4 comisiones

4 comisiones. Para desmantelar los pactos de impunidad se requiere de acuerdos entre gobierno y sociedad.

Fundamentaré la tesis comparando cuatro Comisiones de la Verdad: dos de Vicente Fox, dos de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los grandes problemas mexicanos ha sido la licencia para reprimir que se obsequiaron las élites.

Si repasamos las masacres del siglo pasado, ninguna ha sido resuelta con verdad y justicia; por eso hablamos de un pacto de impunidad que tiene como columnas estructurales a las procuradurías y a los militares.

Entre los casos paradigmáticos podemos mencionar la matanza de sinarquistas en León, Guanajuato (1946); el Movimiento del 68 y las rebeliones subsecuentes.

Siete meses después de llegar a la presidencia parecía que Vicente Fox cumpliría con una de sus promesas de campaña cuando, en una reunión en Los Pinos, aprobó la creación de dos Comisiones de la Verdad.

Una investigaría las violaciones a los derechos humanos, otra desnudaría las grandes corrupciones del priismo.

Triunfaba así un proyecto apoyado por Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda.

Pero Fox se rajó y se sumó a la postura del bloque encabezado por Santiago Creel y las comisiones se evaporaron y otorgaron una amnistía de facto a los represores y corruptos.

Pagamos muy caro la pusilanimidad de Fox y Creel.

4 comisiones

La semana pasada el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas presentó los avances logrados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Después de tres años de una investigación de notable solidez, Encinas reconoció que fue una operación de Estado en la cual participaron el exprocurador y al menos 20 militares.

Parecía que estábamos ante otro informe condenado a terminar en los estantes consagrados a las buenas intenciones.

El viernes se alteró el destino porque detuvieron al exprocurador Jesús Murillo Karam y supimos de las 20 órdenes de aprehensión contra militares, entre ellos un general.

¿Por qué Encinas logró algo que la dupla Aguilar Zinser-Castañeda no? Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, eGuerrero, me comenta telefónicamente que el factor central fue la unidad y la claridad de objetivos de los colectivos de víctimas y de la consistencia de sus aliados en la prensa, la academia, la sociedad civil y la comunidad internacional.

También reconoció la centralidad de la voluntad presidencial.

Añado, como elementos indispensables, la disposición de las Fuerzas Armadas de asumir abiertamente la responsabilidad de algunos de sus miembros y la capacidad operativa de Encinas.

Incorporo al análisis la Comisión de la Verdad sobre las víctimas de la Guerra Sucia creada en octubre de 2021.

Sus investigadores sí están teniendo acceso a los archivos militares y ya están programando el ingreso de las víctimas y los investigadores a las instalaciones militares (empezarán, me dicen, en el legendario Campo Militar Número 1).

La Guerra Sucia 

Esta comisión repite el método y el guion empleado en Ayotzinapa. Los colectivos de víctimas llegan a un acuerdo con un gobierno que les reconoce protagonismo y representatividad.

¿Qué falta? En el caso de Ayotzinapa, validar en tribunales la solidez de las investigaciones hechas por una fiscalía desprestigiada por los abusos de autoridad de su titular, Alejandro Gertz Manero.

Hay temor por los indicios de fragilidad en las imputaciones hechas contra Murillo Karam y la posibilidad de que la Sedena opte por encubrir a los militares involucrados en la desaparición de los 43.

Temores alimentados porque resulta extraño que si aseguran que fue un crimen de Estado guarden silencio sobre el papel jugado por Enrique Peña Nieto y su secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos.

Finalmente, también faltan los resultados de las investigaciones sobre la Guerra Sucia y atender con mayor profundidad a los familiares de las víctimas de 600 mil homicidios y más de 100 mil desaparecidos.

La verdad y la justicia se conquistan cada día, paso a paso.

En la última semana atestiguamos una embestida de intensidad contra el pacto de impunidad.

Independientemente del desenlace que las comisiones tengan, la moraleja es que el pacto de impunidad se desmonta por los acuerdos entre gobierno y sociedad. Es la regla de oro de la democracia.


Colaboró Dulce Alicia Torres Hernández.

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