Loas, reproches, debates, jaloneos, falta de quórum: el retrato de hoy en la Asamblea Constituyente

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Ciudad de México.- De un lado felicitaciones, del otro reproches, y en medio un ir y venir de debates, aprobaciones, jaloneos y una sesión reventada por falta de quórum. Ese fue el retrato de este miércoles en la Asamblea Constituyente, donde se aprobó que desde los 16 años se pueda votar y que los reclusos sujetos a proceso también tengan derecho al sufragio.

Las loas fueron para Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Alcaldías, a quien le funcionó su método para construir el proyecto de dictamen con sólo cuatro legisladores de las principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea Constituyente, tanto que hoy todos reconocieron los consensos y avalaron de forma unánime ese documento una vez que se realizó la votación en lo general.

No hubo debates, solo elogios, y luego la aprobación por 15 votos. El ambiente de cordialidad prevaleció incluso durante la discusión de 69 reservar que los legisladores presentaron al proyecto de dictamen.

Las acusaciones recayeron en el presidente de este órgano legislativo, Alejandro Encinas, quien se convirtió en el chivo expiatorio de los diputados de Morena. A Alejandro Encinas lo acusaron de vulnerar la soberanía de la Asamblea Constituyente por haberse reunido ayer con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y con diputados constituyentes del PRD, para buscar una salida al incendiario debate que entre la opinión pública surgió debido al presunto intento de cobrar un impuesto a la plusvalía de predios privados.

Para los de Morena, el hecho de que Mancera enviara una precisión al artículo 21 inciso C de su propio proyecto, donde viene el polémico cobro a esa plusvalía, es una injerencia indebida en las funciones de la Constituyente y doblemente lamentable es que en ello haya participado Encinas.

Los legisladores de ese partido hacían su señalamiento al seno de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en donde hoy iniciaron la discusión del polémico artículo 21.

Mientras los de Morena hacia su reproche, un sonriente Alejandro Encinas ofrecía una conferencia de prensa junto con el presidente del Instituto Electoral local, Mario Velázquez, y con autoridades del gobierno capitalino para dar a conocer la emisión de la convocatoria para que pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas residentes, participen en la consulta del dictamen relacionado con aquellos artículos que impactarán en los derechos de esos habitantes.

En la conferencia se anunciaba que la convocatoria se lanzó hoy y que los acuerdos resultantes serán de carácter vinculatorio, es decir, que cuando el 20 de enero los resultados de la Consulta lleguen al Pleno de la Asamblea Constituyente, los legisladores no podrán modificarse ni una coma.

Encinas platicaba con reporteros al final de la conferencia a propósito de la corrección planteada por el Jefe de Gobierno en el tema de plusvalías, cuando se le hizo saber que los de Morena se quejaban de su proceder frente a la división de poderes a la que está obligado.

La sonrisa se le desapareció del rostro casi de inmediato. Atinó a decir que quienes lo criticaban no entendían las funciones de la Constituyente, sobre todo ante un tema polémico. Se cuestionó él mismo cuál es el problema o el compromiso, cuando el promovente del proyecto fue el propio Jefe de Gobierno.

Rechazó que haya existido una injerencia indebida del mandatario capitalino, menos cuando se trata de un asunto de interés público y es una de las principales preocupaciones dentro del debate. "Hay quien vende su autonomía y su conciencia a escondidas, hay quienes las defendemos en público", refutó Encinas.

Un error que confronta, otra vez, a PRD y Morena

 

Durante el mediodía, la coordinadora de los legisladores del PRD, Dolores Padierna, convocó a una conferencia, en donde reconocía que el grupo redactor del proyecto de Constitución cometió un error al incluir la palabra "gravamen" en la iniciativa que entregó el jefe de Gobierno, a la Asamblea Constituyente.

Dolores Padierna confirmaba que "el propio jefe de gobierno señaló que es muy desafortunada la redacción que se plasmó en este proyecto".

