Ciudad de México.- Alonso Ancira está en México y por el momento en prisión. Es una pieza de caza mayor y más en temporada electoral. Seguro le pueden sacar una buena tajada a su situación.
Después de todo, Ancira, quien hasta hace poco fue dueño de Altos Hornos de México es el ejemplo más claro de los empresarios ligados al viejo régimen, quienes sin duda hicieron redituables negocios cobijados por su cercanía al poder.
Las acusaciones en su contra, sin embargo, no se me hacen muy claras. Dicen que vendió una planta que era chatarra a Pemex y que ello significó un desfalco de 200 millones de dólares.
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En teoría ese es el monto de un sobre precio que se detectó en auditorias posteriores a la compra y que son uno de los sustentos de las imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
El proceso de compra, conviene recordarlo, fue largo y se sujetó a diversos procedimientos y a dictámenes de comités. Esto es, no se hizo de un día para otro.
Quien compró Agro Nitrogenados, en su calidad de director de Pemex, fue Emilio Lozoya, y por supuesto no pisó la cárcel, ni lo hará mientras sirva a una narrativa que establezca los altos niveles de corrupción en el pasado.
Al empresario le han dicho que si devuelve el dinero, del presunto desfalco, pueden ser magnánimos con él. Es importante tener en cuenta que no existe resolución judicial alguna que lo obligue a hacer eso, ya que su proceso apenas inicia, pero es probable que lo haga para evitar un tiempo prolongado en la sombra. Es más, antes de ser extraditado de España, ya se trabajaba en un acuerdo resarcitorio.
En otros tiempos, una situación como esta tendría todas las características de una extorsión. Ahora no, porque los que mandan no son como los de antes.
Insisto, si Ancira es responsable de conductas delictivas debe ser castigado conforme a la ley, pero no perdamos de vista que hay mar de fondo y que quizá su desgracia provenga, como él mismo lo deslizó hace algunos meses, de haber apostado por el partido incorrecto en 2018.
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