Agua corriente, Sana a la gente

Ciudad de México.- Es un reto estratégico en la medida en que, de acuerdo con estudios de la Conagua y del Banco Mundial, la situación de los recursos hídricos en el Valle de México es crítica, pues no es sostenible ni eficiente ni equitativa.












La oportunidad única de contar con una nueva Constitución Política de la Ciudad de México no debe desembocar en un rosario declarativo de buenas intenciones, distante de las necesidades de la gente. La Constitución debe abordar, con visión sistémica, el qué, quién y los medios, para superar los retos estratégicos que afronta esta ciudad. Es el caso del derecho al agua, previsto en el párrafo sexto (adicionado en febrero de 2012), del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



La nueva Constitución debe considerar, en primer lugar, el espacio geográfico en el que este derecho requiere cobertura. Hay en juego: 50 municipios del Estado de México, 15 de Hidalgo, 4 de Tlaxcala y 16 demarcaciones de la Ciudad de México; es decir la región del Valle de México.


Es un reto estratégico en la medida en que, de acuerdo con estudios de la Conagua y del Banco Mundial, la situación de los recursos hídricos en el Valle de México es crítica, pues no es sostenible ni eficiente ni equitativa.


Es insostenible, en la medida en que las proyecciones al año 2030 muestran que, si no se toman medidas significativas, las fuentes sostenibles actuales (45.6 m3/s) representarán sólo un 50 por ciento de la demanda futura total y se tendría un déficit de 21 m3/s.




Es ineficiente, en tanto la sobreexplotación de los acuíferos ocasiona hundimientos de entre 6 y 28 centímetros que provocan fracturas de la red de suministro que derivan en fugas por un 26 por ciento (17 m3/s), del total de agua potable, lo que produce desnivelaciones en el Metro y otras edificaciones.



Es inequitativa debido a que el 8 por ciento de población, que no tiene agua corriente, paga anualmente, para proveerse del líquido, un monto casi igual ($9,200 millones) al que paga el 92 por ciento de la población con acceso al servicio ($10,800 millones).




Para afrontar este reto, diversos grupos académicos, como el encabezado por el Dr. Oscar Monroy en la UAM Iztapalapa, y organizaciones de la sociedad defienden la urgencia de aprovechar el agua que entra a la Ciudad y al Valle de México mediante: la aplicación de amplios programas de reciclamiento de agua en los domicilios particulares y en los establecimientos públicos; la utilización de pozos de inyección; la apertura de un número suficiente de plantas de tratamiento de agua; y la regeneración de cuencas hídricas.



Lo anterior, con base en dos consideraciones. La primera, a que actualmente el porcentaje de tratamiento de aguas residuales es muy bajo: 6.1 m3/s (si se compara con el total que se alimenta de 81.9 m3/s). La segunda, a que, de acuerdo con estudios de ese grupo académico, para el caso de la Ciudad de México, ésta recibe por lluvia poco más de 45 m3/s, de los que se envían al drenaje, sin aprovechamiento local alguno, 15.29 m3/s.


Desde el Centro de Estudios de la Ciudad de México se propone que, dada la complejidad y magnitud de los riesgos estratégicos que afronta la ciudad, la nueva Constitución disponga la creación de un Consejo de Desarrollo de la Ciudad de México. Esto con el fin de que ese órgano propicie el tratamiento de ese y otros retos estratégicos, con un enfoque sistémico, que sea sustentable y con visión de largo plazo que, además, se articule con el Consejo de Desarrollo Metropolitano, ya previsto en la reforma constitucional.


Este tema no puede estar ausente de la Constitución que, ciertamente, es un texto político, pero también un pacto para nuestra convivencia y supervivencia presentes y futuras.


@torresvr