La diputada recordó que la intención del jefe de gobierno nunca fue incluir un nuevo impuesto de plusvalía, ni tampoco la de los diputados del PRD respaldarlo; sin embargo, celebró que algunos constituyentes del PAN y el PRI recibieron el anuncio de ayer con buenos ojos.

"Mancera no cometió ningún acto ilegal al entregar esta solicitud a la mesa directiva, porque no viola ningún precepto o procedimiento", destacó la perredista.

Padierna consideró que cuando el tema de los futuros impuestos, derechos o contribuciones se discuta en leyes reglamentarias, el tema no deberá generar polémica de nuevo, pues existe la Ley de Asentamientos Humanos, con la cual se vigilará que no se incorpore un nuevo gravamen y se diluyan las interpretaciones desafortunadas.

Inmediatamente después de la conferencia de prensa de Padierna, los legisladores constituyentes de Morena convocaron a su propia reunión con reporteros, en donde señalaron que la propuesta del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de insertar el artículo 122 de la Constitución federal y el tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, para dar marcha atrás en el cobro de plusvalías a la propiedad privada, resulta un engaño.

Dijeron que votarán en contra de la propuesta del mandatario, pues prevalece la intención de aplicar ese nuevo gravamen, pero en una futura ley secundaria.

Clara Brugada explicó que de conformidad con el artículo 122, en la parte señalada por el Ejecutivo, refiere que "corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria."

Es decir, agregó, se valida con su supuesta aclaración la facultad de establecer este tipo de contribuciones.

"Nuestra Fracción Parlamentaria no avalará que en la Constitución se establezca la base normativa para que el jefe de Gobierno proponga nuevas contribuciones a la propiedad inmobiliaria Hoy la ciudad sufre un engaño, mientras el jefe de gobierno anuncia el retiro de su propuesta, la Asamblea Legislativa asesta un duro golpe a la ciudadanía, al aprobar este mismo impuesto en la nueva Ley de Vivienda. Exhortamos al Jefe de Gobierno a no publicar y enviar la observación para que sea retirado de la nueva ley Con esto respondemos a las inquietudes y reclamos de muchos ciudadanos", dijo Brugada.

Bernardo Bátiz, coordinador de Morena, insistió en que sí hay una intención de crear un gravamen adicional, a pesar de que ha sido desmentido por el jefe de Gobierno.

Los de Morena, agregó, que enviarán un escrito al Jefe de Gobierno, pidiéndole que no publique el decreto de Ley de Vivienda que ayer aprobó la ALDF, y exigiéndole que respete la soberanía de la Asamblea Constituyente, pues para ellos la reunión de ayer con Alejandro Encinas y constituyentes del PRD fue una intromisión al órgano legislativo.

 

Se quedan en la raya

Con todo y la polémica que ha generado el tema de la plusvalía, en la sesión de hoy de la Comisión de Desarrollo Sostenible no lograron entrar a la discusión de ese tema.

Los diputados avanzaron en los distintos numerales del artículo 21 y eso con trabajos, pues luego de ocho horas de discusión, comenzaron a tener problemas para contar con el quórum legal que les permitiera votar. Habían logrado que en la futura Constitución local, dentro del numeral 1 del artículo 21 fracción C, quede reconocida la función social del suelo, pero también de la propiedad pública, privada y social, en los términos del artículo 27 de la Constitución federal, lo que quedó respaldado por todos los partidos, sobre todo de aquellos que al inició de todo este proceso acusaban que el derecho a la propiedad privada había quedado excluido de la propuesta del Mancera.

Iban en el numeral 5 cuando Enrique Provencio, presidente de la Comisión, decidió suspender la reunión y citar para este jueves a las 10:00 horas, en espera de que ahora sí aterricen en el debate del numeral 7, relacionado con las plusvalías.

