Ciudad de México.- La figura de Tribunal Constitucional surgida a raíz del proyecto de Constitución de la Ciudad de México que presentó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, podría instaurar mecanismos de exigibilidad para los ciudadanos, pero también contravenir a estatutos asentados en la Constitución Federal.
Entre sus atribuciones el artículo 41 fracción B-1-G establece: Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando se considere que el Congreso de la Ciudad de México no ha aprobado alguna ley o decreto reglamentario de esta Constitución, o que las leyes secundarias vigentes no cumplan eficazmente con los preceptos constitucionales y dichas omisiones afecten el debido funcionamiento de las instituciones de la ciudad o el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución.
Con ello, de acuerdo con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sergio Márquez, “encontramos a esta omisión legislativa, que no está concretamente establecida a nivel Federal pero que sí está presente en otros estados de la República y es que el Congreso tiene obligación de legislar y ante esta omisión la Jefatura los puede llevar a juicio constitucional para que quede claro que tienen que hacerlo y en un tiempo especificado”, lo cual en su opinión ayudará a la consolidación del Estado de Derecho, pues es lo equivalente a un juicio de amparo.
Sin embargo, en el mismo punto se establece que los derechos humanos son inatacables y únicamente podrán ser sometidos a revisión por dicho Tribunal. Es ahí donde se ubica una contradicción con la ley federal, ya que como el abogado constitucionalista expresó, dicha inatacabilidad se contrapondría a la primer idea de amparo, además de que la Suprema Corte de la Nación establece que la improcedencia del juicio de amparo solo se puede negar en la ley de amparo, la jurisprudencia o bien la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre los cambios se propone el cambio de modelo actual de la Asamblea Legislativa por un Congreso de la Ciudad de México, en el cual habrá 33 diputados electos de forma directa y 33 por representación proporcional, es decir se mantendrá el número de 66, que actualmente se distribuye con 40 de mayoría relativa y 26 de representación proporcional.
“Lo que está cambiando son las materias en las que pueden legislar, tienen más atribuciones entre ellas mantener actualizada la Constitución de la Ciudad de México, establece un procedimiento de referéndum que para ciertas reformas el Tribunal Constitucional podrá determinar qué puntos pasarán a ser materias de referéndum al pueblo, para efecto de que apruebe las reformas que se van a dar”, explicó.
Las aportaciones
“Lo que proponemos es un Tribunal Social y de Defensa Constitucional, entonces es diferente en ese sentido, primero porque lo vamos a proponer como un órgano ciudadano, no impuesto por el órgano legislativo y se encargaría de la defensa de los derechos humanos”, comentó la diputada Irma Sandoval.
Sobre el proyecto que ha anunciado Morena, compuesto por 35 puntos, el órgano debe integrarse por cinco y no siete magistrados – como hasta ahora se asentó- “es algo que generaría consenso en la ciudadanía, no así es las fuerzas políticas, es que sean electos por voto libre y secreto, sin posibilidad de reelección”, dijo.
Mientras que sobre la fracción B-1-a, del Artículo 34 que establece: “Las candidaturas sin partido tendrán derecho a la asignación de curules por representación proporcional; quienes no hayan obtenido el primer lugar en cada uno de los distritos electorales integrarán una lista ciudadana local, ocupando el lugar en la misma, de acuerdo al número de votos que hayan obtenido. Esta lista recibirá el mismo tratamiento, para efectos de la asignación de escaños, que las postuladas por partidos políticos, de conformidad con lo previsto en la ley electora”; la diputada precisó que con ellas se romperían los usos y costumbres de una representación colectiva y se pasaría a una individual.
Situación en la que coincidió el catedrático de la máxima casa de estudios, quien expuso: “los candidatos sin partido jamás podrán ser tratados de la misma manera que un partido político porque no se igualan los montos que se les dan a unos y a otros… y pues no está soportado porque no representaría una ideología, está representando una actitud sancionadora del ciudadanos hacia los partidos”.
Sandoval agregó que se equipararía a los partidos como sucedió con los sindicatos, que al pensar en ellos se asocia con figuras como la Quina y Elba Esther Gordillo; sin embargo, reconoció que los partidos necesitan “renovarse de cabo a rabo”.
Los aplausos
“Es una figura que se hace necesaria en la medida en la que tendremos una Constitución y el tribunal se consolidará como la máxima instancia en cuanto a la interpretación y la aplicación de esta constitución… a través de estos jueces que integrarán el Tribunal Constitucional a lo que podríamos llamarle una especie de juicio de amparo”, comentó el diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Manuel Oropeza.
Entre sus apreciaciones comentó que se ubica una clara intención de trasladarse a un modelo de distribución de poder orientado al parlamento, esto debido a que con la consolidación del Congreso de la Ciudad de México, “se incluyen cosas como las preguntas que puede hacer el poder legislativo al poder ejecutivo que puede llevar a juicio para distribuir de manera menos centralizada el poder en la Ciudad y que haya varios contra pesos”, dijo.
Agregó que la división de 33 diputados electos por voto directo y 33 por representación proporcional, se llegaría a pensar que hay una representación proporcional “más clara y más precisa”, “como dice ahí la figura de las candidaturas independientes, el voto de los ciudadanos de la Ciudad de México en el ámbito local, la paridad en la representación”, puntualizó.
Dicha descentralización alcanzaría a la fiscalía, ya que en lo que hasta ahora se establece la propuesta no emanaría del Jefe de Gobierno, sino de un Consejo Judicial Ciudadano que propondría la figura fiscal al Congreso local y estaría en funciones durante 9 años, por lo que ya no estaría sujeto a una figura sexenal.
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