Ciudad de México.- En el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se debe mantener como ilegal la privatización del agua; sin embargo, especialistas opinaron que no se puede negar la posibilidad de concesionar el servicio para garantizar la distribución del líquido o el saneamiento de la infraestructura.
En el artículo 14 apartado “H” se establece lo siguiente: “El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, la rectoría de su administración será pública o comunitaria. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”.
Sobre la redacción de ese artículo, el especialista Sergio Méndez opina: “Los servicios públicos se concesionan y para eso hay que revisar que no se haga para beneficio de unos cuantos, que se haga lo que disponen las leyes para la concesión de servicios públicos, lo que tiene que haber supervisión del Estado".
Agregó que se tiene que ampliar la visión debido a que en la capital convergen el Sistema de Aguas capitalino (Sacmex) y la Comisión Nacional de Agua (Conagua), además de que la mayor parte del agua que se consume proviene de los estados aledaños.
Méndez explicó que hay poco en lo que la Carta Magna local podría abonar a lo ya establecido en la federal, pues desde ella queda asentado que el recurso es propiedad de la nación, tal como ocurre con el petróleo.
Niegan intenciones de privatización
“En el proyecto se señala que queda prohibida la privatización del derecho al agua, mientras que desde la Legislatura 62 del Congreso de la Unión se deja abierta la posibilidad de que el agua pueda ser privatizada, pues no dice que será un derecho ni que será gratuito; aquí en el proyecto esto es lo que se trata de evitar”, aseguró el diputado constituyente del Partido de la Revolución Democrática Roberto López.
Negó que desde la carta fundacional se tenga alguna tendencia a que el recurso pase a manos de alguno o varios inversionistas. "Es totalmente mentira”, dijo.
Además, precisó que desde su bancada no pretenden realizar algún cambio en este apartado debido a que lo que se busca es que los ciudadanos obtengan el líquido, pero que también lo cuiden en el entendido de su escasez.
“Todas las personas están obligadas al uso racional del agua y a contribuir con su saneamiento. Las empresas están obligadas a medir y neutralizar su consumo de forma progresiva y a adoptar medidas para su reutilización”, se lee en el numeral tres.
Por la especificación del artículo
Desde Morena se pronunciaron en pro de que en el texto constitucional se precise que bajo ninguna circunstancia la inversión privada podrá incursionar en alguna fase que implique que los capitalinos obtengan el recurso.
“La justificación para que esto ocurra es la baja presupuestal para invertir en las necesidades de la gente, existe un riesgo de que se llegase a privatizar o algunos elementos del agua potable o su saneamiento, porque es un gran negocio”, comentó el constituyente Jesús Ramírez.
Acusó al Revolucionario Institucional y a Acción Nacional de ser “partidarios de la inversión privada”, en asuntos referentes a la ciudad, incluida el agua.
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