Ciudad de México.- Ana Gabriela Guevara Espinoza, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), tiene una denuncia en su contra por presunta extorsión, la cual fue presentada por empresarios veracruzanos.
En la denuncia se explica que Guevara Espinoza solicitó dádivas, a través de un tercero, para otorgar un contrato millonario con Conade
Empresarios denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz una red de extorsión ligada a la oficina principal de la Conade. La acusación presentada ante Aurora Solano Arroyo, encargada de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro de Veracruz inició el miércoles 15 de abril a las 14:00 horas y el número de carpeta de investigación es el FEADPD/ZC-V/083/2020, donde se menciona a la titular de la Conade.
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Según documentación y material probatorio presentado ante la FGE, una de las personas que encabeza la red de extorsión es la veracruzana Armida Adriana Ramírez Corral, quien se ostenta como íntima colaboradora de Guevara.
La extorsión ocurrió contra la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), que tiene como representante legal a Carlos Donaciano Solórzano Pineda. El afectado reveló que sostuvo reuniones con Armida entre marzo y abril de 2019, quien le aseguró que con una buena “mochada”, le asignarían de manera directa el “Contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, el cual tendría la vigencia del mes de julio a diciembre del año 2019.
La intención del soborno era mantener la relación de forma multianual, pero Carlos Donaciano argumentó que no recibió pago alguno durante los seis meses de suministro de alimentos, por lo que su empresa se fue a la quiebra. Por tal razón no saldó el “moche” para renovar el contrato.
El apoderado legal de CIMSA declaró a las autoridades que en las reuniones que sostuvo con Ramírez, estuvieron presentes Guevara y Sergio Monroy Collado, quien funge como Subdirector General de dicho organismo. En uno de estos encuentros, los mencionados le requirieron la cantidad de 150 mil pesos, sólo para la asignación del contrato.
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Guevara, Monroy y Ramírez solicitaron también 15 por ciento del total de los pagos que realizaría la dependencia como parte de la contraprestación de dicho contrato. La asignación se encontraba condicionada a que los pagos deberían realizarse de manera puntual, es decir cada 30 días, y le mencionaron que todo esto lo hacían por indicaciones del Presidente de la República, según la acusación.
Los pagos a la empresa no se realizaron en los tiempos acordados, a pesar de que se había llegado al acuerdo de renovar el contrato, aunque ahora de manera multianual, con el fin de resarcir las pérdidas económicas generadas.
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