La persona titular de la Fiscalía General, deberá dotar esta unidad interna de todos los instrumentos jurídicos, así como los recursos técnicos, informáticos, materiales y financieros para el cumplimiento de sus atribuciones. El reglamento de la presente ley establecerá el funcionamiento de esta unidad interna.





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