 

Se sale el PRI de la Comisión de Ciudadanía

Los diputados priistas y los designados por el Ejecutivo Federal, abandonaron esta noche los trabajos de la Comisión de Ciudadanía, cuando se dictaminaban los artículos 29 y 30 del proyecto de Constitución de la CDMX, al acusar una serie de acciones violatorias del procedimiento legislativo.

Los priistas acusaron que, sin el quórum legal, se votaron diversos párrafos de esos artículos, que

contravienen la Constitución federal y que dañan a los habitantes de la Ciudad de México, pero que favorecen los intereses de Morena y del PRD. De acuerdo con el PRI, a la vista solamente estaban presentes 11 legisladores y para que una votación sea legal, deben estar presentes 12 de ellos, según el reglamento interno, lo cual no se cumplía.

Con la salida de los legisladores Paz Quiñones, Beatriz Pagés y Enrique Burgos, el quórum en los trabajos de la comisión de Ciudadanía quedó incompleto, por lo que se dio por concluida la sesión de este grupo dictaminador.

Pero antes, con nueve votos a favor y seis en contra de los priistas, la Comisión de Ciudadanía aprobó reducir de 18 a 16 años la edad para el voto electoral, lo que a decir de los legisladores del tricolor se contrapone con la Constitución federal.

La Comisión también avaló que una propuesta del perredista Jesús Ortega, en la que se considera que a todos los reos que se encuentren sujetos a proceso penal y recluidos en alguna cárcel, se les brinde el derecho a votar y ser votados, siempre y cuando no hayan recibido aún una sentencia condenatoria. Del lado del PRI, las diputadas Beatriz Pagés Llergo y Paz Quiñones recordaron que el artículo 38 constitucional establece que se le suspenderán sus derechos políticos a toda aquella persona vinculada o sujeta a un proceso penal.

¿Poder Judicial difuso?

La Comisión de Poder Judicial fue de los grupos de trabajo que sesionaron durante todo el día. Ahí se aprobó que los integrantes del Consejo de la Judicatura sean nombrados por un organismo denominado Consejo Judicial Ciudadano, lo que significa que el Congreso quedará al margen de estos nombramientos. 

Así, se aprobó el artículo 40 con modificaciones sustanciales, tanto a la propuesta original como al proyecto de dictamen.

De ese modo, se avaló la propuesta del diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, y de la perredista Diana Arellano, para que quede en manos de ciudadanos el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura. La propuesta de la Jefatura de Gobierno proponía que fuera el Comité Judicial Ciudadano el que los eligiera.

El diputado Creel propuso además incluir que el presidente del Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia, lo que fue aprobado. 

Por otra parte, en el mismo artículo 40 quedó establecido que el Tribunal Electoral pasa a formar parte del poder judicial de la Ciudad de México, por considerar que se trata de una institución de carácter jurisdiccional. Con esta modificación, esta institución electoral deja de ser órgano autónomo y queda con el mismo carácter que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta propuesta fue presentada por la diputada del Grupo Parlamentario Constitucionalista Olga Sánchez Cordero; la diputada designada por el Poder Ejecutivo, Claudia Aguilar Barroso; la diputada por Morena, Irma Eréndira Sandoval, y el diputado César Camacho Quiroz, del PRI. 

Se desechó la propuesta de la Jefatura de Gobierno para la creación de un tribunal constitucional, apoyada por el diputado Bátiz, para quedar como lo proponía el proyecto de dictamen en el sentido de que se creará una Sala Constitucional como parte del Tribunal Superior de Justicia. 

Como parte de ese mismo artículo, el Instituto de Defensoría de Oficio, encargado de la defensa de las personas justiciables, se constituirá como órgano constitucional autónomo. Lo anterior difiere de la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México, que quería que esta tarea formara parte del organismo garante de los derechos humanos; también se modificó el proyecto de dictamen que lo proponía como un órgano desconcentrado del Consejo de la Judicatura. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses quedará como un órgano descentralizado del Consejo de la Judicatura.

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