Deuda militar. El presidente ordenó la apertura de los archivos militares cuando se hayan violado los derechos humanos.
Los uniformados dicen que sí, pero van oponiendo una resistencia silenciosa a las solicitudes de instituciones de gobierno.
Para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en el 2021 México tenía 88,298 desaparecidos: 903 correspondían a la Guerra Sucia (1965-1990) y 87,395 a las guerras contra el crimen organizado (2006-2021).
En el caso de los desaparecidos este gobierno está superando las cifras de sus dos predecesores.
Durante todo el sexenio peñanietista hubo 31,912 desaparecidos y en tres años de lopezobradorismo, 33,664.
Es evidente que hay diferencias entre los dos tipos de desaparición, pero pueden verse en conjunto tomando como variable la búsqueda de información.
En ambas categorías los familiares coinciden en la exigencia de información sobre el paradero de los suyos y es notable cuánto han avanzado en la reconstrucción de los rompecabezas; acompañados, justo es decirlo, por varias generaciones de activistas, periodistas y académicos.
Deuda militar
El presidente llegó al cargo comprometiéndose a atender a las víctimas, a quienes Alejandro Encinas (Gobernación) y Karla Quintana (CNB) han dado la cara y han llegado hasta donde han podido.
Dialogan constantemente con las organizaciones de desaparecidos que, en reuniones con el presidente, reiteran su petición de abrir los archivos militares.
Un testigo de esos encuentros me relata que “siempre contesta que él es el jefe de las Fuerzas Armadas y se compromete a que se abrirán.
Sin embargo, hasta ahora no hay nada concreto”.
El presidente toma la misma postura en discursos o en aquel decreto anunciando una transparencia total (28 de febrero de 2019).
Otras fuentes me confirman lo reticentes que son los militares a la hora de entregar información.
A menos que se los ordene expresamente el presidente “no responden las llamadas o los oficios y retardan hasta el otorgamiento de citas”.
En el caso de la Guerra Sucia las reticencias podrían deberse a que algunos de sus elementos tuvieron responsabilidad en las desapariciones.
Aun así, no podemos prolongar eternamente una de las etapas más dolorosas de la transición.
El tortugismo y la deuda militar también aparece en los casos más recientes y mediáticos.
En el informe del lunes pasado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, nos enteramos de que la Secretaría de Marina les entregó un video muy importante hasta marzo de 2021, ¡28 meses después de empezado el nuevo gobierno!
Transparentar información
Es buen momento para que las Fuerzas Armadas ratifiquen su disposición a transparentar la información.
Una forma simbólicamente muy poderosa sería que los titulares de Defensa y Marina ofrecieran voluntariamente sus testimonios sobre lo que supieron y observaron durante sus estancias en Coahuila y Guerrero.
El secretario de la Defensa Nacional fue comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras entre marzo de 2011 y enero de 2012, una etapa en la cual los Zeta controlaban esa ciudad y habían convertido la cárcel estatal en fortaleza del crimen.
Y el actual titular de la Marina era el comandante de la Octava Región Naval con sede en Acapulco el año de Ayotzinapa.
Hay otras dependencias que pueden hacer grandes aportes.
Entiendo que el fiscal tenga otras inquietudes en este momento, pero la dependencia a su cargo tiene la llave sobre el “criterio de oportunidad” que ha utilizado para obtener información sobre la gran corrupción.
Podría usarse para acercarse a la verdad sobre los desaparecidos.
Casi todos los perpetradores de la Guerra Sucia fallecieron, pero un buen número de los sicarios del crimen organizado están encarcelados y podrían recibir algún beneficio a cambio de información.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está perdiendo el control sobre una violencia que crece incesantemente.
Si son incapaces de protegernos, al menos entreguen la información sobre lo sucedido con los desaparecidos.
El presidente, los titulares de la Defensa Nacional, la Marina y el Fiscal General de la República pueden aliviar el tormento de familiares que tienen años, y en algunos casos décadas, buscando a los suyos. Presidente, primero las víctimas.
Colaboraron Giselle Delgadillo Martínez, Sergio Huesca Villeda y Dulce Alicia Torres Hernández
