La maquinaria de la desaparición forzada

La maquinaria de la desaparición forzada. Los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas estuvieron dos semanas en nuestro país.

La impresión que se llevaron no es nada decorosa.

Un dato, durante los 14 días en que realizaron entrevistas, hicieron búsquedas y plantearon diagnósticos, 100 personas desaparecieron.

Sí, a un promedio de 6 personas por día.

Esto nos habla de un desastre, pero de algo aún más inquietante: de una maquinaría que funciona con autonomía y para la que no existe control alguno.

Es algo así como un virus para el que no existe cura ni vacuna.

La jefa de la misión de las Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa lo dijo con todas sus letras:

“En México la impunidad es casi total”.

Reconoce la disposición del gobierno mexicano para abrir sus puertas y se dice dispuesta a colaborar en enfoques y dinámicas que ayuden a paliar el problema.

El asunto es que el tema va para largo y esto significa, con toda la crudeza, que seguirán desapareciendo personas, con todo el daño social que ello implica, porque no existe un delito más ruin que ese.

Por desgracia, el fenómeno de las desapariciones supera a gobiernos y a grupos.

Esto implica que las estrategias para contrarrestarlo sean muy difíciles de llevar a acabo.

La maquinaria de la desaparición forzada

Si las desapariciones fueran una política del poder, como lo fueron en finales de los sesenta y hasta mediados de los ochenta, habría forma de contrarrestar, de detener la barbarie, por medio de las denuncias y la presión de la sociedad.

Ahora el problema es mucho más grave, porque no responde a instrucciones ni a dinámicas de Estado, sino a una franca descomposición social.

No es que antes las cosas resultaran mejores, para nada, pero al menos se contaba con la evidencia de dónde procedía el problema fundamental.

Ahora no, porque la colusión de las autoridades con grupos criminales que configuran el tipo penal de desaparición forzada, se da en el terreno, en el día a día y en regiones de alta violencia, como Michoacán, Sonora o Chihuahua.

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