La tenebrosa embestida. El rechazo de la ampliación de recursos para el INE trasciende la celebración de la Revocación de Mandato y hay que colocarlo en los rieles que impulsan una locomotora muy poco democrática.
Decía el jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no existe precedente para una ampliación presupuestaria de mil 738 millones de pesos, como la que solicitan los consejeros electorales.
Omitió señalar que el problema proviene de la negativa de los diputados de morena y los partidos satélite que los acompañan al no dotar, en el momento adecuado, lo que se solicitó con oportunidad para que se incluyera en el Presupuesto de Egresos.
A cambio de la negativa, funcionarios de la Secretaría de Hacienda presentaron un plan de ahorro que no tiene pies ni cabeza.
Y atentaría contra el derecho al trabajo, al reducir los salarios, y que terminaría por debilitar al INE, de modo operativo.
Al grado de que no habría módulos para tramitar credenciales de elector, porque se pretende que se cancelen las rentas de espacios para ese fin.
El plan se hizo con el descuido del caso, sin entender la función del INE.
Y con los apuros que generó la orden presidencial a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
La tenebrosa embestida
Una muestra es que en el documento señalan que se protegerán los derechos de los trabajadores sindicalizados, cuando en el órgano electoral no hay sindicados. ¿Ni eso podían averiguar?
Por lo demás, no se trataría de un ahorro, sino de la transferencia de recursos públicos para la realización de un capricho, de una Revocación de Mandato que nadie en el fondo quiere y que terminará como un ejercicio de propaganda y en un año en que se definen seis gubernaturas.
Pero lo más grave es lo que implica para el INE el estar en un enfrentamiento ya más que directo con el gobierno de la República y del que no hay en el corto plazo salidas sencillas si no vuelve la cordura.
¿Qué ocurrirá? Una vez que el INE reciba la respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, acudirá al Tribunal Electoral para que se aclare si se está cumpliendo la sentencia, que obliga a dar una respuesta argumentada y motivada sobre la negación de recursos.
Veremos qué definen en la Sala Superior, pero hagan lo que hagan no les harán caso y ese es riesgo más elevado para el estado de derecho y para la democracia misma.
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