La administración saliente del gobierno de Tamaulipas le ha otorgado a la empresa autobuses Transpaís 152 contratos a través de adjudicaciones directas.
Pese a que existen varios reportes de usuarios desaparecidos mientras se trasladan en unidades de dicha empresa, estas fueron beneficiadas con dichos contratos.
De 2018 a 2022, el gobierno encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca otorgó, a través de dependencias y organismos públicos de la entidad, contratos a dicha empresa propiedad de Abelardo Osuna Cobos, para el arrendamiento de equipo de transporte por hasta siete millones 970 mil pesos.
Los más recientes, como los identificados con las claves CM22-010000-01396, CM22-080200-01668, CM22-080200-01494 y seis más, se los entregó la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Entre las dependencias y organismos públicos de la entidad que también firmaron contratos con esta empresa para el arrendamiento de equipo de transporte, de 2018 a 2022, están el Sistema DIF estatal, la Secretaría de Administración, el Congreso del Estado y el DIF municipal de Tampico, entre otros.
Abelardo Osuna Cobos, quien fue presidente municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas (1969 a 1971), posee una flotilla para su compañía que supera las mil unidades.
En ellas, cada año se trasladan más de 8 millones de pasajeros por las carretas y caminos de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.
Sus rutas han sido escenario de graves crímenes.
El más reciente ocurrió el 7 marzo de 2019, cuando un comando armado secuestró a 22 migrantes que viajaban en la unidad 9596 de Transpaís, esto a plena luz del día.
El autobús que salió de la terminal de Tampico con más de 40 pasajeros fue interceptado por tres camionetas alrededor de las 13 horas en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, según dijo el conductor.
Los atacantes habrían revisado a todos las personas a bordo y seleccionaron a los pasajeros que se llevarían. El resto de las personas siguieron su ruta hacia la terminal de Reynosa donde arribaron aproximadamente a las 14 horas del mismo día.
Asigna Gobierno de Tamaulipas contratos a empresa cuyas unidades han sufrido secuestro de pasajeros
Tras los hechos, Transpaís se limitó a lamentar lo ocurrido y a exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras.
Pero no habría sido el único evento de este tipo. El Gobierno Federal reveló, días después, que investigaba otro secuestro masivo previo.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, dijo que dos semanas antes del plagio del 7 de marzo ya se había registrado un evento similar con el secuestro de 25 pasajeros en las mismas circunstancias.
“Fueron también retenidos por parte de la delincuencia organizada, interceptados en el camino”, dijo Encinas al ser cuestionado por la prensa en un evento en el Senado sobre los plagios masivos. “Se está haciendo el seguimiento de esta investigación”, agregó.
Más empresas y contratos
Los negocios de Osuna Cobos no se han visto afectados. Los contratos para él continúan contándose por decenas tanto a nivel federal como local. Según datos del Registro Público el empresario es accionista en 25 sociedades.
Además de Grupo Transpaís y Transpaís Único, es propietario de Car One, Car One Group y nueve variaciones más de Car One.
En estos también figuran como accionistas sus hijos, Abelardo, Alberto, Adrián y Alejandra Osuna Morales, ésta última, esposa de Arturo Diez Gutiérrez, presidente municipal de Ciudad Victoria, de 2008 a 2010, ex candidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas en las elecciones de 2022.
Durante su administración, Diez Gutiérrez reconoció haber contratado una línea de autobuses propiedad de su suegro para trasladar a síndicos y regidores a un centro turístico donde realizaron una sesión pública de Cabildo, conducta tipificada como delito por el Código Penal del estado.
Con Car One, Osuna Cobos ha obtenido 85 contratos, de 2011 a 2021, la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Agroasemex, la Comisión Nacional del Agua, así como los gobiernos de Veracruz, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila y el de Nuevo León han contratado sus servicios, de acuerdo con datos del portal Compranet.
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