Ciudad de México.-Integrantes de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México avanzaron en el análisis y discusión del proyecto de dictamen para prohibir las llamadas “terapias de conversión”, que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género de las personas.
La reforma al Código Penal para la CDMX contempla la adición de un artículo 181 sextus, para imponer de dos a cinco años de prisión y ochenta horas de trabajo comunitario, a quien obligue a través de violencia física, moral o psicoemocional a otra persona, a recibir tratamientos, terapias o servicios tendientes a anular el libre desarrollo de la personalidad sexual, que pretendan afectar, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género.
Se señala que se impondrá la misma pena a quien imparta o realice los tratamientos, terapias o servicios mencionados en el párrafo anterior, sin consentimiento de la víctima.
Pero los legisladores no llegaron al momento de aprobación del dictamen, pues acordaron abrir un espacio para revisar y analizar las propuestas hechas por congresistas y titulares de los organismos de defensa de derechos humanos. Reanudarán la discusión el lunes 25 de mayo.
En la reunión de trabajo remota participaron también personas titulares del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), de la Comisión de Derechos Humanos (CDHCM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas locales, quienes presentaron propuestas para modificar el Código Penal local.
Durante su intervención, el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, destacó la importancia de generar un espacio para analizar e integrar las propuestas.
“Se tienen que analizar otros ordenamientos, pues las terapias de conversión no deben quedar reguladas o prohibidas sólo en el ámbito penal. Me parece que debe existir un mecanismo en materia administrativa que permita que desde la Ley de Salud y de Establecimientos Mercantiles locales se prohíba su existencia, esto con la finalidad de que no exista una carga excesiva en el ámbito penal”, señaló.
A su vez, la diputada Paula Soto Maldonado, presidenta de la comisión de Equidad de Género, precisó que ante las observaciones recibidas es de total interés revisarlas de fondo e incorporarlas. Indicó que el tiempo que se tomen las comisiones para incorporar las propuestas no será un obstáculo para el reconocimiento de los derechos humanos.
El diputado del grupo parlamentario de MORENA, Temístocles Villanueva, propuso que el artículo 206 Bis del ordenamiento se pueda incluir en el Título Sexto y no en el Quinto, “ya que el Sexto se refiere al libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas mayores o menores de 18 años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o que no tengan capacidad de resistir a la conducta”, precisó.
La diputada Gabriela Quiroga, del PRD, señaló la conveniencia de que en el artículo 181 sextus del Código Penal, párrafo segundo, que establece que se impondrá la misma pena a quien imparta o realice los tratamientos, terapias o servicios sin consentimiento de la víctima, se elimine el texto “sin consentimiento de la víctima”. Esto, porque podría ser una ventana para que por presión se pueda persuadir para recibir una terapia y lo que se pretende es acotar estas prácticas.
La diputada Gabriela Osorio, de MORENA, pidió describir en la norma el delito y después se determine la pena: “a quien aplique, realice u obligue otra persona a recibir cualquier tipo de práctica, tratamiento, terapia o servicio que pretenda afectar, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad de expresión de genero de una persona se le impondrá de dos a cinco años de prisión y 80 horas de trabajo en favor de la comunidad”, detalló.
Por el grupo parlamentario del PAN, el legislador Diego Garrido y la diputada América Rangel destacaron su posicionamiento en contra de la reforma que prohíbe las “terapias de conversión”, pues acusaron que se quiera dar prioridad a las agendas personales o de grupos.
Propuestas
En la reunión, Geraldina González de la Vega, presidenta del Copred, destacó la importancia de legislar en este tema, “hemos recibido noticias de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes de la diversidad sexual y de género, que justamente durante el confinamiento con sus familias no aceptan su orientación sexual, los están sometiendo a este tipo de tratamientos”.
“Estamos preocupadas sobre la ubicación del tipo penal en el Título relativo a los delitos sexuales, pues estas actividades son un delito formal que atenta contra la dignidad de las personas; consideramos necesario ubicarlo en el Título Sexto o Décimo que se refiere a la dignidad de las personas, del libre desarrollo de la personalidad, y derecho a la identidad”, dijo González de la Vega.
En tanto, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la CDHCM, aseguró que este tema es prioritario en la agenda de derechos humanos y se sumó a las propuestas hechas por las y los congresistas. Asimismo, destacó la importancia de poner especial atención en fortalecer la protección hacia las niñas, niños y adolescentes.
Puntualizó que no basta con establecer este delito como una violación del derecho a la libre personalidad, sino también al derecho a la salud.
Armando Campos Zambrano, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local, propuso duplicar la sanción tratándose de víctimas menores de edad.
En su oportunidad, la diputada Alessandra Rojo de la Vega, del PVEM, pidió que el receso “no sea un tema de que se quede parado el trabajo de iniciativas que son de suma importancia para la sociedad y que se viertan en el dictamen las opiniones de las y los expertos”.
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