Las fiscalías.
A la memoria de Nacho Marván y Jorge Martínez, El Chale. Los extrañaremos.
La oleada de feminicidios que azota México está exhibiendo las ineptitudes y parcialidades de buena parte de las fiscalías.
Leticia Bonifaz, constitucionalista comprometida con los derechos de la mujer, abordó en su columna para El Universal (30 de julio de 2022) el caso, entre otros, de Debanhi Escobar en Nuevo León y de Luz Raquel Padilla en Jalisco (en ambos estados, por cierto, gobierna Movimiento Ciudadano).
Bonifaz, aclaro, no hace distinciones entre partidos.
Las “fiscalías no están colocadas del lado de las víctimas” porque “los fiscales hacen más esfuerzos por quitar responsabilidad política a sus jefes, que por dar con los responsables de los feminicidios”.
Es una conclusión fuerte, pero se apega a lo sucedido durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
En 2010 desapareció en el Estado de México —en ese entonces gobernado por Peña Nieto— la niña de cuatro años, Paulette Gebara Farah.
Como no la encontraban, el procurador Alberto Bazbaz Sacal señaló a la madre de la niña como presunta responsable.
Cuando la encontraron nueve días después en un recoveco de su cama, Bazbaz se vio obligado a renunciar.
Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia regresó a la vida pública como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, primero; y como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, después. No hubo culpables ni responsables.
Las fiscalías
Una de las primeras medidas de Andrés Manuel López Obrador fue transformar a la Procuraduría General de la República en una fiscalía con autonomía del presidente.
Pensábamos que Alejandro Gertz Manero revolucionaría, finalmente, esa dependencia. Nos equivocamos.
La FGR sigue sometida al presidente y el fiscal la ha utilizado para atender negocios y saciar rencores personales: para vengarse de su familia política encarceló a una mujer y transformó en fugitiva a una anciana.
Arrastró en su venganza a Ernestina Godoy la fiscal capitalina, quien mandó a prisión a Alejandra Cuevas por el delito de “garante accesoria”.
Yo tampoco sabía de qué hablaban hasta que la Suprema Corte aclaró que el delito no existe. Se lo inventaron.
Por eso y por mucho más liberaron a la encarcelada y exoneraron a la fugitiva.
Pese a la descalificación que hizo el máximo tribunal, los fiscales de la nación y la capital continúan en sus cargos como si nada hubiera pasado.
Hay parcelas de nuestra vida pública que siguen igual.
Cualquiera que se acerque a las fiscalías corroborará que, salvo excepciones, son santuarios donde se venera la esencia de la justicia priista.
Los machos
Lo normal es que sus titulares sean personas con la mentalidad del macho prepotente, burocrático e inepto, siempre dispuestos a seguir las instrucciones del más poderoso y maltratar a las víctimas.
Cuando estas son mujeres, encuentran la manera de responsabilizarlas de sus desgracias.
Luz Raquel Padilla es un caso extremo. Resulta grotesca la explicación del fiscal jalisciense: la acusó de auto inmolarse con dos botellas de alcohol y un encendedor.
¿Por qué los protegen los gobernantes? La explicación más plausible es que nombran y conservan a personas dispuestas a atender las peticiones y necesidades de quien gobierna.
A cambio de eso les dan un margen de autonomía que aprovechan para preservar las mañas y las anomalías del pasado.
En los casos arriba mencionados, el más desalentador es el de la fiscal capitalina, una mujer combativa y honesta que ha hecho un buen trabajo, pero inventó delitos para encarcelar a otra mujer.
Nos acercaremos a la legalidad cuando los gobernantes nombren a fiscales que defiendan víctimas y castiguen responsables. No todo está perdido.
Contamos con un Poder Judicial Federal dispuesto a corregir las barbaridades de fiscales y jueces locales, con una prensa que pone los dedos sobre las llagas aunque enfurezcan los poderosos y con una sociedad organizada que sigue exigiendo la renovación del sistema de impartición de justicia.
A diferencia del Tren Maya, reformar las fiscalías sí es un asunto de seguridad nacional.
Colaboró Erika Giselle Delgadillo Martínez.
