El 3 y 4 de noviembre se realizó la conferencia “El negocio de la letalidad. El contrabando de armas a México”.
Fue convocada por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México y en lugar de polarización hubo consenso sobre metas, métodos y resultados.
En agosto de 2021 el gobierno mexicano interpuso, a través de la Consultoría Jurídica de la SRE que encabeza Alejandro Celorio, una demanda en Boston contra algunas empresas fabricantes de armas.
Pese a que la demanda fue desechada por un juez federal en septiembre pasado, ninguno de los participantes en la conferencia lo consideró una derrota.
Se interpreta como el primer capítulo de una historia que durará varios años, porque los litigios son lentos y el gobierno mexicano ya prepara la apelación ante una instancia jurídica superior.
La disposición a perseverar quedó demostrada con la reciente presentación de una segunda demanda en Arizona contra varios comercios que venden armas de manera negligente.
La conferencia
Esta iniciativa ha tenido varias consecuencias positivas: 1) los gobiernos ahora sí buscan nuevas formas de obstaculizar el abastecimiento de material bélico; 2) el litigio ha ido conquistando un lugar en la agenda de interés público de los dos países; y, 3) la iniciativa ha llamado la atención de países en Centroamérica, el Caribe y otras partes del mundo que también se ven afectados por el tráfico de armas.
Consecuencia lógica de que el crimen organizado sea, ya, uno de los protagonistas internacionales de este siglo.
La demanda es parte de un esfuerzo más amplio de la diplomacia mexicana por incluir las cuatro grandes vertientes de la relación de seguridad con Estados Unidos –armas, narcóticos, migración y lavado de dinero— en un enfoque integral que reduce el impacto de la asimetría de poder entre los dos países.
El principal negociador mexicano, Roberto Velasco Álvarez —jefe de Unidad para América del Norte—, bosquejó durante la conferencia el diseño y metas del Entendimiento Bicentenario (así se llama el intento de reformular la relación que impulsa el actual gobierno).
Un resultado de este esfuerzo es que fluye más información y de mejor calidad, lo cual repercute positivamente en varias políticas.
En México se ha incrementado la comprensión de las cadenas de suministros bélicos porque 15 fiscalías (la federal y 14 estatales) ya están utilizando las bases de datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para establecer qué armerías de Estados Unidos venden armas a enviados de criminales mexicanos.
Fue gracias a esta información que el gobierno mexicano pudo interponer la demanda contra las armerías de Arizona mencionadas en párrafos previos.
Nuevo delito
Mientras tanto, en Washington el gobierno de Biden logró que el congreso aprobara una ley que convierte en delito federal el tráfico internacional de armas.
Con esa base, varias dependencias de seguridad estadounidenses iniciaron en 2020 el programa Sin Rastro (Without a Trace), una operación para perseguir el contrabando de material bélico a México.
Ya han abierto 353 investigaciones, arrestado a 227 personas y decomisado 542 armas.
Son los primeros pasos —algunos todavía titubeantes— de una política binacional que había estado marginada por la indiferencia estadounidense y la timidez de las autoridades mexicanas.
Las demandas contra los fabricantes y comerciantes de armas es la medida más llamativa del esfuerzo por redefinir las relaciones de seguridad a partir de asumir que el combate contra las organizaciones criminales transnacionales es un asunto que compete a los gobiernos y sociedades de los dos países.
Contener al crimen organizado es una meta muy ambiciosa y difícil porque el poderío delincuencial es enorme y tiene raíces muy profundas en los 27 países de la Cuenca del Caribe. En la conferencia aquí mencionada, los funcionarios mexicanos y los académicos de ambos países asumieron como indispensable la participación informada de la ciudadanía de las dos naciones e identificaron uno de los retos del bienio: proteger los avances logrados de las turbulencias asociadas con las elecciones presidenciales en ambos países. La renovación de presidentes no debe barrer con la prioridad dada a frenar el contrabando de armas a México.
Colaboró Elena León
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