El Congreso capitalino aprobó en comisiones el primer dictamen de esta Segunda Legislatura.
Se trata de una reforma para ampliar el plazo de ejercicio del Presupuesto Participativo 2020 y 2021.
Con esta propuesta los 16 alcaldes tendrán hasta el 30 de noviembre como plazo para comprometer ese presupuesto.
Se evitará de esta forma que los alcaldes caigan en subejercicio o utilicen el dinero en rubros distintos.
Así se amplía un mes el plazo original que tienen los alcaldes para dirigir ese presupuesto a los proyectos ganadores.
La iniciativa agrega un artículo transitorio noveno a la Ley de Austeridad de la CDMX.
En ese artículo se señala también que los compromisos establecidos deberán estar efectivamente devengados el 31 de diciembre de este año.
TRES SEMANAS DESPUÉS
La reforma a la Ley de Austeridad se concreta tres semanas después de que la bancada de Morena presentó la iniciativa.
El pasado 19 de octubre Morena presentó la propuesta.
Aunque lo hizo un día después de que los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) advirtieron la necesidad de ampliar los plazos de ejecución del presupuesto participativo ante la cercanía de las fechas de vencimiento.
Esa vez la morenista Valentina Batres explicó que actualmente el artículo 63 de la Ley de Austeridad señala que las alcaldías tendrán como fecha límite para comprometer recursos el 31 de octubre, cuando se trate de obra pública por contrato.
Cuando se trata de contrataciones por otros rubros como servicios, la fecha límite es el 15 de noviembre.
Con la iniciativa se recorre el plazo del 31 de octubre al 30 de noviembre y para ejecutarse a más tardar el 31 de diciembre, dijo Batres.
LA DISCUSIÓN
Este 8 de noviembre los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso local aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Austeridad.
El documento se aprobó con 14 votos a favor y uno en contra del diputado del PAN Federico Döring.
Ahora el dictamen debe pasar al Pleno del Congreso local para su ratificación.
Durante la votación del dictamen, los diputados Federico Döring y Royfid Torres cuestionaron que no se haya garantizado la opinión ciudadana en la discusión de esta reforma.
Recordaron que esto es una obligación establecida en el artículo 25 de la Constitución capitalina.
Dejaron en evidencia que el portal de Internet del Congreso local, una plataforma que podría garantizar esa participación ciudadana, se encuentra desactualizado.
El morenista Fernando Mercado dijo que el hecho de que no existiera intervención ciudadana en este tema no debe ser pretexto para detener la aprobación de la reforma.
Royfid Torres le reviró al acusar que se habla mucho de incentivar la participación ciudadana, pero se pierde de vista que éste es un derecho establecido en la Constitución.
Valentina Batres argumentó que el artículo 25 de la Constitución local no precisa la obligación de garantizar la opinión ciudadana a través de un portal de Internet.
Dijo que existen otras vías para recibir esas opiniones y en ningún momento desde que se presentó la iniciativa llegó al Congreso alguna participación de ciudadanos.
“No estamos violando ninguna disposición constitucional”, aseguró Batres.
Aunque votó a favor, el perredista Víctor Hugo Lobo consideró que esta reforma llega tarde para los alcaldes, pues los tiempos para comprometer el presupuesto participativo siguen encima.
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