Los olvidados regresan. Paulatinamente se documentan las nuevas realidades económicas y sociales de México.
Muchas de ellas producidas por diversos factores, entre los que destaca la prolongada crisis sanitaria derivada del coronavirus cuyos severos efectos sobre la población muchos ignoran o fingen no ver.
Me refiero a ese importante grupo peyorativamente denominado “sector informal de la economía”.
Es decir, a los trabajadores no asalariados, sin contrato y ocupados por cuenta propia.
Son personas que laboran en la vía pública o para unidades económicas sin registros contables.
Ellos funcionan a partir de los recursos del hogar o de las personas que las dirigen y que se concentran en escalas pequeñas de operación.
El empleo informal es relevante porque incluye a las personas laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan.
Así como a quienes mantienen un vínculo o dependencia laboral que no es reconocido por su fuente de trabajo.
Estos millones de mexicanos no cuentan con protección alguna en materia de derechos sociales y siempre han sido invisibilizados, estigmatizados o excluidos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de diciembre 2021, validada a través de técnicas de muestreo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente en todo México más de la mitad del empleo es informal.
La investigación señala que el 56.5% de la población ocupada en nuestro país (estimada en casi 57 millones de personas) tuvo a finales del año recién concluido un empleo de tipo informal.
Los olvidados regresan
De esta manera, aproximadamente 7 de cada 10 empleos generados durante 2021 fueron no formales siendo las mujeres las principales afectadas.
El crecimiento de este sector vulnerable es consistente si se considera que en 2020 representaba al 55.8% de la población trabajadora.
Por si fuera poco, se debe agregar el problema del desempleo que se situó en 2.1 millones de personas quienes se encuentran desocupadas o en búsqueda de trabajo representando el 3.5% de la población económicamente activa, afectando destacadamente, al 85.5% de quienes tienen mayores niveles de instrucción académica.
Esta nueva realidad económica y social llegó para quedarse.
La crisis provocada por la pandemia ha modificado todos los parámetros si la comparamos con otras profundas crisis que la precedieron.
La Gran Depresión
La Gran Depresión de 1929 fue una crisis de demanda, la del petróleo de 1973 lo fue de oferta y la más reciente de 2008 fue una crisis financiera que más tarde contagió a otros sectores.
A diferencia de todas ellas, la crisis actual afecta simultáneamente al consumo y a la inversión, así como a la producción.
En consecuencia, nos enfrentamos a un proceso de destrucción de la demanda agregada y de la oferta total que es nuevo tanto por su virulencia como por la rapidez con que se generó.
Se producen escenarios económicos, sociales y políticos desconocidos.
Esta inédita realidad plantea tres prioridades ineludibles: primero aumentar la capacidad del sistema sanitario público, segundo facilitar la supervivencia de las empresas hasta que la actividad económica vuelva a recuperarse y, en tercer lugar, sustituir los ingresos familiares perdidos con un rédito de ciudadanía.
El gasto público debe redirigirse para concentrar los recursos en acciones prioritarias para apoyar a las familias frente a los efectos de la crisis y no a financiar nuevos programas o proyectos gubernamentales.
Nos encontramos en un mundo muy distinto porque los efectos sociales y económicos de la pandemia a largo plazo serán muy relevantes.
Las formas de trabajo se están transformando y sus efectos sobre la desigualdad y las generaciones futuras serán el gran reto de nuestro tiempo.
Hoy más que nunca, la cuestión social es una asignatura pendiente de nuestra democratización.
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