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Acusan maltrato y violación de derechos de damnificados en albergues oficiales

Ciudad de México.-A través de un proyecto denominado Documenta Desde Abajo 19S, estudiantes y profesores de distintas instituciones académicas detectaron que a dos meses del sismo del 19 de septiembre, los damnificados que asisten a albergues oficiales enfrentan ahí maltratos y condiciones violatorias de sus derechos por parte de las autoridades encargadas.

Actualmente sólo seis de los 48 albergues oficiales permanecen en operación, pero a medida que se cierran esos espacios se abren campamentos creados por la sociedad civil para hacer frente a las necesidades de la población que no tiene alternativa. Así, Documenta Desde Abajo 19S tiene contabilizados 50 campamentos ciudadanos que no tienen apoyo gubernamental.

Esta mañana, en el Multifamiliar Tlalpan y acompañada de vecinos de esa unidad, la doctora Mariana Mora, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) dio a conocer los resultados iniciales del trabajo que comenzaron en octubre pasado con Documenta Desde Abajo 19S.

Explicó que 35 brigadas de cinco estudiantes cada una, ha realizado monitoreos en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán. Los alumnos pertenecen a instituciones como la UNAM, la UAM, el CIESAS, la UACM y el Instituto Mora.

Del trabajo de investigación la conclusión más evidente es que en las primeras semanas tras el sismo, las necesidades de las personas afectadas fueron la preocupación de muchos, pero con la vuelta a la cotidianidad pocos piensan en ellas, a pesar de que su situación de vivienda está muy lejos de recibir una solución definitiva y adecuada, y de que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad.

La doctora Mariana Mora lamentó que exista un cierre prematuro de albergues, pero en los que todavía operan hay falta de condiciones adecuadas, pues se vulnera no solo el derecho social a una vivienda digna, sino también los derechos a la libertad, la seguridad personal e incluso la integridad física, además de hacer difícil que las personas afectadas puedan retomar sus actividades ordinarias, lo cual puede poner en peligro los derechos al trabajo y a la educación.

Dijo que, por ejemplo, las conductas de maltrato o situaciones irregulares en los albergues oficiales van del establecimiento injustificado de horarios muy estrictos de salida y entrada, que complican la permanencia en los albergues de las personas que deben cumplir con obligaciones laborales, y que en algunos casos equivalen a condiciones de semi-reclusión, vulnerando los derechos a la libertad personal, la libre circulación, entre otros.

Además, se ha registrado la ausencia de apoyo médico y psicológico adecuado y permanente, que pone en riesgo los derechos a la integridad física y mental. Hay obstáculos para acceder al acopio, que ponen en riesgo el derecho a la alimentación.

Se registró la prohibición de ingreso a las personas afectadas de otros estados, lo cual implica una violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como la presencia injustificada de autoridades militares, que amedrenta a la población y puede poner en situación de vulnerabilidad especial a mujeres y niños.

Hay una ausencia de autoridades que verifiquen la protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de evitar que, por ejemplo, se comentan actos de discriminación y el hostigamiento de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, que han sido rechazadas en albergues oficiales o se les ha indicado que no pueden acceder todos como comunidad.

Mariana Mora explicó que, en el caso de indígenas, han tenido que transitar a campamentos informales y albergues civiles en donde no tienen certeza sobre cuánto tiempo pueden permanecer y en donde en algunos casos han sido desalojados; además de que la atención que reciben en esos albergues y campamentos está fundamentada en una composición familiar urbana, alejada de las formas de organización colectiva de comunidades indígenas.

En el caso del cierre prematuro e injustificado de albergues oficiales, lamentó que de los 48 centros que se mantenían abiertos al 23 de septiembre, todos ellos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina, hoy sólo quedan seis, además de que falta información oficial precisa sobre el número de albergues oficiales que han existido desde el sismo del 19 de septiembre, la fecha y razón de cierre de cada uno y el destino de las personas que aún se encontraban ahí y no tenían resuelta su situación de vivienda.

Sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los albergues oficiales dijo que hay coacción de las autoridades para que las personas afectadas firmen documentos en los que dicen que su situación ya fue resuelta; se enfrentan amenazas de que, si no dejan el albergue perderán el apoyo económico suministrado por el gobierno de la ciudad; se les acusa y se inicia persecución penal por actos delictivos como presunto robo de cobijas, cuando los afectados se oponen al cierre de los albergues; además de que se les impone el traslado a albergues lejanos de las viviendas afectadas, lo cual les impide hacer seguimiento a la situación de su inmueble, así como asistir a sus trabajos o escuelas.

Los seis albergues oficiales que aún permanecen abiertos son el del Centro de Desarrollo Comunitario Cafetales, en Calzada de las Bombas y Cafetales, colonia Culhuacán CTM; el del Centro Cultural Recreativo Culhuacanes, en las calles de Rosa María Siqueira y la Virgen, colonia CTM Culhuacán sección 6; el de Hogar CDMX, en la Calle Bernal Díaz del Castillo 34, colonia Buenavista; el de Casa Popular, en avenida Luis Cabrera, colonia San Jerónimo; el del Deportivo Moctezuma, en Oriente 158, esquina Norte 25, colonia Moctezuma segunda sección, y el del Deportivo Venustiano Carranza, en avenida Congreso de la Unión, esquina Cecilio Robelo, colonia Del Parque.

Mariana Mora expuso que a diferencia de lo que alegan las autoridades, en muchos casos el cierre de albergues oficiales no está obedeciendo a que el Estado haya tomado medidas apropiadas para garantizar que sus integrantes accedan a un alojamiento temporal o a una vivienda permanente. Por el contrario, a medida que se cierran los albergues oficiales se abren o mantienen abiertos los campamentos y albergues creados por la sociedad civil para hacer frente a las necesidades de la población que no tiene alternativas.

Dijo que entre las personas que aún requieren de un alojamiento de emergencia o temporal se incluyen quienes enfrentan la inseguridad de dictámenes contradictorios o incompletos relacionados con sus antiguas viviendas; quienes no cuentan con apoyos familiares y no logran acceder a un lugar en alquiler con los 3 mil pesos mensuales que sólo por tres meses otorga el gobierno de la CDMX.

Lamentó que la administración capitalina nada ha hecho por frenar el alza en el precio de las rentas en una situación de emergencia que se presta para la especulación, y agregó que quienes ya pagaron su crédito para adquirir una vivienda y no están en condiciones de asumir otro para reconstruirla requieren de políticas de vivienda gratuita o muy subsidiada para garantizar su derecho a la vivienda.

Un ejemplo claro de los damnificados que aún requieren de alojamiento de emergencia o temporal es de los vecinos de la unidad Multifamiliar Tlalpan, quienes durante esta conferencia acusaron que a dos meses del sismo que generó el colapso del edificio 1C y daños al resto de los inmuebles no han recibido ninguna propuesta de reconstrucción, ni respuesta sobre las fuentes de las que provendrán los recursos para la reedificación del edificio colapsado, así como la reparación y reforzamiento de los demás inmuebles.

“Hemos generado procesos organizativos reconocidos por las propias autoridades y se han establecido canales de comunicación formales a través de los cuales se debe hacer llegar toda la información relativa a nuestra organización, sin que haya respuesta gubernamental”, acusó Francia Gutiérrez, habitantes del edificio 1C.

Al leer un comunicado y a nombre de los vecinos, dijo que hay un rechazo vecinal a que sea a través de las redes sociales o los medios de comunicación que se difundan resoluciones o supuestos avances que confunden y simulan estar dando solución.

“No aceptamos que se generen falsas expectativas cuando seguimos en albergues y campamentos por más de dos meses. El multifamiliar se mantendrá en la lucha por una reconstrucción digna, pagada con recursos públicos, demanda compartida con los vecinos que integramos Damnificados Unidos de la Ciudad de México y en la que seguiremos hasta que haya una solución para todas las zonas dañadas”, expuso.

Dijo que los habitantes del Multifamiliar Tlalpan rechazan que la vía de la reconstrucción sea la redensificación, como se propone en la iniciativa de Ley para la Reconstrucción elaborada por el Jefe de Gobierno, porque vulnera las condiciones originales de las viviendas. “Refrendamos que no aceptaremos créditos que nos conviertan de damnificados a deudores”, subrayó, al recordar que en esa unidad habitacional viven un gran número de adultos mayores y personas con discapacidad, para quienes sería totalmente injusto que se les someta a créditos impagables.

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