Un análisis de 155 quejas ciudadanas por irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), fueron turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP). El medio El Universal obtuvo las denuncias a través de una solicitud de información. El medio de información pudo identificar al menos cinco formas en que se violentaron las reglas de operación y la obtención de beneficios, lo sorprendente es que fue sin la necesidad de cumplir con los requisitos.
En los documentos se repitieron irregularidades como usurpaciones de identidad; robo de datos personales a empresas y becarios; retención de las tarjetas bancarias a cambio de cierto porcentaje del dinero; registro de amigos o familiares de servidores públicos y de tutores; uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones; entre otros.
Entre 2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas al mandatario Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911. Deseaban exponer todas las fallas del programa federal.
Un 60 por ciento de los reclamos ingresaban por el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.
Estos expedientes fueron transferidos a la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de investigar y sancionar las posibles irregularidades.
En la versión pública de las quejas entregadas, la SFP censuró el nombre del ciudadano, el lugar donde sucedieron los hechos y el nombre y cargo del funcionario. Lo que se pudo conocer fueron algunas de las formas en que se llevaron a cabo estas irregularidades del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Irregularidades en Jóvenes Construyendo el Futuro
“Atienda este aviso, URGENTE RESPUESTA”, se lee en un mensaje de WhatsApp que una empresaria afiliada a JCF recibió a finales de 2019. El texto llegó cuando la propietaria de una estética canina llevaba cuatro meses capacitando a dos becarios.
La persona que le envió el mensaje se identificó como “servidora de la nación”, y la amenazó con dar de baja su negocio del programa. Se le exigió la ficha de alta y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave para que no se le diera de baja. Accedió.
Un par de semanas después, la veterinaria intentó ingresar a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero detectó irregularidades. Su correo electrónico y contraseña habían sido modificados. Cuando logró recuperar su cuenta descubrió que el nombre del tutor, el teléfono, correo electrónico y domicilio habían sido cambiados.
Con su RFC y registro la estética canina pasó de capacitar a cinco becarios a convertirse en una agencia de diseño gráfico con cabida para 75 jóvenes.
“Hay una empresa distinta dada de alta en el programa con mi RFC. Lo anterior además de resultar una indebida utilización de mis datos personales, también implica un indebido ejercicio de los recursos públicos y corrupción”, expuso la estética en la denuncia de hechos.
Usurparon la identidad en otra empresa con irregularidades en Jóvenes Construyendo el Futuro
Existen situaciones similares en 16 expedientes de empresas que relataron y denunciaron la usurpación de identidad, robo de datos personales, amenazas y hostigamiento presuntamente cometidos por “servidores de la nación” y funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
“En mi negocio se presentó un representante del programa. Me preguntó cuántos jóvenes tienes, yo le contesté que tres, él me dijo que necesitaba darle mil pesos por cada uno, si no me daría de baja. No le tomé importancia pero hoy me llegó un correo que mi empresa fue dada de baja, no sé qué hacer, espero me puedan ayudar”, se describió en otra denuncia del 12 de junio de 2020.
Usurparon la identidad en personas
La usurpación de identidad no sólo afectó a las empresas. Destacan historias de personas a quienes les robaron sus datos personales para registrarlos en JCF sin su consentimiento.
Así le ocurrió a un universitario de San Diego de la Unión, Guanajuato, fue contactado por una asociación civil que le prometió mil pesos mensuales para sus gastos de traslado.
Para recibir el supuesto apoyo el estudiante entregó su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial de elector y un número de celular. Luego lo agregaron a un grupo de WhatsApp en donde había otras 32 personas, ahí se les explicó que recibirían una tarjeta bancaria con mil pesos mensuales. Además, la asociación les iba a retener la tarjeta de pago para llevar un “estricto control”. Él no relacionó este dinero con el programa juvenil.
Pero el argumento para asegurarles las tarjetas no le dio confianza al universitario y no aceptó el apoyo. Tiempo más tarde, al realizar otro trámite ante el IMSS, descubrió que hubo irregularidades ya que llevaba tres meses afiliado a Jóvenes Construyendo el Futuro. A pesar de que continuaba siendo estudiante y no cumplió con el principal requisito del programa: no estudiar ni trabajar.
“Busqué información en internet de JCF e intenté registrarme, pero me salió una leyenda que decía que ya estaba registrado. Yo desconocía que era beneficiario y no he recibido ningún beneficio”, narró el universitario que acudió ante el Órgano Interno de Control de su municipio.
Los sistemas de fraude al programa se corroboraron con entrevistas a jóvenes que fueron becarios del programa federal.
Condicionan o piden dinero
El condicionamiento de la beca a cambio de un porcentaje del dinero y la retención de las tarjetas bancarias personales formó parte de los esquemas de defraudación que más ciudadanos acusaron.
En 43 casos se describió un sistema operado por supuestos gestores que “ayudaron” a becarios a ingresar a la plataforma y a cambio les pidieron de 800 a 2 mil 500 pesos mensuales.
Durante el 2019 la beca juvenil alcanzó un pago mensual de 3 mil 600 pesos y al año siguiente se incrementó a 3 mil 748 pesos.
Según las denuncias los intermediarios retuvieron entre 25 por ciento y el 70 por ciento del apoyo.
¿Gestores externos y empresarios?
Un expediente fechado al 5 de junio de 2020 se describió la operación de una supuesta red de corrupción que es coincidía con lo narrado en la mayoría de las quejas. En esta estructura había empresas, jóvenes y funcionarios involucrados.
“Hay un cabecilla que organiza a la gente. Consiguen pequeños propietarios que se presten al esquema para usar su documentación. Luego consiguen becarios para darlos de alta en el sistema y registrarlos en los negocios que son de ellos. El cabecilla se queda con las tarjetas y cuando cae la beca reparte el dinero entre los jóvenes, los propietarios y un funcionario que se presta a este esquema”, describió.
Otro expediente de octubre de 2019 describió una operación similar, pero con un ingrediente adicional: el desvío de recursos públicos para campañas políticas.
Según este expediente, un grupo político local creó una empresa ficticia que registró como centro de trabajo de JCF. En esa empresa pantalla se asignaron a 20 jóvenes con los que previamente se acordó que entregarían 2 mil 600 pesos de su apoyo a cambio de su ausencia en las capacitaciones. Por tento, se retuvieron alrededor del 70 por ciento de las becas. Supuestamente se denunció, pero con los recursos obtenidos se financió una campaña política municipal.
Este caso se investigó en el Sistema de Ciudadanos Alertadores, se realizó un análisis de la denuncia y detectó tres probables faltas administrativas graves: desvío de recursos públicos, abuso de funciones y cohecho.
Hubo otros ocho expedientes en los que se encontró que también señalaron un uso del programa para fines electorales.
En 43 denuncias se acusó el condicionamiento del programa a cambio de un porcentaje de la beca y la retención de tarjetas bancarias. Mientras que en 25 de las quejas se demandó el uso de JCF para beneficiar a familiares y amigos de servidores públicos.
La beca, en la actualidad, contó con un apoyo económico de 5 mil 258 pesos mensuales. Durante el 2022, contó con un presupuesto de 21 mil millones de pesos y se estimó en una incorporación de más de 400 mil beneficiarios.
STPS y SFP no dijeron nada
El Universal buscó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Función Pública (SFP) para conocer sus opiniones al respecto. Sin embrago, ambas pidieron los cuestionarios.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tampoco respondió, y la Función Pública detalló que cuenta con más de 160 expedientes de investigación abiertos. La institución explicó que no tiene facultades para sancionar los casos que involucran a becarios afectados por tutores o externos, debido a que no son servidores públicos.
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