Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó al segundo señalamiento de que “México sin una política migratoria efectiva se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno norteamericano” que le hiciera la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y de inmediato buscó un acercamiento con su liderazgo.
El encuentro entre el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, y el arzobispo Rogelio Cabrera, presidente de la CEM, y el secretario general Alfonso Miranda se realizó este lunes en la cancillería.
Esta reunión se da en un contexto en donde algunos albergues de migrantes que atiende la Iglesia Católica han sufrido actos de hostigamiento, criminalización y obstaculización de las labores de asistencia, protección y defensa de derechos humanos de estas poblaciones.
Los casos más recientes han ocurrido en el Centro de Atención al Migrante Exodus, en Agua Prieta, Sonora, con la Guardia Nacional; Casa del Migrante de Saltillo con la Policía Federal; DHIA y Uno de Siete Migrando en Ciudad Juárez y Chihuahua, respectivamente, con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Además, los obispos han emitido dos comunicados con severas críticas a la política migratoria del actual gobierno, que detallan que “se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno norteamericano aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar, buscando la oportunidad de una vida mejor”. Y se afirma que la dignidad de los migrantes fue “cambiada por un plato de lentejas”.
En el mensaje “Dignidad de los Migrantes” del pasado 23 de julio los obispos denunciaron que dependencias como SRE, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración y Secretaría de Gobernación solicitan información interna a los albergues, que se tiene para salvaguardar la vida de las personas en tránsito.
Al gobierno mexicano no le conviene estar enfrentado con las iglesias, no sólo la católica, porque son las únicas que cuentan con una red de albergues en todo el país que atienden a los migrantes en tránsito y a los deportados de Estados Unidos.
A su vez, los obispos prefieren tener una continuidad en la labor coordinada que realizaban con el Tonatiuh Guillén López, quien renunció a la dirección del Instituto Nacional de Migración el pasado 14 de julio.
La CEM no se pronunció sobre el encuentro, sólo trascendió que los obispos invitaron al titular de la cancillería Marcelo Ebrard a participar en su reunión del Consejo Permanente a realizarse en septiembre. Y a funcionarios de la SRE en la reunión de responsables de albergues de migrantes que se llevará a cabo en la última semana de agosto.
Pero de nada sirven los encuentros y la voluntad mostrada por el gobierno federal para respetar los derechos humanos de los migrantes, cuando la guardia civil y elementos de la policía federal los detiene y deporta.
Además, hay gobiernos locales como el de Coahuila, que por años han hostigado y enfrentado a los directivos de la Casa del Migrante en Saltillo.
El director de ese albergue Alberto Xicoténcatl denunció que el pasado miércoles policías (locales) asesinaron al hondureño identificado como Marcos, quien tenía 29 años de edad y viajaba con su hija de ocho años.
De acuerdo a la versión oficial los policías realizaban una operación contra el narcomenudeo, la cual se contrapone con la de los testigos que son migrantes.
Esta es la primera ocasión en que la CEM establece una estrategia para la defensa del trabajo de los albergues y casas de migrantes de la Iglesia Católica.
En el 2012, cuando era secretario general del Episcopado, Víctor René Rodríguez, ahora obispo de Chalco, al ser cuestionado sobre los hostigamientos y agresiones de las que eran víctimas los responsables y voluntarios de casas de migrantes, entre ellos el sacerdote Alejandro Solalinde, dijo que ese tema no se trataba con las autoridades federales, esto después de haberse reunido con representantes de la Secretaría de Gobernación.
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