Ciudad de México.- Los caminos de la justicia mexicana no son muy edificantes. Alonso Ancira, quien fue dueño de Altos Hornos de México, salió en libertad, pero tendrá que pagar 216 millones de dólares en los próximos tres años.
Así lo acordó con los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes lo acusaban de sobornar a Emilio Lozoya y de vender una planta chatarra, la de Agronitrogenados a Pemex.
Ancira, más que justicia, recibió un castigo ejemplar, de esos que se irán estilando en los próximos años. A nadie le importó esclarecer su caso y menos si él mismo jugó en la cancha que le marcaron desde el principio. Evitó un juicio y adquirió una deuda, grande pero que seguramente puede solventar.
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Se pasó tres meses en el Reclusorio y ello puede ser una experiencia dura, más allá de las facilidades que haya tenido debido a sus enfermedades.
Lo que no queda claro, por el momento, es si el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, pagará también por lo que hizo en algún momento. Hasta ahora sus dichos no han significado la captura de ningún personaje que lo superara en jerarquía en las tramas delincuenciales en que dijo haber participado.
Su situación jurídica es extraña, porque no acaba de convertirse en testigo colaborador, aunque goza del privilegio de no estar en prisión, y las historias que revelaría sobre la corrupción en el sexenio pasado no le alcanzan para evadir su propia responsabilidad, a no ser que los fiscales estén avanzando por una ruta que no conozcamos. Todo puede ser.
Lozoya, al final del día, es una especie de granada que no acaba de estallar y que cada día que pasa aleja la posibilidad de establecer un relato creíble sobre la corrupción en la que participó pero de la que se dice víctima, al mismo tiempo.
A estas alturas ya no sabemos si Lozoya hablará más o ya lo hizo y lo que dijo no se puede incrustar en el relato y en las expectativas que se generaron con su captura y con el proceso de negociación en el que se encuentra con la propia FGR.
Se dirá que el ex senador Jorge Luis Lavalle también está tras las rejas, pero su caso tampoco marcará una época y sí mantiene las sospechas que se generan cuando este tipo de situaciones ocurren en temporada electoral.
Es hasta ahora el único imputado por los sobornos que pagaba el propio Lozoya para “animar” a los legisladores a aprobar la Reforma Energética y que eran financiados por la empresa brasileña Odebrecht.
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