Ciudad de México.-La bancada de Morena en el Congreso capitalino, a través de los legisladores Eduardo Santillán y Nazario Norberto Sánchez, presentó hoy ante el Pleno sendas iniciativas de reforma a la Constitución de la Ciudad y a otras leyes locales, a fin de retrasar en algunos casos hasta por más de un año la entrada en vigor de nuevas normas e instituciones cuyos plazos están cercanos a vencerse y que se encuentran señalados en la misma carta magna local.
Enfrascados durante esos tres meses en discusiones como el cambio de coordinador de bancada o en debates con la oposición respecto a temas nacionales que no arrojaban ningún resultado, los morenistas buscan así ganar tiempo ante plazos que están por cumplirse.
Con esa modificación que pretenden realizar a la Constitución local, estos legisladores quieren retrasar entre nueve meses y un año la entrada en vigor de la Sala Constitucional, la integración del Consejo Judicial Ciudadano, el Consejo de la Judicatura, la designación del Fiscal General de Justicia, la creación de una nueva Ley de Planeación y hasta la conformación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Con esta propuesta de modificaciones, los legisladores buscan evitar el desacato a la Constitución que, por ejemplo, impone el plazo del 31 de diciembre de este 2018 para crear el Consejo Judicial Ciudadano, del 31 de mayo de 2019 para la entrada en operaciones de la nueva Fiscalía o del 5 de febrero de 2019 para lograr la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de los Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
El problema es que a pesar de esta iniciativa el desacato persiste, pues la misma Constitución establece que las modificaciones a la Carta Magna local no se pueden realizar durante el mismo periodo de sesiones en el que se presenten las iniciativas. Así, los legisladores deberán esperar hasta el periodo que inicia en febrero de 2019 para cambiar la norma máxima de la Ciudad y autoasignarse ese plazo adicional.
En la Sesión Ordinaria del Pleno, Eduardo Santillán explicó que su iniciativa pretende establecer ajustes a los Artículos Transitorios Décimo Primero y Vigésimo Tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México, para fijar nuevas fechas de entrada en vigor de la Sala Constitucional; la integración del Consejo Judicial Ciudadana y el Consejo de la Judicatura local, así como la designación del Fiscal General.
De acuerdo con la Constitución capitalina, el 31 de mayo de 2019 entraría en operaciones la Fiscalía General de la Ciudad de México y a más tardar el 30 de abril del mismo año se tendría que designar a su titular.
“Con esta iniciativa, se establece que la Fiscalía de la Ciudad de México deberá iniciar operaciones a más tardar el 10 de enero de 2020, mientras que la designación del Fiscal debería de llevarse a cabo a más tardar el 15 de diciembre de 2019”, subrayó.
El también Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia resaltó que su propuesta establece también que el Congreso de la Ciudad de México designe al Consejo Judicial Ciudadano el 30 de septiembre de 2019 como fecha límite, y que el Consejo de la Judicatura quede integrado el 15 de diciembre del 2019 e inicie sus funciones el 13 de enero de 2020.
Santillán comentó que también se reforman los Artículos Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Segundo Transitorio de la Ley de la Sala Constitucional, ambas de la Ciudad de México, para armonizarlos con la entrada en vigor de la Fiscalía General.
La propuesta que a su vez presentó Nazario Norberto Sánchez plantea retrasar cuatro meses la entrada en vigor de las leyes de la Comisión de Derechos Humanos y del Sistema Integral de Derechos Humanos.
Según esa propuesta, el Instituto de Planeación no se crearía el 1 de julio de 2019, sino hasta diciembre de ese año, mientras que el Plan General de Desarrollo no entraría en vigor el 1 de enero de 2020, sino hasta octubre de ese año.
El Programa de Ordenamiento Territorial y los programas de ordenamiento de las alcaldías no entrarían en vigor en enero de 2021, sino hasta octubre de ese año.
La Ley Reglamentaria de los Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas ya no entraría en vigor el próximo 5 de febrero, sino hasta el 15 de diciembre de 2019.
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