El próximo 25 de noviembre se celebrará en la República de Chile una audiencia de juicio de extradición para traer a México y encarcelar al polémico ex diputado Mauricio Toledo.
El vocero de la Fiscalía de Justicia de la CDMX Ulises Lara, informó sobre el proceso de extradición que se realizará en la Corte Suprema del país sudamericano.
En un mensaje emitido en redes sociales, Lara recordó que Mauricio Toledo está acusado en México por enriquecimiento ilícito.
Dijo que el 28 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la petición formal con fines de extradición.
A su vez, la Cancillería remitió esa petición, por vías diplomáticas, al gobierno de Chile.
El 11 de noviembre, el gobierno de esa nación notificó que el pedido de extradición ya fue entregado a la Corte Suprema de Chile.
Además, la Fiscalía capitalina envió por los mismos canales la información de cinco Policías de Investigación y dos peritos que comparecerán en la audiencia de extradición.
El vocero de la Fiscalía de la CDMX confió en que el resultado de esa audiencia será favorable, para que Mauricio Toledo sea repatriado y se le presente al juez de control que lo requiere.
LA ACUSACIÓN
El 4 de septiembre de 2020, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del ex delegado en Coyoacán.
Agentes de la Policía de Investigación tomaron conocimiento sobre una finca, ubicada en San Miguel Xicalco, alcaldía Tlalpan, la cual fue adquirida por el también ex legislador.
El Ministerio Público solicitó a la Contraloría local las declaraciones presentadas por Toledo, del período comprendido del 2006 a la fecha.
Asimismo, se solicitó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio copia certificada del folio real del inmueble.
Así como conocer con qué propiedades, que se encuentren inscritas, contaba el investigado.
El Registro Público refirió sobre la existencia de tres inmuebles a su nombre.
VALOR MILLONARIO
De acuerdo con un dictamen en materia de arquitectura e ingeniería civil se determinó el valor del bien inmueble ubicado en el Pueblo de San Miguel Xicalco, en Tlalpan, para el año 2011.
Así como el valor del año 2020, obteniéndose dichas valuaciones de mercado, por exorbitantes cantidades millonarias, desde su adquisición, hasta su valor reciente.
Con ello pudo establecerse que tan solo por la superficie del terreno que ocupa, al mes de diciembre de 2020 tuvo un valor estimado de 23 millones 158 mil 746 pesos.
Al mes de febrero del año 2011, esa propiedad valía 16 millones 079 mil pesos.
Se tuvo conocimiento, además, de un instrumento notarial con el que se realizó la compraventa del inmueble ubicado en el Pueblo de San Miguel Xicalco.
Además, se contó con la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría General por presunto enriquecimiento ilícito, el cual derivó de un incremento injustificado de su patrimonio.
DUEÑO DE CONDOMINIOS
La Fiscalía dio a conocer en su momento un dictamen en materia de arquitectura e ingeniería civil, respecto a dos inmuebles ubicados en subcondominios independientes.
Uno está en Eje 8 Sur avenida Popocatépetl, colonia Santa Cruz Atoyac, y otro subcondominio situado en Eje 1 Poniente avenida Cuauhtémoc, colonia Letrán Valle.
Dichos domicilios fueron valuados en 7 millones 501 mil 164 pesos con 83 centavos y 3 millones 900 mil 238 pesos con 62 centavos, respectivamente.
LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES
La Fiscalía dijo contar con las declaraciones patrimoniales de Mauricio Toledo Gutiérrez, de los años 2015 – 2018, así como 2019, cuando fungía como diputado local del PRD.
De acuerdo con un dictamen en contabilidad, se pudo señalar que en los períodos comprendidos de 2012 a 2015 y 2015 a 2018, el ex diputado incrementó su patrimonio.
De igual manera, se recabó información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que remitió los estados de cuenta de tres instituciones bancarias.
Así, se concluyó que los ingresos reflejados en los depósitos bancarios que recibió de los años 2012 a 2019, de acuerdo con estados de cuenta proporcionados por dicha Comisión, ascienden a 20 millones 826 mil 611 pesos con 34 centavos.
Sin embargo, la remuneración neta por su cargo público asentada en sus declaraciones patrimoniales en ese mismo período fue de 9 millones 406 mil 624 pesos.
Es decir, existió una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos, que no declaró.
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