Ciudad de México.- El gran teórico de la democracia, Norberto Bobbio, afirmaba que la revolución civil más importante de todos los tiempos ha sido la lucha por la inclusión social, económica y política de las mujeres. Este 8 de marzo recordaremos una vez más el “Día Internacional de la Mujer” cuya primera convocatoria tuvo lugar en 1911 para reclamar en distintos países el respeto de sus derechos. Ha pasado mucho tiempo y la cruda realidad aún se impone a nivel planetario: el 40 por ciento sufre algún tipo de violencia en sus vidas y se calcula que, actualmente, 600 millones viven en países en donde la violencia doméstica no es un crimen. Su exclusión es un problema estructural que afecta la calidad de las democracias.
Las mujeres padecen discriminación estructural en su vida cotidiana que va desde indiferencia, rechazo y desprecio, hasta sexismo, misoginia y marginación. Sin olvidar los prejuicios, estigmas y estereotipos que frecuentemente se traducen en violencia y en muchas ocasiones en feminicidios. Además, los dispositivos y estructuras de la política han restringido su acceso y participación en aquellos espacios en donde se toman decisiones para la definición del interés público. Su exclusión política contribuye a visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres, distinciones que aparecen en toda sociedad para definir conductas, identidades y valoraciones que se encuentran marcadas por la diferencia de sexos. Lo válido y obligatorio para ellos es inaceptable y prohibido para ellas y viceversa. Además, los sistemas patriarcales valoran lo masculino por encima de lo femenino.
Para combatir estas exclusiones políticas, en México se adoptó la obligación constitucional de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales, que busca neutralizar aquellas prácticas de simulación que los partidos tradicionales adoptaron durante años para evadir este compromiso democrático. Apenas en 2014 se introdujo en nuestro máximo ordenamiento legal que, al igual que los derechos humanos, considerados un atributo universal de la persona, también los derechos político-electorales deben ser para todos.
Impulsando y radicalizando estos derechos, la primera Constitución Política CDMX, recién aprobada, amplió el abanico de espacios en donde la paridad de género debe ser una realidad, no solamente a nivel del Poder Legislativo, sino también en los poderes Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México. Más mujeres con voz e influencia en la toma de decisiones políticas, quiere decir mayores decisiones públicas con perspectiva de género, lo que conlleva a una gestión institucional más incluyente que promueve su empoderamiento en todos los espacios de la democracia.
El reclamo por la paridad política se estructuró sobre la premisa de que los roles de género son una construcción social y cultural que desarrolló un dualismo autoritario: lo masculino se asociaba a la competencia mientras que lo femenino a la asistencia, generando un sistema de dominación sobre las mujeres. Al cambiar de perspectiva fue posible avanzar, garantizando jurídicamente su ingreso en los diferentes espacios de la vida colectiva que históricamente han estado en manos de los hombres. La paridad y el empoderamiento de las mujeres representan actualmente el nuevo camino de la ciudadanía democrática.
@isidrohcisneros
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