Acude Salgado a ALDF para conocer del proceso en su contra; Gabriel Regino lo defenderá de la remoción

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Ciudad de México.- El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, acudió este martes a la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), en donde fue notificado del proceso que se le sigue para destituirlo del cargo; ahí se le entregó un voluminoso expediente, de más de 2 mil fojas, con las pruebas que 23 diputados han presentado en su contra.

En una reunión que no duró más de 10 minutos, Salgado escuchó del presidente de la Comisión Jurisdiccional, Armando López Campa, que tendrá un plazo de 15 días de hábiles, los cuales vencen el 18 de septiembre a las 11:00 horas, para acudir a una audiencia ante ese grupo legislativo, en el salón Heberto Castillo del recinto de Donceles y Allende, en donde alegará lo que a su derecho convenga, presentará pruebas a su favor y designará a un abogado defensor.

Al salir del salón Luis Donaldo Colosio de la ALDF, en donde se llevó a cabo esta audiencia de notificación, Rigoberto Salgado explicó que acudió a conocer del procedimiento de destitución, a fin analizar todas las imputaciones que se hacen  en su contra.

“Lo he sostenido y lo sostengo, no estamos vinculados a nada, lo vamos a demostrar en el periodo de pruebas. Espero nos den tiempo de analizar toda la documentación que nos han entregado y poder generar una opinión precisa”, expuso.

Aseguró que presentará pruebas con las cuales desvirtuará los señalamientos que lo vinculan con el Cártel de Tláhuac y con el abatido líder de ese grupo criminal, Felipe de Jesús Pérez Luna, alías “El Ojos”.

“Que la Asamblea nos cite es una oportunidad para demostrar lo que hemos venido diciendo”, dijo. Cuando se le preguntó si era seguro que el 18 de septiembre asistirá a la audiencia de desahogo de pruebas, respondió: “Claro que sí”.

Anunció que nombrará una vocería para informar a los medios de comunicación sobre el desarrollo de su defensa y reveló que Gabriel Regino, así como Martín Celis, son parte de su equipo de abogados que lo defenderán en el proceso. Regino fue un polémico subsecretario de Seguridad Pública en la época de Marcelo Ebrard, a quien hace más de 10 años se le vinculó con grupos de delincuencia organizada de origen colombiano y con contrabandistas de equipos electrónicos.

Martín Celis fue un militante priista que en 2012 buscó la jefatura delegacional en Tlalpan por ese partido, pero que en 2015 y bajo las siglas de Morena buscó la diputación local por el distrito 10.

Durante la audiencia de notificación, los legisladores no permitieron el ingreso de camarógrafos y fotógrafos al salón donde se llevó a cabo la reunión. Los reporteros y asesores que lograron ingresar tenían prohibido grabar, tomar fotos y utilizar sus equipos celulares. De acuerdo con Armando López Campa, está decisión se tomó para no vulnerar la garantía del debido proceso a la que tiene derecho el jefe delegacional de Tláhuac.

En tres mesas dispuestas en forma de herradura estaban sentados legisladores integrantes de la Comisión Jurisdiccional, así como otros diputados. Frente a ellos, en una pequeña mesa y una silla, se dispuso el lugar para Rigoberto Salgado, quien escuchó del secretario de esa comisión, el panista José Manuel Delgadillo, que se le hacía entrega del expediente iniciado, para conocer los elementos de hecho y derecho, así como las pruebas que sustentan la solicitud de remoción en su contra.

Martín Celis, el abogado que lo acompañó en esta audiencia, tomó la voluminosa carpeta que conformaba el expediente y preguntó a los asesores de los diputados, cuántas fojas certificadas conformaban el mismo.

En las mesas dispuestas en herradura estaban, además de López Campa y José Manuel Delgadillo, Carlos Candelaria, Mariana Moguel, Iván Texta, Mauricio Toledo, Nora Arias, Rebeca Peralta, Felipe de la Cruz, Francis Pirín, Raúl Flores y Nury Delia Ruiz Ovando.  Sólo los dos primeros hicieron uso de la palabra y ni siquiera el jefe delegacional habló. Se limitó a escuchar y recibir el expediente.

Al salir del recinto de Donceles y Allende, ya lo esperaba un contingente de aproximadamente 100 personas opositoras a su gobierno, quienes con pancartas habían exigían juicio político ciudadano contra el funcionario. Los inconformes se dijeron vecinos de Tláhuac, quienes se plantaron frente a la camioneta de Rigoberto Salgado lanzando consignas y acusaciones por la existencia del crimen organizado en la demarcación.

Mientras el vehículo intentaba avanzar, los manifestantes rompieron el espejo retrovisor izquierdo de la unidad y golpeaban las portezuelas de la camioneta. El chofer logró finalmente arrancar y alejarse a toda velocidad por la calle de Allende.

Adentro de la ALDF, el abogado Martín Celis decía que ve endeble el caso y explicaba que en el procedimiento que se ha seguido en contra de su cliente ha habido inconsistencias, como no habilitar al notificador. Desestimó los argumentos de que gente cercana a “El Ojos” estaba en la nómina de la demarcación, y dijo que esos son dichos que deberán probarse. “Lo deben de probar; toda imputación debe ser probada”, expuso el litigante, al acusar que en este caso se aprecia más una intención política que jurídica.

 

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